Más de 10.000 presos sufrían ya trastornos mentales antes de ser encarcelados

9 de diciembre de 2007
Las cárceles españolas se han convertido, en cierto modo, en gigantescos centros psiquiátricos, hasta el punto de que más del 17 por ciento de las personas que ingresan en ellos -en torno a 10.000 presos si se tienen en cuenta las últimas cifras de población reclusa- tienen antecedentes por trastornos mentales y más del 25 por ciento; es decir, uno de cada cuatro, tienen uno o varios diagnósticos psiquiátricos en su historia clínica.

Los preocupantes datos se recogen en el primer «Estudio sobre salud mental», realizado el pasado junio por la Subdirección General de Sanidad Penitenciaria, que dirige Carmen Archanco. Es importante destacar que el informe no se refiere a los psiquiátricos penitenciarios, sin duda escasos y con pocas plazas, pero cuya realidad no es tratada en el documento.
Se desprende que «los centros penitenciarios se han convertido en buena medida en sustitutivos de las carencias de los sistemas de salud mental de las Comunidades autónomas». «En no pocas ocasiones -añade- los jueces se ven obligados a ordenar que el enfermo mental que ha delinquido permanezca en un centro cerrado en lugar de que sea tratado en el exterior, donde apenas hay instalaciones, los controles son menores y la posibilidad de reincidencia mayor».

La directora general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, asegura que la enfermedad mental «se halla en el origen» de muchos delitos y que «en ocasiones, la prisión se utiliza como un recurso de carácter asistencial para estas personas, que no han sido tratadas y controladas en su vida en libertad». El problema, reflexiona Gallizo, es que una vez cumplida la pena estos individuos quedan en libertad, «cargando con la doble estigmatización derivada de su condición de enfermo y ex preso».
El 1,8 por ciento de los internos -en torno a un millar- tiene acreditada una discapacidad psíquica, bien mediante la certificación de minusvalía o por pruebas psicométricas recogidas en la historia clínica.

La salud mental en las prisiones es, junto con la masificación, uno de los principales problemas del sistema penitenciario al incidir de forma muy directa tanto en la vida de los centros como en las posibilidades de intervención del sistema en cada recluso. Esta situación ha obligado a Prisiones a preparar un Programa Marco, pionero en este campo y aún en fase de impalntación, para atender a los enfermos. Es la primera vez que se realiza un estudio para conocer la situación real y que se elaboran unas respuestas concretas, aunque lógicamente de eficacia limitada por la naturaleza de los lugares en los que se implantan.

Según el estudio, el 17,6 por ciento de los internos en sus historias clínicas antecedentes psiquiátricos previos a su ingreso en prisión, e incluso el 3,2 por ciento de ellos había estado ingresado en un centro psiquiátrico. Esas prevalencias son mucho mayores que en la población general. Además, entre los antecedentes o ingresos que recoge el documento no se incluyen los derivados del consumo de estupefacientes.

En cuanto al tipo de antecedentes psiquiátricos de los reclusos antes de ser encarcelados, incluyendo ya aquellos que tienen que ver con los estupefacientes, se observa que el 2,6 son trastornos psicóticos; el 6,9 por ciento, afectivos, el mismo porcentaje de trastornos de la personalidad -de estos casi la mitad están diagnosticados como trastornos antisociales- y el 3 por ciento otras patologías. Además, el 44,2 por ciento tiene antecedentes por abuso de drogas y entre éstos el 9,6 presenta una patología dual; es decir, suman una patología psiquiátrica a las provocadas por estupefacientes. El estudio precisa que «hay que tener en cuenta la presencia, en muchos casos, de varios diagnósticos psquiátricos en una misma persona por lo que la suma de los porcentajes es mayor del 100 por cien».

En cuanto a los antecedentes por intento de suicidio previo al ingreso en prisión, el informe sitúa en un 3 por ciento los internos que lo hicieron en el año anterior a su encarcelamiento, y de ellos casi un tercio presentaban una patología dual. Una vez internados en un centro penitenciario, el 2,7 por ciento de los presos intentaron quitarse la vida durante los doce meses previos a la realización del estudio. Por tanto, no hay una diferencia sustancial entre ambos datos, que en cualquier caso lo que revelan es «la alta probabilidad de repetir» el intento de suicidio en prisión, especialmente en las mujeres.

Además, el 12,2 por ciento de los internos necesitaron ser derivados desde la atención primaria hacia la atención psiquiátrica en el último año para su valoración y tratamiento, cifra muy superior a la que se produce en los centros del sistema nacional de salud.

El 13,5 por ciento de los internos tiene recogido algún diagnóstico psiquiátrico sin incluir el abuso o dependencia de las drogas; el 24 presenta sólo abuso o dependencia de esas sustancias y el 12,1 una patología dual. Con estos datos se puede concluir que el 25,6 por ciento de la población reclusa -en la actualidad cerca de 17.000 individuos- tiene uno o varios diagnósticos psiquiátricos sin incluir los de las drogas, porcentaje que se eleva al 49,6 por ciento si se tiene también en cuenta este factor.

Desde un punto de vista clínico, el 3,4 por ciento de los reclusos padece un trastorno psicótico, el 12,8 un trastorno afectivo, el 9,4 uno de personalidad y el 4,2 otra patología, siendo frecuente, de nuevo, la concurrencia de dos de ellos en un mismo individuo, por lo que la suma de esos porcentajes supera el 49,6 por ciento antes citado.

El número de tratamientos psiquiátricos que se siguen en las cárceles es muy alto. El 30,6 por ciento de los presos tiene prescritos psicofármacos, el 11 también metadona y el 5,6 sólo esta última sustancia. Casi la mitad de la población reclusa, el 47,2 por ciento, tiene prescrito algún psicofármaco, incluida metadona.