«Estaba tumbado en mi cama y, de pronto, unas voces me hablaron. Luego, la habitación empezó a oler distinto... Ahora también oigo esas voces, pero no tanto como antes porque estoy medicado». Es miércoles, y quince personas (siete mujeres), asisten a su terapia con la psicóloga de la cárcel de Zuera (Zaragoza), que esta vez se hace en el salón de actos porque todas las aulas están ocupadas con otras actividades. Entre los internos hay quien cumple condena por delitos de sangre y también otros por hechos menos graves. Tienen en común que han pedido ayuda psicológica. Además, buena parte ya había recibido asistencia psiquiátrica antes de ingresar en prisión (es una situación que se repite en el 17,6 por ciento de los reclusos españoles), y admiten que su principal problema es su cabeza; su «mala cabeza», que les ha llevado a delinquir.
La terapia de hoy trata de la «solución de conflictos» y sorprende la implicación de los pacientes, que hablan de sus historias con naturalidad, en ocasiones con cierto atropello en busca de respuestas a sus inquietudes, que la psicóloga trata de resolver proporcionándoles herramientas adecuadas: «¿Qué harías si tienes un problema con una compañera de módulo?». «Primero intentaría hablar con ella. Y si no hay solución, al «tigre» (cuartos de baño comunes, donde no pocas veces los internos ajustan sus cuentas)», responde una joven morena, miembro de una tribu urbana. «Algunas son peor que los animales, drogadictas, lo más «tirao»», remacha. Y tras escuchar que esa no es la solución concede que su problema es que es «muy impulsiva», incluso «intransigente».
También en primera fila otra joven morena, esta suramericana con antecedentes por drogas y espléndida sonrisa, cuenta que ya antes de tener problemas con la justicia intentó suicidarse. En eso coincide con un 3 por ciento de la población reclusa y también, como la mayoría, lo volvió a intentar en prisión.
Equilibrio precario
En la penúltima fila se sienta un hombre de mediana edad, de pelo corto y con perilla. Es uno de los más reservados del grupo, apenas habla y parece refugiado en sus pensamientos. En voz baja asegura que él ya está curado, algo que no está tan claro para los médicos, que saben que su equilibrio actual es precario y depende del tratamiento que recibe.
En buena medida, las características de los que forman este grupo coinciden con las conclusiones recogidas en el «Estudio sobre salud mental», realizado por la Instituciones Penitenciarias, del que ya informó ABC y que dibuja una situación más que preocupante: prácticamente la mitad de la población reclusa; es decir, más de 30.000 presos, sufre algún tipo de enfermedad mental, y en algunos casos varias.
El director de la cárcel de Zuera advierte de que con estos enfermos «la reeducación y la reinserción, que son el objetivo del sistema penitenciario, quedan relegadas a un segundo término, porque lo primero es curar». Advierte, además, que las respuestas que se dan al problema son siempre parciales, entre otras cosas por su «temporalidad, ya que en cuanto cumplen la pena, naturalmente, tienen que salir a la calle y allí no hay una red asistencial que se haga cargo de ellos». Las cárceles son, pues, el «vagón de cola de la sociedad, al que se envía a los que nadie quiere», añade.
«Nos llegan todos los fracasos de los recursos comunitarios. Al menos, aquí no hay posibilidad de que se repitan, porque ya no pueden ir a otro sitio», explica con una ironía que estremece uno de los facultativos del centro, que como todo el personal sanitario no sólo está muy sensibilizado con este asunto, sino que además se ha implicado en la movilización de recursos: «Tenemos un convenio con la diputación gracias al cual dos psiquiatras externos pasan aquí cuatro horas de consulta semanales. No es mucho, pero algo es algo».
Observación directa
«La única ventaja de que estas personas estén en un centro penitenciario -explica el subdirector médico de Zuera- es que al menos están vigilados. Se les diagnostica, se les trata y además, si es necesario, para garantizar que toman la medicación, se les administra en presencia del personal sanitario. Muchos, como los psicóticos y los esquizofrénicos, no tienen conciencia de estar enfermos y para ellos es más fácil seguir su tratamiento aquí que fuera. Pero este no es su sitio».
María tiene 40 años, es rumana y en julio ingresó en prisión. Unos días antes había tenido una pelea en un bar con otra mujer por celos. Sólo le causó pequeñas lesiones, pero además la amenazó e insultó a los policías que intervinieron. El juez la condenó a siete meses, que debía cumplir en un psiquiátrico penitenciario ya que tiene una enfermedad mental. Prisiones explicó a su señoría que ese no era un lugar para ella por las características de los internos de esos establecimientos. El magistrado lo entendió y ordenó llevarla a un «centro adecuado». La comisión de ingresos psiquiátricos, dependiente de los servicios sanitarios de Aragón, consideró entonces que sería suficiente un tratamiento ambulatorio, pero el especialista al que fue derivada María decidió que era necesario su permanencia en un lugar cerrado. Sin más opciones, la mujer acabó en la prisión de Zuera y si nadie lo remedia ahí seguirá hasta febrero. Ya había perdido la custodia de su hijo mayor, y el encarcelamiento le hizo perder también la del pequeño, que quedó en un centro de la Diputación.
Además, al no haber una imputabilidad plena no se la ha podido clasificar en ningún grado -por ejemplo régimen abierto- y, por tanto, tampoco conceder permisos de salida. Es decir, un pequeño incidente ha llevado a esta mujer a estar entre rejas por primera vez en su vida. «No entiende nada y es lógico -explica el director del centro-. Sabemos que está en una situación muy vulnerable y volcamos todos nuestros recursos en ella». Pero nada más se puede hacer.
En un limbo
Lo peor es que no es, ni mucho menos, un caso único. En la misma prisión hay un hombre que protagonizó un altercado en un bingo, durante el cual propinó una bofetada a un policía local. Está diagnosticado como enfermo mental y el juez le condenó a ingresar en un psiquiátrico penitenciario por un periodo de entre cuatro meses y tres años. No había plazas y acabó en prisión. Ya lleva siete meses, y como la anterior no puede ser clasificada en ningún grado ni disfrutar de permisos. Están, pues, en una especie de limbo. Se sabe, pero nadie toma medidas.
Más sorprendente aún es el caso de los presos límites, un millar según el citado estudio. En muchas ocasiones cometen pequeños delitos que les llevan a la cárcel. Salen, vuelven a la soledad y reinciden. A veces ni siquiera intentan huir.
«Las personas mal atendidas de sus patologías mentales cuando aún no han delinquido se convierten al final en un problema penitenciario», afirma el subdirector médico de Zuera, un profesional con muchos años deexperiencia.«Es más barato invertir en la asistencia sanitaria comunitaria que en prisiones», añade otro de los médicos de Zuera.
Como se refleja en el citado estudio, las situaciones que se viven en esta cárcel no son excepcionales. Por ello, Prisiones ha diseñado un programa marco de atención a estos enfermos, que a partir de ahora cada centro adaptará a su situación concreta. Se trata, primero, de detectar, diagnosticar y tratar a todos los reclusos con estas patologías; luego, de mejorar su calidad de vida, y finalmente de tratar de buscarles una salida de cara a su reincorporación a la sociedad.
Cada enfermo tendrá un programa de tratamiento individualizado, y en función de la gravedad de su estado hará actividades completamente al margen del resto de los internos, compartirá algunas o estará plenamente integrado con los demás. Se marcarán objetivos genéricos -por ejemplo, aumentar la calidad de vida, controlar el riesgo de suicidio...-, y otros específicos, a lograr en un plazo concreto, como puede ser conseguir que el paciente recoja y se tome la medicación de forma correcta, que se duche y asee a diario, que no se cause autolesiones o que sea capaz de viajar en solitario en transporte público...
Un equipo de rehabilitación será quien diseñe esos planes individualizados y en caso de que se considere necesario contará con la colaboración de presos de apoyo, que recibirán una formación específica de 300 horas, obtendrán una titulación homologada y además serán contratados por la administración penitenciaria y remunerados. «En principio -señala el director de Zuera-, lo más probable es que elijamos a los que ya hacen estos trabajos en los programas de prevención de suicidios». Para que actúen, el paciente tendrá que dar su consentimiento. La misión del recluso será colaborar con el equipo de rehabilitación y ayudará al enfermo en su integración, evitando que sea manipulado y objeto de abusos por parte del resto de internos.
«Son muy útiles, porque se convierten en nuestros ojos, los tienen vigilados de forma permanente y sabemos que al menor problema nos vamos a enterar y podemos intervenir de inmediato. Para ellos también es gratificante, porque aportan sus conocimientos», dice el equipo médico.
Estos programas son imprescindibles, pero todos saben que aun así su eficacia será limitada. «Lo más difícil es la reinserción social», insisten una y otra vez los expertos. «Un centro penitenciario no reúne las mejores condiciones para tratar a los enfermos mentales y, en cualquier caso, se trata de una respuesta temporal», explican los facultativos. «Si no se crean los centros adecuados en el exterior, que hagan compatible la seguridad de los ciudadanos con los derechos de los pacientes, no avanzaremos. Es imprescindible disponer de una red social de asistencia para cuando estas personas salgan a la calle».
Doble estigmatización
«Que nadie se engañe», dicen los expertos. De momento, estos enfermos están entre rejas. Pero un día saldrán a la calle y allí volverán a la soledad y al abandono, estigmatizados además por su doble condición de ex presidiarios y «locos». Lo normal es que dejen de tomar su medicación. Los que antes de ingresar en prisión ya oían voces, muy probablemente las volverán a escuchar. Los que no se sabían controlar, los que tuvieron brotes psicóticos, los depresivos, tienen todas las papaletas para volver a sufrir las crisis que les llevaron a prisión. A partir de ahí es imposible anticipar cómo reaccionarán, aunque podrían cometer actos gravísimos. Y la sociedad, entonces, se llevará las manos a la cabeza.
