2 de marzo de 1992. Legislatura: III. Original del D.S.C.A. n.º 19 de Serie B en PDF:
Ind. Tramitación: Comparecencias - Otras Comparecencias
Intervinientes: Til Mata, Carlos - Villar Marcen, Jose Manuel - Martinez Val, Jose Antonio - Fierro Gasca, Maria Pilar - Esteban Sanchez, Andres - Sancho Antonio, Begoña - Bandres Gracia, Maria Paz - Gomariz Garcia, Emilio - Casas Mateo, Simon
El señor PRESIDENTE (CONTIN PELLICER): Señoras y señores Diputados, comienza la sesión. (A las once horas y cuarenta y cinco minutos.)
Comparecen hoy ante esta Comisión don Rafael Bandrés, don Carlos Til, don Javier Urzainqui, doña Teresa Bolea y doña María Paz Longas, alcaldes de San Mateo, Gurrea y Villanueva de Gállego, El Temple y La Paul, así como los miembros de la Coordinadora del bajo Gállego, don José Manuel Villar y don Pascual Cortés.
Perdón por el discreto retraso, debido no a esta Presidencia, sino a razones obvias de información de un tema tan importante y tan debatido.
Acordamos en la Mesa de la Comisión que, hoy, los propios comparecientes decidieran la marcha a seguir en la reunión, por lo que pasamos a continuación a la exposición y, luego, a las preguntas por parte de los distintos Grupos Parlamentarios. Dejamos para el final de la Sesión la aprobación, si procede, del acta de la Sesión anterior.
Sobre todo ruego a Sus Señorías, señores Diputados y Diputadas, se ajusten lo más posible en el tiempo de actuación, teniendo en cuenta que el debate en el Pleno de las Cortes sobre esta cuestión fue amplio y profundo, y en él se expusieron ya las líneas de definición de todos los Grupos. Por ello, no creo que sobrepase mis facultades como Presidente de la Comisión, al considerar que hoy es más bien el día de los comparecientes.
Tiene la palabra don Carlos Til, alcalde de Gurrea de Gállego.
El señor ALCALDE de Gurrea de Gállego (TIL MATA): Gracias, señor Presidente.
En primer lugar, manifestarles a ustedes, a las Cortes de Aragón, el agradecimiento por parte de los miembros de la Coordinadora y de los alcaldes del bajo Gállego porque esta Comisión haya tenido la sensibilidad de permitirnos comparecer aquí, para manifestar lo que en este momento tanto nos preocupa que es la instalación de la cárcel en nuestra comarca. Y digo que tanto nos preocupa, porque para todos nosotros presupone el jugarnos nuestro futuro por las razones que en mi intervención, en las que me vayan a suceder y, por supuesto, en las aclaraciones que Sus Señorías crean conveniente que podamos hacer, vamos a tratar de explicar por qué representa una cuestión tan negativa para todos nosotros.
La del bajo Gállego es una comarca de la geografía aragonesa que, en este momento, creo que es una de las comarcas que, junto con el corredor del Ebro, mayor expectativa de futuro tiene y la tiene en dos vertientes: en la vertiente residencial, como comarca que está próxima a la ciudad de Zaragoza, y en la vertiente industrial, también por esa proximidad. Y téngase en cuenta que todos nuestros pueblos tienen polígonos industriales en este momento como motor de ese desarrollo. Esto, a su vez, viene avalado por la pretensión, yo diría la buena pretensión y la buena intención de la construcción de la autovía que unirá ese eje, desde Levante con el Pirineo y al decir con el Pirineo quiero decir con toda Europa. Por eso, como todas Sus Señorías podrán comprender, a efectos de comunicación, a efectos de población, a efectos de iniciativa, es la comarca, en este momento, de más futuro desarrollo en la región aragonesa, como bien digo, junto con ese corredor del valle del Ebro.
Cuando, además, una zona que tradicionalmente era agrícola y por los avatares que en este momento está llevando la política agraria, junto con la climatología, que hemos de decir que es aliada en este momento de esa mala política agraria, a mi modo de ver, hace que su expectativa pase, o su desarrollo, por lo que anteriormente les decía. El hablar de una instalación penitenciaria en la comarca es como un jarro de agua fría, yo no diría de agua fría, diría de agua helada, de agua proviniente del Polo Norte, sobre los que en aquella zona vivimos, sobre los que en aquella zona tenemos en este momento responsabilidades en nuestros respectivos ayuntamientos para defender aquella comarca, para hacerla más próspera en este momento.
Cuando yo, días atrás, leía en un acta del Congreso de los Diputados las manifestaciones hechas por Antonio Asunción, en la pretensión de instalar una cárcel en el bajo Gállego, y donde él decía, en aquellas manifestaciones, que previamente a cualquier instalación en aquella comarca se pactaría o se realizarían negociaciones con los ayuntamientos afectados, cuando en su día se nos llamó a la Delegación del Gobierno por parte del Delegado del Gobierno y en presencia de Pedro Pablo Mansilla, Director General de Instituciones Penitenciarias, para decirnos dónde iba a ser aquella ubicación. Es decir, en principio, ninguno de nosotros, por lo menos de los aquí presentes, ignoro o las circunstancias que luego se han visto, posteriormente, me hace pensar que algunos sí que sabían la cuestión, pero ya digo que me hace pensar, tampoco es que lo pueda confirmar, pero, por supuesto, doy fe de que ninguno de los aquí presentes pensábamos en aquel momento que lo que se nos iba a comunicar era aquella ubicación.
Aquel jarro de agua fría que se nos echó, como decía antes, dándonos como que la situación estaba predeterminada, que había conceptuado Instituciones Penitenciarias que ése era el sitio donde se iba a ubicar, sin más. En aquel momento aparecía el pueblo de Gurrea, y concretamente su pedanía de El Temple; la verdad es que a mí en particular me dejó atónito, pero pienso que al resto nos dejó a todos con la boca abierta. Era algo que contradecía las palabras de Antonio Asunción en el Congreso de los Diputados, era algo que iba contra cualquier criterio o contra cualquier ética o lógica, yo diría, administrativa y parlamentaria. Porque la verdad es que nadie se había dirigido a nosotros y la verdad es que no sabíamos y desconocíamos con qué criterios se pensaba realizar dicha instalación.
Ante nuestras protestas y ante nuestras manifestaciones en contra se nos amenazó con todo lo amenazable, he de decir que dentro del ordenamiento jurídico, pero la verdad es que se nos sometió a una presión de todo tipo, en cuanto que nos iban a acaecer todos los males, que iba a caer sobre nosotros todo el peso de la Ley, todo el peso del Estado. La verdad es que nosotros consideramos que aquello no era la forma ni el modo de hacer aquel planteamiento y consideramos que no por varios criterios: primero, porque no se nos había consultado el sitio donde se iba a establecer; segundo, porque, como decía anteriormente, esta zona es una de las zonas con mayor expectativa de futuro, y la verdad es que hablar de desarrollar polígonos industriales, o como en el caso de San Mateo de Gállego, donde tiene una expectativa en este momento de un programa -que me corrija su alcalde- de unos futuros quinientos chalés, pues el hablar de poner una cárcel al lado me parece que va en contra de cualquier criterio de desarrollo de aquella comarca. Entendíamos, además, que las cárceles deben estar próximas a donde se genere la delincuencia, porque la verdad es que entendemos que en aquella zona, que nosotros conozcamos, que lo puede haber, por supuesto, pero que nosotros conozcamos no hay ningún tipo de delincuencia, por lo menos notable ni conocida, ni conocemos en este momento que haya ningún preso ingresado en la cárcel que proceda de aquella comarca. Pero, además, nuestro criterio era que eso no se correspondía, en ningún momento, con solucionar los problemas de Huesca y de Zaragoza.
Huesca, como Sus Señorías sabrán, solicitó en su día sacar de la ciudad la cárcel que tiene; estamos totalmente de acuerdo en que aquella instalación es una instalación antigua, que está en un mal sitio y que, además, ha protagonizado el problema carcelario más importante de los últimos años en España, con aquella fuga de los presos que, afortunadamente, han podido ser localizados. Pero, además, había habido una manifestación de la población oscense en favor de que se creara un centro acorde con las necesidades de la capital y en las afueras de la ciudad. Para ello, el Ayuntamiento de Huesca llegó a adquirir los terrenos y los llegó a ceder al Ministerio de Justicia, con lo cual entendimos que era el camino correcto para solucionar la problemática de la ciudad de Huesca. Y lo mismo entendíamos que, por una situación paralela, se debería de dar en cuanto a solucionar la problemática de la ciudad de Zaragoza.
Creemos que eso era lo correcto, no que se fuera a establecer una cárcel en la mitad de las dos provincias, por una raya divisoria, yo diría imaginaria. Nadie puede percibir, cuando vaya en ese camino entre Huesca y Zaragoza, que haya una barrera lógica que diga que tiene que estar ahí la cárcel, ni nos sirve el tema de decir que deba estar entre las dos provincias porque sea equidistante, simplemente porque Zaragoza es el 52% o 54% de todo Aragón; por cada preso que se pueda generar en Huesca, yo entiendo que se generarán por lo menos treinta en Zaragoza, no porque haya más delicuentes en cuanto a su población, sino por el número de habitantes que en esa regla directa pueda generar.
La explicación que se nos dió en aquella reunión por parte de Pedro Pablo Mansilla, me decía a mis manifestaciones, donde yo le decía que, en el supuesto de que hubiera que realizar una macrocárcel -luego explicaré mis conceptos de macrocárcel-... Yo no estoy a favor, por supuesto, del concepto macrocárcel. Pienso que si una cárcel pequeña tiene problemas de reinserción del preso, una cárcel grande tiene que tener muchos más problemas de reinserción. Yo creo que hablar de meter mil presos juntos es hablar de una fábrica de delicuencia, en vez de un sitio de reinserción.
Pero si hubiera que mirar unos criterios lógicos, por ese número de reclusos que puedan corresponder a la provincia de Huesca y a la de Zaragoza, en el supuesto de que ya no quedara más remedio y viera que éste fuera el concepto de establecimiento de una cárcel -que ya digo que yo no estoy de acuerdo con él-, debería ser Zaragoza quien albergara este tipo de institución. Sencillamente por los conceptos siguientes, como pueden ser: la asistencia letrada al detenido, téngase en cuenta que esa asistencia letrada, más los turnos de oficio, donde, además, los letrados en este momento no gozan de una retribución adecuada -y tengo el informe del Colegio de Abogados en mi presencia, en contra de la instalación de la macrocárcel en la zona del bajo Gállego-, haría que todos los días se estuvieran desplazando cantidad de funcionarios, letrados, familiares o hasta el propio problema de los presos en régimen abierto que, desde el momento en que por la mañana se les pone en libertad, ya se sabe que acuden por las noches a pernoctar a la cárcel, resulta que iba a dificultar eso en un medio donde, por supuesto, la zona del bajo Gállego -me da igual que sea El Temple, que sea Gurrea, que sea cualquiera de los pueblos que estamos acá-, por supuesto, ni tiene todos los letrados, ni tiene capacidad para absorber aquella población reclusa en régimen abierto, ni tiene capacidad ni de medios de comunicación de cualquier tipo para trasladar allí a aquellas personas, tanto sean los propios reclusos como sus familiares.
Bueno, pues cuando yo le manifestaba a Pedro Pablo Mansilla que, en el supuesto de que alguien que viniese con un preso para ingresarlo en la cárcel -que entonces se hablaba de Gurrea-, con diez minutos más estaba en Zaragoza, me decía que diez minutos para Instituciones Penitenciarias era mucho tiempo, que yo no me podía hacer la idea de lo que diez minutos presuponían para Instituciones Penitenciarias. Yo, la verdad es que me quedé atónito porque, si diez minutos para un preso era mucho, si decimos que hay una proporción -que yo acabo de plantear, que no sé si es la exacta- que podría haber treinta de Zaragoza, pues treinta desde Zaragoza hasta la cárcel aquella sería media hora y no tiene importancia perder treinta minutos con treinta presos, o veinticinco minutos, y tenía mucha importancia perder diez minutos con un preso. La verdad es que ese razonamiento se caía por su peso y no tenía ningún sentido.
Pero, claro, por otro lado, nosotros vemos que en todo este devenir y en toda la información que hemos tratado de solicitar, y aquí tengo preguntas planteadas en el Congreso de los Diputados, tanto en cuanto a la normativa europea en este sentido, como a las experiencias que tenemos del resto de los países europeos en el tema de reinserción penitenciaria, en ningún momento va por una macrocárcel. Y digo macrocárcel -también esto se nos ha podido cuestionar o se nos ha cuestionado, en cuanto a esa definición de macro- y digo macrocárcel porque, si la cárcel de Huesca es una cárcel que, en teoría, está conceptuada para ciento treinta presos, el hablar de una cárcel de mil o novecientos cincuenta presos, por supuesto que es macro, porque son casi diez veces más. Entonces, en ese concepto creo que está bien empleada la palabra macro.
Lo que se ha pretendido decirnos en cuanto a lo bien que van a estar los presos o que es una cárcel moderna, hombre, por supuesto, pienso que en la creación de cualquier centro penitenciario que en este momento se haga, cuando estamos en los albores del año 2000, del siglo XXI, debe ser acorde con la realidad social que tenemos en este momento. Pero la verdad es que, si ustedes me lo permiten, cuando se hablaba de catorce pabellones polideportivos, de piscinas climatizadas, de pistas de squash, de pistas de atletismo, de celdas de diez metros cuadrados con televisión, etcétera, la verdad es que, si Sus Señorías me lo permiten, casi es una calidad de vida que no tenemos los que estamos en el exterior. Y si ésa es la manera de la reinserción, queriendo yo todo lo mejor para que esas personas se puedan reincorporar a la sociedad, la verdad es que lo hacemos desde un agravio comparativo hacia los demás.
Cuando se nos habla de que hay seis barreras que van a impedir que los presos se escapen, pues me parece muy bien, pero es que el problema no está en cuanto a que los presos se escapen, el problema que nosotros entendemos, aparte de que el concepto de una instalación carcelaria ya es, como decía antes, como un jarro de agua fría para los que se pretendan establecer allí, ¿quién se va a comprar un chalé al lado?, por ejemplo en El Temple que la mitad de su desarrollo es a través de la venta y de esa población flotante que viene, que se compra allí su primera y segunda vivienda porque, en este momento, les es más cómodo y más barato que adquirir un piso en la propia Zaragoza; o, ¿qué empresa va a poner allí, al lado de la puerta de la cárcel, su instalación?. El problema ya no son los que están dentro, donde yo querría que el sistema penitenciario, con la colaboración de todas las fuerzas políticas, fuera la mejor fórmula, el problema es todo lo que circula alrededor y todos sabemos que, alrededor de las cárceles, se genera una población flotante que, con honrosísimas excepciones y con perdón, de antemano, a quien yo pudiera ofender, por supuesto no intencionadamente, se crea una inseguridad social y yo diría que de todo tipo, o de temor en la zona donde se establece.
Se nos podrá decir que, en este momento, alrededor de las cárceles de Zaragoza o de Huesca resulta que hay distintos pisos, distintas familias que viven, etcétera. Pero es que no es lo mismo en una gran ciudad, donde esta población es absorbida, y lo que pueda suponer el establecimiento de esta cárcel, con esa población flotante, en una zona donde, entre todos, yo considero que seremos ocho mil personas aproximadamente. La verdad es que no se compagina una cuestión con otra.
Pero, luego, ¿qué haríamos con los de régimen abierto todos los días?, ¿tendría que haber un autobús todos los días, al que denominaríamos el autobús de los presos? Con lo cual lo que pretendíamos hacer, esa integración en la sociedad, lo que haríamos sería marcarlos con el dedo cuando salieran ahí. O, ¿qué haríamos con esa población que se iba a quedar en aquella comarca -si ustedes me lo permiten, y desde el sentido más cariñoso- soltados en el monte como las cabras? La verdad es que a nosotros nos hace dudar mucho. Pero, aparte, nos preocupa por encima de todo porque considerábamos que, dentro de lo que pueda ser esta instalación y dentro de los estudios que se hayan pretendido hacer, hubiera estado en primer lugar contar con los ayuntamientos, como decía; en segundo lugar, y si ustedes me lo permiten, contar con la Comunidad Autónoma porque, si bien es verdad que no tenemos en Aragón las competencias en instituciones penitenciarias -que sí las tiene Cataluña-, tenemos todas las competencias en ordenación del territorio. Y, claro está, si por un lado en el Gobierno aragonés se está apostando por determinadas zonas, donde quiere que sean zonas de desarrollo, zonas comunicadas, donde apueste por zonas residenciales y no se le consulta, y lo que se pretende, saltándose a la torera ese planteamiento, es hacer el establecimiento de esta cárcel sin contar con el Gobierno aragonés, pienso que es un atropello a nosotros, por supuesto, como afectados, pero a todos los aragoneses. Que estaría igual de mal fuera del color que fuera quien lo pretendiera hacer, y no se interprete aquí que, con esto, yo pretendo echar las culpas a nadie. Pienso que cualquiera que actuara así actuaría mal.
Pero la verdad es que lo más indignante es que, después de nuestras entrevistas con el Presidente de la Comunidad Autónoma, el día 23 de enero, el Presidente de la Comunidad Autónoma se dirigió por escrito al Ministro de Justicia solicitando una entrevista urgente para hablar de la problemática de la cárcel y el día 18 de febrero, después del Pleno que hubo en estas Cortes, como Sus Señorías bien conocen, se volvió a dirigir al Ministro en el mismo sentido y ésta es la fecha en que ni tan siquiera a través del Gabinete del Ministro, ni tan siquiera -como yo diría- con una mentira piadosa, manifestando la imposibilidad de hacer dicha entrevista, de cualquier manera, ni telefónica ni por escrito, se han puesto en contacto con el Presidente de la Comunidad Autónoma. Considero que esto atenta contra cualquier principio de lo que pueda ser el diálogo en un Estado democrático, de lo que pueda ser la comprensión y lo que pueda ser la solución de los problemas.
Pensamos que hay que solucionar el tema de las instituciones penitenciarias; nos manifestamos en contra de las instalaciones carcelarias grandes y pensamos que el mejor camino es el diálogo, a través del Gobierno de cada autonomía y, después, el pacto con aquellos ayuntamientos que así lo consideren. Y que no se nos diga que en este momento ha habido algún ayuntamiento que ha ofrecido la cesión de ese terreno, como ha sido el caso de Zuera, porque ese Ayuntamiento, en principio, la totalidad de su Pleno se manifestó en contra y, luego, ha cambiado solamente por la voluntad de un determinado Grupo político. Entonces, no me vale que algo que acordó la mayoría absoluta de todos sus miembros, y algo que está demostrado y avalado por aquella recogida de firmas en la comarca, sea en este momento como una tarjeta de visita o de salvación del tema. Porque, además, lo único que hacemos con esa cuestión, que yo en algún momento he dicho que fue una tragicomedia, es simplemente cambiar la instalación dos kilómetros, o dos y medio -me es igual que fueran tres-, de donde se manifestó. La problemática es la misma y considero que el problema es el mismo.
Entonces, yo pienso que aquí, en esta casa, nuestra animosidad, como digo, sin ganas de herir, sino de la manera más constructiva, es para que Sus Señorías lleguen a la animosidad y lleguen al sentimiento de que hay una comarca profundamente agraviada en este momento, profundamente preocupada. Y que consideramos que la solución de la misma pasa por la no instalación de esta cárcel.
Pero es que, además, aún voy a decir otra cosa que podría dar lugar a un entorpecimiento de tipo legal. El Gobierno puede llegar a hacer cualquier tipo de expropiaciones, muy bien, pero piensen ustedes que se pretende ubicar en tierras que ya fueron expropiadas por el IRYDA en su momento y que, en todo caso, hay una cláusula de reversión: habría que devolverlas a sus antiguos propietarios, si se pretendiera expropiar otra vez. Fueron, en su día, expropiadas para hacer zonas de regadíos y, en estos momentos, si se pretendiera ubicar una cárcel allí, contravendría lo que fue en su día el criterio de establecimiento de aquellos regadíos y, por supuesto, haría imposible esa instalación, porque esas tierras tendrían que revertir a sus antiguos propietarios, al haberse expropiado con un fin finalista.
Yo espero del debate de todos nosotros acá, en nombre de los alcaldes -y luego pediré al Presidente que le dé la palabra, si es tan amable, al portavoz de la Coordinadora-, estamos aquí para facilitarles a ustedes cualquier tipo de información que crean oportuna o cualquier cosa que pueda esclarecer esta situación, que nosotros consideramos que es anómala y, por supuesto, no acorde a los intereses de Aragón. Muchas gracias.
Yo le pediría al señor Presidente, si es tan amable, que facilitara la palabra al portavoz de la Coordinadora, José Manuel Villar.
El señor PRESIDENTE (CONTIN PELLICER): Muchas gracias, señor Til. Si usted lo dice, yo le doy la palabra inmediatamente.
El señor VILLAR MARCEN: Buenos días. Gracias, señor Presidente. Gracias, Carlos.
En primer lugar, me gustaría comenzar mi intervención explicando, una vez más, qué es la Coordinadora, permítanme la licencia y la repetición, porque parece ser que desde algunos colectivos no se ha entendido bien quiénes somos. Primero, tengo que decir que la Coordinadora surgió a raiz de una sesión informativa que mantuvo el alcalde de Zuera, Javier Puyuelo, con las asociaciones ciudadanas, en las que se informaba de sus reuniones con don Antonio Asunción y don Pedro Pablo Mansilla, sobre la posible -entonces se hablaba de una posibilidad más lejana- ubicación de una gran cárcel en nuestra zona. Cuando, por parte de las asociaciones, se le preguntó al alcalde qué medidas políticas o institucionales pensaba adoptar él frente a esta posibilidad, él nos sorprendió con una lección de Derecho constitucional, y digo nos sorprendió porque creíamos todos que teníamos la Constitución muy clara, y nos dijo que, ya que la Constitución distribuía las competencias de esa forma, él nunca entraría en litigio con Madrid.
Desde las asociaciones pensamos que esto era un error, porque si la Constitución, efectivamente, distribuye las competencias, también la Constitución articula la conexión entre ellas y, si hay un sentido descendente, también hay un sentido ascendente, de forma que el ciudadano pueda acceder, al menos a nivel de manifestar su opinión, a las más altas instancias del Estado que se gestan a través de la voluntad ciudadana. Nos parecía, como digo, un error estratégico, pero no pasaba de ser un error estratégico. En el mismo momento se le comunicó a nuestro alcalde que las asociaciones nos reuniríamos y que tomaríamos alguna iniciativa, de las cuales se le informaría cumplidamente, y sobre las cuales se le invitaría puntualmente a presidirlas, de forma que él, a través de comunicados públicos, manifestara si las presidía o no las presidía.
De esta forma nació la Coordinadora. En la Coordinadora, para entender lo que somos, hay que explicar que estábamos asociaciones de todo tipo, desde los clubs deportivos, las asociaciones de padres, las asociaciones culturales -yo mismo soy representante del coro de cámara-... creo que esto explica bastante qué es lo que constituye la Coordinadora. Había agrupaciones locales de partidos políticos, lógicamente, son agrupaciones a todos los efectos, estaban todas y esto lo voy a decir para evitar las suspicacias que, visto todo el proceso, parece ser que intencionadamente alguien intenta subrayar, estaba la agrupación local del PP de Zuera, estaba la agrupación local del PAR de Zuera, estaba la agrupación local de Izquierda Unida de Zuera y estaba la agrupación local del PSOE de San Mateo de Gállego, a través de un documento con el sello de la agrupación y con la firma de su secretario. Quiero decir que, con esto, cogemos todo el espectro político, al menos el inicial, luego falta la representación del CDS, en este caso representado por el alcalde de Villanueva; pero quiero explicar y reseñar que aquí estaba todo el espectro político.
Tuvimos especial cuidado, y las agrupaciones locales de partidos políticos fueron muy escrupulosas, en desaparecer de todo lo que significaba la primera línea de la coordinadora; las personas que nos pusimos delante, nos pusimos delante a instancias y a solicitud de todas las asociaciones, somos personas no vinculadas políticamente, tenemos nuestras ideas, por supuesto, porque somos ciudadanos, pero no vinculadas a ningún organismo político. Y a partir de ahí entendimos enseguida que, ya que el tema era un tema ciudadano que deberían resolver los políticos, pero, de momento, el problema que se planteaba era ciudadano, tendríamos que ser muy respetuosos con la manipulación política; no respetuosos, muy escrupulosos con la posible manipulación política que se pudiera hacer. Digo que fuimos muy escrupulosos para justificar que, luego, no nos han sorprendido algunos enfoques que se han pretendido dar.
Vuelvo a subrayar otra vez que, como Coordinadora, no somos ni de derechas ni de izquierdas y que, como rezaba la pancarta que se puso en el famoso pleno del Ayuntamiento, en el que se ofrecían terrenos al Ministerio de Justicia para modificar la ubicación, no es un problema de derechas ni de izquierdas sino de democracia real.
Imagino que alguien dirá que es una democracia asamblearia; el funcionamiento, si se conoce desde dentro, no es así y por eso yo apelo a la responsabilidad política para no desviar la verdad. Una cosa es que no tengamos una representatividad formal, conseguida a través de las urnas, pero yo puedo aportar unos datos que pueden ser bastante significativos: en Zuera, donde el argumento que se utiliza por parte del Grupo Socialista es que están refrendados por mil quinientos votos, nosotros tenemos que decir que recogimos mil quinientas firmas en hora y media, que a los tres días eran tres mil y que, al final de todo el proceso, en la comarca recogimos quince mil. Alguien me dirá que cómo en una comarca que está entre ocho y diez mil habitantes se pueden recoger quince mil firmas. Efectivamente, tengo que decir que ocho mil quinientas fueron de la zona, me refiero a que nuestra zona no es una comarca cerrada, es una zona donde entran viajantes, donde entran empresarios, donde entran obreros cada día. En ese sentido, creo que las ocho mil quinientas firmas pueden recoger el 98% de los mayores de edad que allí están. Todas las firmas van acompañadas del documento nacional de identidad. El resto de las firmas, lógicamente, y aquí hago alusión a lo que Carlos Til, el alcalde de Gurrea, ha hecho mención hace un momento, es una zona donde se están desarrollando mucho las urbanizaciones de segunda vivienda y de tipo residencial, y ahí es donde podemos encontrar el incremento hasta las quince mil. También tengo que decir que en algún centro de trabajo en Zaragoza nos solicitaron folios de firmas, efectivamente se los dimos y esos folios -no son muy numerosos, pero existen- también se nos mandaron. Eso como primer dato.
A los diez días de constituir la Coordinadora convocamos una manifestación en Zaragoza, una manifestación con un recorrido urbano que finalizaría en la puerta de la Delegación del Gobierno, donde haríamos entrega -y ese detalle me gustaría resaltarlo porque lo tengo documentado-, haríamos entrega al Delegado del Gobierno o al segundo responsable, en este caso al secretario del Delegado del Gobierno, de las quince mil firmas recogidas. Se nos confirmó por escrito que nada que objetar a la realización de dicho acto y, bueno, en ese acto de manifestación y entrega de firmas convocamos entre ocho y diez mil personas. En una hora tan intempestiva, y digo intempestiva no para ustedes que, al fin y al cabo, es su obligación, sino para el resto de los ciudadanos, como es el horario de un Pleno de Cortes, ustedes lo vieron, asistimos algunas mil personas, cuyo comportamiento, yo apelo a la honestidad de cada cual al valorar si el comportamiento fue o no fue ejemplar. Ya vieron ustedes la afluencia de ciudadanos.
Pero quiero pasar de aquí a otro punto. También se ha cuestionado que la Coordinadora no somos nadie, no tenemos ninguna capacidad. Tengo que decir que estamos constituidos legalmente, que incluso tenemos un NIF provisional y que estamos dotados de capacidad jurídica y de capacidad de obrar. La documentación, por supuesto, está a disposición de quien la quiera consultar.
De ahí a los efectos que haya podido producir la Coordinadora, en cuanto a la convivencia ciudadana, también me gustaría hacer alusión. Se nos ha acusado, incluso por la prensa, de que se estaba dinamitando la convivencia ciudadana, de que el rechazo a la macrocárcel había sido motivado por dos grupos políticos, en concreto el PAR y el PP, y que se estaban utilizando métodos -y cito la expresión textual- barriobajeros. Bien, no voy a entrar en más comentarios; una de las ventajas que tiene la convivencia y la relación de los pueblos, si alguno de ustedes es de pueblo o ha vivido en pueblo, es que todas las cosas que se hacen o se dicen tienen nombre y dos apellidos. Efectivamente, en un tema tan espinoso como éste, creo que es lógico o esperable que haya un mínimo sector de población, ni siquiera sector de población, que haya determinadas personas que saquen los pies del tiesto y que -en una palabra- digan lo que no deben decir y, lo que es más grave, eso será reflejo de que piensan algo que no se debe pensar.
Efectivamente, desde la Coordinadora, y digo desde la Coordinadora, no sólo no se ha fomentado ese tipo de cosas, no sólo se ha evitado y se ha transmitido al ciudadano que no se deben sacar viejos fantasmas, esos viejos fantasmas a que se hizo alusión, los viejos fantasmas de la guerra que, para nuestra generación, creemos que están enterrados y bien enterrados. Por supuesto, creo que esto está consensuado a nivel de todo el Estado, que allí no hubo ni culpables ni víctimas, sino que todos fuimos culpables y todos fuimos víctimas, con lo cual volver a remover eso me parece que es entrar en el juego sucio que a lo que más ataca es, precisamente, a la existencia del Estado democrático y a la convivencia ciudadana. Quiero decir que sí que se ha hecho mención a esos viejos fantasmas pero -como digo- tienen nombre y dos apellidos, y si alguna de Sus Señorías quiere conocerlos honestamente y de verdad tiene interés por la verdad, se los puedo facilitar, no aquí sino en privado y a nivel de argumentación particular; los pueden contrastar, es un dato que se puede contrastar, porque otra ventaja de los pueblos es que casi siempre hay testigos y, casi siempre, los testigos, y más en un tema como éste, son bastante numerosos.
Hasta aquí lo que es la Coordinadora y hasta aquí lo que queríamos aclarar, porque tenemos verdadero interés en que se aclare porque, si no, estamos distorsionando toda nuestra actuación.
Podemos pasar ya al tema de la macrocárcel de Aragón. En el Pleno de las Cortes, yo y todos los presentes oímos una pregunta que decía: pero, vamos a ver, ¿qué concepto es ese de macrocárcel y quién dice qué es una macrocárcel? Pues una macrocárcel, como la propia raiz macro indica, es una cárcel sobredimensionada y, ¿sobredimensionada con qué? Vamos a compararla con el entorno que la rodea. En una comarca de ocho o diez mil habitantes, establecer un centro penitenciario de novecientos cincuenta o mil presos me parece a mí que esa proporción está -como digo- sobredimensionada y lo que hay es una explosión de proporciones. Si, además, esa capacidad la comparamos con datos objetivos y con datos que a las Cortes aragonesas le tienen que interesar, como son la población reclusa aragonesa, veremos que la cosa ya termina de explotar. De la misma forma que tendría que considerarse el problema penitenciario que existe; hay dos problemas penitenciarios muy graves, uno es el de la cárcel de Huesca y otro el de la cárcel de Torrero, el de la cárcel de Huesca saltó a la palestra, digamos que tristemente, de forma espectacular, en noviembre, cuando el famoso incidente. Una cárcel que tiene una dimensión teórica de ciento cincuenta internos y que, en la actualidad, está por los trescientos cincuenta, evidentemente, ahí hay un problema gravísimo que solucionar. La cárcel de Torrero está en la misma situación, si su dimensión es para trescientos presos, estamos en los setecientos, la proporción es la misma. Si, además, las instalaciones interiores están obsoletas y en cada celda tiene que haber dos o tres presos, lógicamente eso hay que solucionarlo y hay que solucionarlo, además, de forma inmediata o, por lo menos, con la mayor celeridad. Yo pienso que esos son datos que no hay que perder de vista y que pueden ser fundamentales para construir cualquier argumentación que tenga un mínimo de rigor técnico, porque habrá que hacer alusiones a la ley y porque habrá que hacer, incluso, alusiones a la Constitución, porque habrá que tocar temas de solidaridad y la solidaridad hay que verla en dos o tres direcciones.
Nosotros entendemos que es un problema aragonés. Al principio -tengo que decir que en eso sí que hemos sufrido una evolución-, salvado el primer flash del primer día que, bueno, a Zuera viene una cárcel con mil presos... bueno, el primer flash fue de absoluto desconcierto, de absoluto egoísmo -hay que decirlo-, pero quiero decir que cuando, a las veinticuatro horas, nos reunimos los representantes de las asociaciones ciudadanas, todos individualmente o por lo menos una buena mayoría, habíamos reflexionado sobre el verdadero problema. El problema no era local, era comarcal; las líneas sólo existen en los mapas y a la comarca le supone lo mismo -y todavía estamos en el enfoque egoísta-, a la comarca le supone lo mismo que esté trescientos metros más allá que trescientos metros más aquí, la incidencia es la misma. Estos son los puntos de vista, el nivel de reflexión que llevábamos el segundo día, cuando ya nos planteamos no sólo la incidencia inmediata del problema, sino el problema en sí. Nos dimos cuenta que había un enfoque de solidaridad con el Estado y que había un planteamiento que debería ser regional, porque ésta va a ser la única cárcel monstruo -y permítaseme la expresión- que va a haber en Aragón.
Haciendo referencia a la distribución de competencias que tanto gusta sacar, efectivamente, en materia penitenciaria quien tiene las competencias es el Estado, ¡ojo!, siempre dentro de la observancia de la ley, y quien tiene las transferencias y las competencias en ordenación territorial es la Diputación General de Aragón. Esto es un tema que afecta a una comarca, pero al afectar a una comarca de la forma que está situada la nuestra, afecta a toda la articulación de política comarcal que se pueda hacer dentro de la Diputación.
Nos pusimos en contacto con la Presidencia para informarle, en una primera instancia, de cuál era nuestro enfoque del problema; fue aquella famosa reunión en la que el alcalde de Zuera, por un defecto formal o de protocolo que él conocía con doce horas de antelación, porque yo le llamé la noche anterior, él conocía perfectamente y podría haberle dado una solución menos de choque con el protocolo y con el respeto que merece la Presidencia como institución. Yo no entro en si la constitución de aquella entrevista era la adecuada o no, simplemente tengo que decir que tenía los mismos motivos de queja que él, así los había planteado, pero dada la insistencia ante la Secretaría de la Presidencia, accedimos, pero accedimos con todas las consecuencias, hay que ser serios. Bueno, pues en aquella reunión, informamos al Presidente de cuál era nuestro enfoque de la problemática y la disposición de la Presidencia fue de absoluta comprensión en cuanto al alcance regional que tenía el problema, y quedamos en que seguiríamos en contacto y seguiríamos colaborando.
El primer paso, por parte de la Presidencia de la Diputación, fue solicitar información de primera línea del Ministerio de Justicia; una cosa es que Instituciones Penitenciarias sea competencia del Estado y otra cosa es que la Diputación General de Aragón no pinte nada a la hora de, por lo menos a nivel informativo, conocer directamente el tema. Esto se ha llevado tan lejos como que se presentara aquí el Director General de Instituciones Penitenciarias, puenteara a la DGA y, a través de la Delegación del Gobierno, se pusiera en contacto con los alcaldes, como si la DGA no tuviera ahí nada que ver o nada que conocer.
Bien, quedamos en que la Diputación General de Aragón solicitaría un informe al Ministerio de Justicia; no tenemos conocimiento de que el Ministerio de Justicia haya respondido pero, en una segunda reunión con el Presidente -esta vez ya sólo la Coordinadora-, quedamos en que, efectivamente, como punto de partida habría que elaborar un informe técnico, según el cual sentarse a negociar -a negociar o a dialogar, yo no me atrevo a utilizar la palabra negociar, aunque don Antonio Asunción sí que lo propuso en una entrevista condedida a Heraldo de Aragón-, por lo menos, un informe técnico sobre el que dialogar con el Ministerio. Por parte de la Presidencia se nos solicitó un borrador de las líneas argumentales que, por parte de la Coordinadora, consideraríamos oportunas, no para utilizarlo sino para que, según su conocimiento, la Diputación General de Aragón instrumentara ese informe a la vista de esas líneas, por supuesto, suprimiendo, añadiendo, modificando... porque el informe es de la Diputación General de Aragón. Quiero informar a esta Comisión que el borrador lo hemos estructurado en cuatro líneas argumentales: una es ordenación territorial, otra es el impacto económico-ambiental que podría suponer la implantación de este centro, otra considera los aspectos jurídicos, y otra considera lo que de verdad debe ser la línea inspiradora de cualquier política penitenciaria, que es la política educativa y de reinserción. Ya que esta Comisión es de Peticiones y Derechos Humanos, entendemos que quizá lo que más interesa aquí son los puntos tres y cuatro, los relativos al informe jurídico, por lo que pueda afectar al derecho, y la política educativa y de reinserción por lo que pueda afectar, efectivamente, a los derechos humanos.
En cuanto al informe jurídico, hay que empezar señalando que la Ley General Penitenciaria de 1979 y el Reglamento Penitenciario que la desarrolla, de 1981, en el artículo 9, limitan la capacidad de los nuevos centros a trescientos cincuenta internos. Dice que estos centros de capacidad limitada deben tener una completa separación física y regimental unos de otros, y aquí sí que habría que analizar profundamente y a fondo el proyecto, para confirmar si se vulnera o no esta exigencia legal al decir que no es un gran centro penitenciario sino que son catorce módulos estancos. Aquí me gustaría corregir, cariñosa y respetuosamente, lo que ha dicho Carlos Til; me parece que ha tenido un lapsus, no sé si ustedes lo han captado, yo estaba siguiendo atentamente y hablaba de catorce polideportivos, no, catorce polideportivos no, lo que contempla el proyecto es un polideportivo. Bien, pues entonces... perdón, don Carlos, a mí me ha parecido entenderlo. Son catorce compartimentos estancos, a nivel -entiendo- de dormitorios, porque el hospital con setenta camas, como se explicó en el pleno de las Cortes, imagino que ahí tendrán que confluir los enfermos, los internos con algún problema de los catorce compartimentos estancos, de los catorce módulos, de la misma forma que tendrán que coincidir o repartirse y dividir para catorce el polideportivo, los talleres, las escuelas, la piscina, etcétera. Lo único que no compartirán será la ducha y el servicio; además nos parece muy bien que no lo tangan que compartir, no faltaba más, pero conste que la dirección va por ahí.
También la ley dice que deberían ser tres centros penitenciarios para los distintos regímenes de los internos, tres centros penitenciarios en cada provincia. Estamos de acuerdo en cumplir el requisito legal pero, bueno, si la macrocárcel se instala en el término municipal de Zuera para sustituir a la de Huesca y a la de Zaragoza, está claro que hay una provincia que se queda sin cárcel, que es Huesca, salvo que se aspire a conservar las instalaciones viejas, obsoletas y con todo tipo de problemas que tiene la cárcel del Perpetuo Socorro. Entendemos y entiende todo el mundo -creo que es reconocido- que a través del documento público y del protocolo que el Ministro Múgica y don Antonio Asunción firmaron con la Alcaldía de Huesca, por el que el Ayuntamiento de Huesca se comprometía a adquirir diecisiete hectáreas, en aquel momento en el carrascal de Pebredo, para cederlas al Ministerio de Justicia para sacar la cárcel del Perpetuo Socorro a la periferia de la ciudad, era precisamente porque esas instalaciones hay que abandonarlas porque son insostenibles. Si esas instalaciones son insostenibles, Huesca se va a quedar sin cárcel, eso por un lado. Por otro lado y ya entrando en lo que es el espíritu de la ley -la letra ya vemos que está vulnerada en la actualidad y, además, se pretende vulnerarla aún más con la dimensión nueva-, el espíritu de la Ley señala muy claramente que la legislación penitenciaria tiende a humanizar la vida en los centros, y adecuarlos para la finalidad de la rehabilitación y reinserción social de los presos. La macrocárcel está vulnerando el espíritu por razones de dimensión y por razones de ubicación, y también por razones de administración. Y digo por razones de administración, porque esa vulneración tiene consecuencias para distintos colectivos y distintos estratos de los ciudadanos que viven el problema: tiene consecuencias para la Administración de Justicia, ya que se limita -estamos hablando de ubicarla a cuarenta kilómetros de Huesca y a cuarenta kilómetros de Zaragoza, treinta y cinco-, se está dificultando al menos, el acceso de los reclusos a los tribunales que los han de juzgar; tiene consecuencias para el colectivo de abogados que estarán obligados a mayores desplazamientos, incluso en el caso de los abogados de oficio, sin una remuneración adicional -esto entiendo que algún grupo político podrá decir que eso se puede subsanar, que se hace en aras de razones de coste; vamos a estudiar eso también-; consecuencias para los familiares de los presos, el sostén más fuerte que pueden tener los presos dentro de las cárceles son las visitas, las visitas de los amigos y las visitas de los familiares, no suele ser, la población reclusa, representativa de estratos de población con capacidad adquisitiva alta, estamos poniendo a las familias, a las esposas, a las madres, a los amigos, les estamos llevando el recluso a cuarenta kilómetros, vamos a ver si esto es o no solidario. Y ya que se ha hecho alusión a la cárcel de Daroca, se ha hecho mucha alusión para algunas cosas, algunas, eso sí, muy discutibles, que se contemple la afluencia de visitas a la cárcel de Daroca: prácticamente no existen, sólo existen a nivel de un determinado colectivo, de una minoría, y a nivel de madres; bien, aquí el problema va a ser el mismo. Y, sobre todo, la limitación más grande va a ser para la existencia del régimen abierto: se está alejando cuarenta kilómetros de Zaragoza el centro penitenciario y yo no sé qué tipo de facilidad se les va a dar a los presos en régimen abierto, que si consideramos la proporción que se puede manejar o, por lo menos, que se puede inferir de otros centros, de un 10% de internos en régimen abierto, pues van a ser unas cien personas las que salgan diariamente. ¿Cómo, en una comarca de ocho mil habitantes, se puede aspirar a articular medidas de reinserción, puestos de trabajo y facilidades para una población tan alta? Una ciudad de setecientos mil como Zaragoza sí que puede absorber eso, una ciudad como Huesca, en la dimensión apropiada a la demografía de la capital, sí que podría absorber una determinada cuota pero, desde luego, nuestra comarca... Ustedes me dirán.
No vamos a entrar, ya que estamos tocando el régimen jurídico, no vamos a tocar el trámite administrativo, porque en el trámite administrativo -los grupos políticos son administración y pueden buscar el enfocarlo de una manera u otra- hay asuntos que tocar como acuerdos necesarios y qué órganos los adoptan: los trámites municipales, los planes generales de urbanismo, las licencias de obras, el acceso a los terrenos, las expropiaciones, etcétera. Carlos Til ya ha hecho una alusión a la situación de aquella zona.
Y, por último, en el aspecto jurídico me gustaría hacer una consideración, una alusión al derecho internacional. La Comisión europea no ha adoptado ninguna directiva vinculante, con carácter vinculante, sobre el tema, pero existen algunas recomendaciones por parte del Parlamento europeo y del Consejo de Europa que convendría analizar muy detenidamente. En poder de la Coordinadora obra un informe recibido del Consejo de Europa donde se indica la dimensión recomendada de los centros e, incluso, y esto es importante, la dimensión recomendada de los módulos dentro de esa dimensión de los centros. La dimensión de los módulos establece alrededor de ochenta el número máximo de reclusos por módulo, pero el conjunto de los módulos no deben sobrepasar los trescientos cincuenta, esto es así. Habría que analizar, ya que acertadamente estamos en la línea europea, si de verdad nos estamos moviendo en los parámetros que con mucha coherencia se están marcando desde el Parlamento Europeo o, si estamos diciendo unas cosas y estamos haciendo otras, pues ahí sí que habrá que hablar de coherencia.
El segundo punto que me gustaría tocar, el cuarto dentro de nuestro borrador, es la parte pedagógica y de política de reinserción. Hay que plantear si la reinserción social y la rehabilitación, que es el objetivo primordial de las medidas privativas de libertad, habrá que estudiar si el cumpliento de una pena en un macrocentro es en si reeducativo, si rehabilita o si ayuda a la reinserción o si es más adecuado, en aras de esa política de reinserción, y es más deseable la construcción de centros muchos más pequeños -humanizarlos más- donde se puedan cumplir esos objetivos de reinserción. Es claro que el alejamiento de los centros penitenciarios de las ciudades -las ciudades origen de los presos- dificulta sus salidas, los permisos y las comunicaciones con el exterior.
Me gustaría hacer alusión a la situación de la cárcel de Daroca, ya que por parte de determinados organismos se ha hecho alusión a la cárcel de Daroca; vamos a ver si damos datos de verdad y luz en eso. Que se sepa que a la carcel de Daroca, a través de los buenos oficios del Ejército, se han traído más de cien presos canarios y cerca de los doscientos andaluces, hay muchos presos de Málaga y muchos presos de Granada. Esto, de verdad, ¿es coherente con la Ley penitenciaria y, de verdad, es coherente con la finalidad de las medidas penitenciarias? Se puede decir también que es que, claro, esto viene generado por un problema de limitación de plazas, efectivamente, pero la limitación de plazas hay que abordarla donde esa solución suponga alguna mejora; desde luego, no es ninguna mejora el hacer una cárcel para mil presos y que los canarios, malagueños y granadinos, en lugar de venir a Daroca venga a Zuera, pues la situación es la misma. Habría que adecuar la capacidad de las cárceles en Málaga, Granada y en Canarias, pero no aquí. Aquí nosotros tenemos que adecuar la capacidad de los centros a la población reclusa aragonesa y, por supuesto, prever una cuota de solidaridad al fondo nacional -en eso también estamos- que, por razones de calificación de la población reclusa, haya que contribuir a que determinados presos del fondo nacional cumplan aquí condena. Bueno, ése es un problema que tiene que estudiar la Administración y no la Coordinadora.
Yo vuelvo a insistir en que el paradigma de la reinserción es el régimen abierto y que es hacia ahí donde hay que enfocar, realmente, el tema. Y llegados a este punto, se podrá decir que todo esto está muy bien, que todo es una argumentación más o menos convincente, pero que dejaría de serlo si no se plantea una alternativa. ¿Qué alternativa procura la Coordinadora? Entendemos que es -lógicamente, si la planteamos nosotros, entendemos que la alternativa más razonable- y tengo que empezar diciendo que las cárceles deben estar donde puedan cumplir su finalidad, deben de estar donde deben estar y tienen que estar cerca de donde está el trabajo, de donde está la familia y de donde está la cultura, que es en función de esas tres coordenadas como hay que decidir la ubicación o el esquema de ubicaciones del nuevo proyecto penitenciario. En una palabra, donde el preso tenga su potencial apoyo y que dentro -y aquí me gustaría volver a subrayar el carácter de solidaridad que el ciudadano de Zuera debe tener con el ciudadano de dentro-, dentro sí que deben tener polideportivo, sí que deben tener talleres, sí que deben tener escuelas, sí que deben tener piscina y sí que tienen que tener unas instalaciones nuevas y dignas, porque bastante es que a una persona se le prive de libertad, pues todos sabemos perfectamente que, dentro de la vida humana, el principal valor es la libertad. Y no entramos en culpabilidades ni en responsabilidades para que, además, esa privación de libertad vaya acompañada de unas condiciones de vida indignas, masificadas y vejatorias.
Entendemos lo que tiene de bueno el nuevo proyecto lo debe tener de bueno la alternativa que nosotros damos, mejorada. Las cárceles deben ser nuevas, deben estar dotadas de todas las condiciones de modernidad que se deban dotar y, sobre todo, deben propiciar un seguimiento más individualizado y un tratamiento más individualizado del interno y, a través de eso, poder buscar la verdadera finalidad de la política penitenciaria. Si en el nuevo proyecto penitenciario se están contemplando posibilidades de medidas extracarcelarias, ¿cómo se entiende eso y cómo se casa eso con la construcción de centros de mil presos, alejados de los centros urbanos? A mí, señores, la única solución razonable que se me ocurre -insisto, razonable-, justa y legal es la que propone la Coordinadora.
Yo pido perdón por haberme extendido, pero entiendo que necesitaba de ese tiempo para exponer claramente cuál es nuestra intención y cuál es nuestro móvil frente a esta causa.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE (CONTIN PELLICER): Muchas gracias, señor Villar, por su exhaustivo informe.
Esta Presidencia, como dice el señor Cristóbal Montes, es benévola en cuanto a los tiempos que se conceden. Entonces, va a ser benévola con los diez minutos de descanso para tomar posiciones, antes de las siguientes intervenciones.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE (CONTIN PELLICER): Se reanuda la Sesión. Tiene la palabra el señor Martínez Val.
El señor DIPUTADO (MARTINEZ VAL): Gracias, señor Presidente.
Una problemática como la que hoy nos ocupa a movilizado y sigue movilizando a una gran parte de la ciudadanía aragonesa y, en particular, a los ciudadanos y ciudadanas del bajo Gallego; pero, además, hemos podido conocer directamente la opinión que sobre este tema preocupante tienen los representantes directos de los ciudadanos del bajo Gallego, como son los alcaldes y sus concejales, en definitiva, sus instituciones más próximas y también y especialmente lo que opinan los ciudadanos, canalizados a través de una Coordinadora, como colectivo.
He visto, al principio de la exposición del portavoz de la Coordinadora, el origen, el nacimiento de ese movimiento ciudadano y lo que a nuestro juicio fue bueno cuando comenzó, sigue siendo bueno ahora. Fue bueno cuando comenzó porque coincidían plenamente los representantes institucionales, alcaldes y concejales, con sus ciudadanos representados y sigue siendo bueno, aun a pesar de que no todos los elegidos, en este caso representantes institucionales de la comarca, coincidan hoy o no con la Coordinadora. Para nosotros sí que está legitimada la presencia en estos avatares de una Coordinadora ciudadana. Pensamos que es un pilar fundamental de la democracia es esa participación, frente a cualquier opinión que pueda haber de que la representación legal recae exclusivamente -insisto, exclusivamente- en los cargos institucionales. Yo solamente haría una reflexión: en la larga historia de nuestra tierra, afortunadamente, las instituciones han cambiado, han mejorado y, en definitiva, se han acercado más al ciudadano gracias al impulso, a la presencia y a la lucha combativa de esos mismos ciudadanos cuando no siempre han coincidido con sus instituciones no democráticas y también en democracia. Por lo tanto, ese es el primer saludo que nuestro Grupo quiere hacer.
Como ya conocen los señores comparecientes, la posición de nuestro Grupo sobre el tema de la ubicación de una gran cárcel en la comarca del bajo Gallego, no voy a insistir para que quede clara nuestra posición, pero sí a resaltar dos principios que nos mueven a nosotros, a Izquierda Unida, para rechazar una cárcel de estas dimensiones. Queremos dejar claro, de entrada, que no estamos de acuerdo en la ubicación de una gran cárcel de estas dimensiones, no solamente en el bajo Gallego, ni siquiera en ninguna otra comarca de Aragón, ni tampoco en el territorio nacional. De principio, estamos en contra del modelo de macrocárcel, pasando por alto si macrocárcel significa más o menos en determinado entorno, en función de la comparación que se haga de su impacto. No estamos de acuerdo porque, además, contradice la propia normativa que hoy ha sido expuesta por el portavoz de la Coordinadora, porque, además, desde el año 91 el Gobierno de la nación tenía la posibilidad de trasladar las instalaciones penitenciarias que estaban absolutamente obsoletas y claramente demostrado que no cumplían las funciones y el papel que la ley les otorga; trasladarlas, como digo, fuera -especialmente, en lo que nos ocupa en nuestro territorio, la de Huesca ciudad y la de Torrero en Zaragoza-, fuera del entorno en que se encuentran.
Esa posibilidad, que todo el mundo y nuestro Grupo saludaba, se ve truncada cuando, el 5 de julio, el Consejo de Ministros aprueba un plan de amortización y posterior reconversión de las viejas prisiones por otro nuevo modelo, por otro nuevo concepto.
Como digo, desde nuestro punto de vista es contradictorio. Además, Izquierda Unida lo ha dicho siempre, lo ha dicho en Madrid, lo está diciendo en los municipios que se ven afectados y preocupados por este cambio de estrategia del Gobierno central y, lógicamente, lo sigue diciendo en Aragón. Luego que le quede claro al señor Asunción que Izquierda Unida es coherente con lo que dice aquí y fuera de aquí.
Ese es uno de los criterios por los que estamos en contra, pero fundamentalmente nos preocupa y queremos dejar muy clara cual es nuestra posición sobre el papel que deben de jugar las cárceles en nuestro país. Estamos de acuerdo en que la actual situación no puede mantenerse; las referencias a los casos de Huesca son palpables y estamos también de acuerdo de que hay que hacer, ya, una urgente reconversión. En el debate de la Cámara, cuando se tuvo en las pasadas semanas, quedó un poco en duda qué quería decir reconversión; podría interpretarse que es remodelar lo viejo donde existe lo viejo, pero entendemos que reconvertir puede ser cambiar y trasladar. Es la reconversión que nosotros estamos dispuestos a defender.
El modelo de reinserción que puede darse desde una instalación de estas dimensiones, entre novecientos y mil, y hasta incluso dos mil reclusos, porque ya conocemos datos de otras instalaciones que están construyendo de esas dimensiones. Hay que llegar a la conclusión de que la mayor parte de la delincuencia en este país esta generada por el problema de la drogadicción y hay que reconocer que casi el 50% de la población reclusa está afectada por la enfermedad y por el problema de la dependencia de las drogas.
Cuando se le preguntaba al señor Ministro por nuestro portavoz, perdón, al señor Asunción por nuestro portavoz en las Cortes de Madrid que cuáles eran los criterios que tenía el Gobierno central para abandonar el modelo que había iniciado en el año 91 y que había conveniado con el Ayuntamiento de Huesca, el único criterio que se expuso fueron criterios económicos. Yo quiero resaltar que éste es el criterio que hoy está marcando el giro que el Gobierno central ha adoptado en cuanto a la nueva forma penitenciaria: el criterio económico de rentabilidad, de hacer que el mantenimiento posterior de estas instalaciones no sea tan gravoso como lo es, y nos consta que lo es en las viejas instalaciones. Eso deja a todas luces al descubierto cuál es la filosofía real que tiene el Gobierno de Madrid, el Gobierno central, sobre el papel que deben jugar las instalaciones penitenciarias.
No compartimos los criterios de economía, especialmente porque la asistencia a los reclusos, como digo, fundamentalmente afectados por el problema de la drogación, difícilmente se podrá cumplir en una administración de este tipo si no existe una atención más pormenorizada, más personalizada y más individualizada del propio recluso.
Por otra parte, hay otro criterio también que no compartimos y es el modelo de financiación de estas construcciones. Yo quiero insistir en estos dos criterios porque comparto la preocupación de los representantes de la comarca del bajo Gallego, institucionales y de ciudadanos, y compartiría cualquier otra preocupación de este tipo de cualquier otra comarca de Aragón. Compartiendo eso, estando de acuerdo, nuestro Grupo quiere insistir en los dos criterios que menciono: el tema de los criterios económicos, de un modelo que no cumple la normativa y las funciones para las que deben estar diseñadas las instalaciones, y la dudosa legalidad a la hora de financiarlas.
Se está hablando de que van a hacer falta ciento veinticinco mil millones de pesetas para construir dieciocho, diecinueve o veinte grandes instalaciones penitenciarias. Se está hablando de que se va a crear una sociedad con capital público, a la que le van a delegar la gestión de las plusvalías que se obtengan de esas apróximadamente cuarenta y cuatro viejas instalaciones, entiéndasese del suelo que ocupan en este momento. Ahí sí que nuestro Grupo va a insistir en el control que, desde la oposición, vamos a ejercer al Gobierno sobre el destino y la gestión del dinero público. Además, contraviene también los acuerdos que se habían adoptado con los ayuntamientos que pensaban, como en el caso de Huesca, utilizar la vieja instalación para centros sociales o como equipamiento público. Es más, todavía quedan más dudas: el suelo que van a abandonar, que van a dejar desafectado las viejas instalaciones de esas cuarenta y cuatro cárceles, a los precios de mercado, aun a pesar que son precios de mercado, difícilmente podrán cubrir las necesidades presupuestarias para financiar esos ciento veinticinco mil millones. Y, si no, hagan números Sus Señorías con los metros cuadrados que ocupa la de Huesca y que ocupa la de Torrero, ¿a qué precio debía salir el metro cuadrado para poder construir la macrocárcel de siete mil u ocho mil millones de pesetas que supone la de Aragón? Eso, a nuestro juicio, no es una gestión limpia y transparente, y la estamos denunciando.
Luego se habla de solidaridad, nuestro Grupo está de acuerdo en que es urgente para la población reclusa que se acometa una reforma penintenciaria digna, coherente con los tiempos que vivimos y que cumpla, fundamentalmente, ese papel que la Constitución le otorga. Habría que hablar de solidaridad cuando los criterios económicos que son los que mueven este modelo se tuvieran a la hora de efectuar algunas inversiones que estamos acostumbrados a ver y oír en este país, que tienen dudosa rentabilidad, aunque a lo mejor tengan mayor rentabilidad electoral.
Nuestra posición, insisto, es firme en ese sentido. Nos parece también que no es de recibo que, después de un pronunciamiento mayoritario de esta Cámara, todavía el Ministerio no haya dado respuesta -así es como lo he oído por boca del portavoz de los ayuntamientos- ni siquiera a la primera citación que le cursó el Presidente de Aragón, Emilio Eiroa, ni tampoco se ha pronunciado el Ministerio tras la resolución de las Cortes; nos preocupa. Eso también sería solidaridad y también sería entender que, cuando se pone en tela de juicio la decisión de algunos ayuntamientos, que se adopta por mayoría legal y yo no voy a ser quien lo vaya a discutir, habría que poner en el mismo saco si la Administración central respeta el criterio y la voluntad de sus ciudadanos, expresada a través de sus instituciones como son el resto de los ayuntamientos y, especialmente, estas Cortes.
Termino diciendo a los señores comparecientes que en nuestro Grupo van a encontrar un apoyo, pero no solamente en esta Cámara, lo van a encontrar también en las Cortes de Madrid, en las Cortes Generales, mediante una Interpelación que nuestro Diputado ha formulado al señor Asunción y también un grupo de Preguntas en las que se le van a plantear aspectos, como hemos dicho, de dudosa legalidad, como es el modelo de financiación y qué criterios son los que ahora llevan al Gobierno a cambiar el modelo de instalación penitenciaria.
Además, tengan la seguridad de que las personas de Izquierda Unida, los votantes de Izquierda Unida, los simpatizantes de Izquierda Unida y los miembros de pleno derecho de Izquierda Unida vamos a estar en esa Coordinadora de ciudadanos a título individual, codo con codo, porque entendemos que se está defendiendo también el sistema democrático cuando las instituciones que nos representan, al menos en este caso, se alejan de los intereses y de la voluntad mayoritaria de los ciudadanos; eso no es torpedear la democracia ni es hacer el juego político ni a la izquierda, ni a la derecha, ni al centro. Lo ha dicho el coordinador, el representante de la Coordinadora y lo decimos nosotros también: es democracia real. Y se haría un flaco servicio si en un tema como el que nos ocupa hoy, los dos pilares fundamentales -criterios economicistas para no cumplir con las medidas de reinserción y dudosa legalidad en cuanto a la financiación- no fueran reconsiderados por el Gobierno de la nación.
Vamos a insistir, pues, vía institucional -lo hemos hecho ya-, lo vamos a canalizar desde las instituciones, pero no les quepa ninguna duda de que lo vamos a hacer desde la calle, con los ciudadanos de a pie. Cuenten con ese apoyo y, en principio, como creo que conocen nuestra opinión, sepan también cual es la que tiene nuestro Grupo en Aragón y en el resto del territorio nacional.
Nada más. Muchas gracias por la comparecencia. Animo.
Creo que es muy oportuno y saludable que, después de una Proposición no de Ley, como muchas que tenemos aprobadas, bien por dejación, por falta de respuesta o de agilidad del Gobierno al que le compete en Aragón y también por falta de recepción cuando han sido dirigidas al Gobierno de la nación, que este caso no quede, como en muchos anteriores, en saco roto. Es bueno que, de vez en cuando, estas Cortes sigan recordando lo que votaron en su día y que, por lo menos nuestro Grupo, no ha cambiado de posición.
Les saludo, les animo en esa línea; cuenten con nuestro apoyo. De momento nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE (CONTIN PELLICER): Muchas gracias, señor Martínez, por su intervención. ¿Algún compareciente desea responder al señor Martínez?
El señor VILLAR MARCEN: Querría decir dos palabras de agradecimiento al representante de Izquierda Unida y agradecimiento a Izquierda Unida en sus distintos estamentos, que sepa su Grupo que estamos muy contentos y muy agradecidos -insisto- por el trabajo que están desarrollando, que entendemos que es un papel serio y que valoramos -retroalimentando- la valoración que hacen de nuestro trabajo. Muchas gracias, saben donde nos tienen. Lo que queremos es seguir siendo transparentes como ustedes lo están siendo. En esto, a cada cual hay que darle lo suyo y a Izquierda Unida queremos agradecerle el apoyo que nos están prestando, su coherencia y su valentía.
El señor PRESIDENTE (CONTIN PELLICER): Muchas gracias, señor Villar, tomamos buena nota del agradecimiento a Izquierda Unida. Pasamos a continuación al portavoz del Partido Popular.
La señora DIPUTADA (FIERRO GASCA): Gracias, señor Presidente.
Lo primero de todo, saludarles a todos ustedes, agradecerles que hayan venido a esta Comisión en la que son plenamente protagonistas porque tienen voz, para que les podamos oir, cosa que no pudo ocurrir en el Pleno, donde fue la intervención de los partidos políticos la que les manifestó nuestra manera de sentir y nuestra manera de pensar.
El Partido Popular, desde un primer momento y así lo expresó nuestro Portavoz en el Pleno, no hemos creido conveniente la construcción de esta macrocárcel y casi me atrevería a decir ciudad de los reclusos -y no ciudad de los muchachos-. Si hay a quien no le gusta el término, porque realmente, con esas dimensiones en una población de reclusos, es un término amplio el que se puede utilizar y llamarle verdadera ciudad. Ciudad, por otra parte, que crea temor entre la población de los alrededores. Los que conocemos un poquito de cerca los pueblos, sabemos como todavía se vive allí con las puertas abiertas, cosa que no podemos hacer -desgraciadamente- en las grandes ciudades y ello supondría numerosos peligros para la población, para las familias, para esas industrias que se quieren crear en esa zona, que es una zona, una comarca, como muy bien han dicho, que está en un proceso de expansión importante, con unas posibilidades enormes, con la próxima autovía que se va a realizar
Es una zona, por otra parte, que si bien es cierto que es contigua a Zaragoza, su lejanía impide que los presos puedan tener un tratamiento adecuado por los administrativos que se tendrían que desplazar allí y también por los letrados. Es por ello que esa cárcel no beneficia a nadie y perjudica a todos: al colectivo de los reclusos, al de sus familias, a las familias de la zona y, por supuesto, a los administrativos que también tienen que llegar y asistir allí, por lo que el Partido Popular nos manifestamos en contra.
También quiero agradecerles la postura tan digna que mantuvieron durante el Pleno, pese a oir lo que oían. A veces, cuando las personas nos unimos en colectivos, reaccionamos de una forma que, solos, no lo haríamos y por ello, pienso que la postura en aquel momento fue sumamente correcta; si en algún momento hubo algún conato de algarabía fue rápidamente subsanado y por ello también quiero felicitarles. Por su postura y por su manera de hacer.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE (CONTIN PELLICER): Muchas gracias, señora Fierro. ¿Alguna respuesta por parte de los comparecientes?
El señor ALCALDE de Gurrea de Gállego (TIL MATA): En primer lugar, quiero agradecer la comprensión y la sensibilidad que, en todo momento, me ha constado por el Grupo Popular y, en este caso, por su portavoz en esta Comisión.
Antes, en mi intervención, he nombrado, no he leído, y remarcando más en esta posición que hemos manifestado, tanto por miembros de la Coordinadora como por mí mismo anteriormente, si ustedes me permiten, voy a leer muy brevemente el acuerdo del Colegio de Abogados de Huesca, en lo referente a lo que opina de la instalación de las macrocárceles y en cuanto a lo que ellos consideran que debe ser la solución acorde para este tema. Digo esto porque el Colegio de Abogados algo tendrá que decir y muy cualificada es su opinión en cuanto al tema penitenciario; creo que son los que, de alguna manera, pocas veces disfrutan y casi siempre sufren lo que lleva la cuestión carcelaria.
Entonces, la resolución ésta o estos acuerdos están basados en seis puntos; si ustedes me permiten se los voy a leer. Dice: "Los siguientes puntos son los que, a nuestro juicio, habrían de tenerse en cuenta -es el Colegio de Abogados de Huesca-. Si se trata de dar nuevo acomodo a la población reclusa de la provincia de Huesca, habría que procurar que el nuevo establecimiento no estuviese alejado para evitar el desarraigo social de los penados y que su tamaño correspondiera al número potencial de los que constituyen lo que pudiera denominarse la delincuencia provincial. Es en esa provincia donde deben permanecer y ser rehabilitados"". La instalación de esta cárcel contraviene totalmente el criterio del Colegio de Abogados. Segundo punto: "La población reclusa suele pertenecer a los sectores más desfavorecidos y menos dotados económicamente; el alejamiento de sus familiares ocasionaría a estos un mayor gasto y una dificultad añadida, ante la práctica inexistencia de medios de comunicación públicos hacia poblaciones distintas de la capital"". Veo que está en total sintonía con lo que también hemos manifestado del problema de las distancias.
Tercero: "La ubicación en un punto cercano a la capital aragonesa implicaría un nuevo ataque a un desarrollo armónico de nuestro territorio y a la captación por Zaragoza de una importante fuente de riqueza: suministros, servicios, tanto en relación con el centro penitenciario como con los funcionarios y sus familias; es decir, la economía que todo ello mueve desaparecería de Huesca e iría a parar a aquella ciudad. Cuarto: A fin de que los internos que cumplen en régimen abierto tengan acceso a un puesto de trabajo sin los inconvenientes que el tiempo perdido y los riesgos que cualquier desplazamiento conlleva, el nuevo centro debería localizarse en las inmediaciones de una localidad que posibilitase ese trabajo; por supuesto, esa localidad no está en el bajo Gállego. Quinto: En atención a las peculiaridades del fin rehabilitador y resocializador que se pretende con los destinatarios del establecimiento y a las características de esta provincia, parece lógico adecuar el tamaño a unas dimensiones que permitan un trato más personal y el control de los internos, en lugar de crear un gran establecimiento de enormes dimensiones, que parece corresponderse a los parámetros que rigen en grandes urbes o zonas metropolitanas, pero que no responden a nuestras circunstancias. Sexto: El Ayuntamiento de Huesca ya había adquirido los terrenos adecuados para la ubicación del centro penitenciario que debía sustituir al actual, por lo que parece oportuno destinarlos al fin para el que se compraron"".
"Además de las anteriores consideraciones de tipo general, hay otras más particulares que, aunque afectan al colectivo de los abogados, no por ello han de olvidarse. Si se aleja de Huesca el centro penitenciario, se produce una especial dificultad para nuestra actuación en asesoramiento y defensa de los internos, pues implica un tiempo de desplazamiento que repercute en el resto de nuestras actividades. A ello habrá de añadirse la circunstancia de las exigencias que corresponden al turno de oficio, que prestamos la totalidad de los abogados de Huesca y que no cuenta con la remuneración, por parte de la Administración, de los gastos que el desplazamiento exige"".
"Como resumen de nuestro estudio y fijando nítidamente nuestra posición, el Colegio de Abogados de Huesca estima: a) Que el actual centro penitenciario es inadecuado a los fines rehabilitadores de los internos -creo que ésta sería la principal conclusión-; b) Está de acuerdo con la ubicación en el término municipal de Huesca -es decir, hay una población que pide que le hagan una cárcel acorde para lo que necesita, y aquí se quiere hacer donde no la quiere nadie-; c) Considera que el nuevo establecimiento debe tener un tamaño correlativo a la población reclusa de la provincia de Huesca -no quieren una macrocárcel en Huesca-; y d) Muestra su rechazo a una macrocárcel"".
Todo esto está avalado, y permítanme ustedes porque a veces uno tiene que sentir sonrojo, cuando en la intervención, como se decía en el Pleno de las Cortes, previa a la misma y días antes, se habían producido acuerdos por unanimidad de las Diputaciones Provinciales de Huesca y Zaragoza, donde los plenos de las diputaciones se manifestaron en contra de la instalación de macrocárceles y, aquí, sus presidentes votaron a favor. Permítanme que, como representante de un municipio, en este caso Gurrea de Gállego, y también siendo Diputado provincial, sienta vergüenza ajena por determinadas actuaciones. Esto hay que denunciarlo aquí, y lo digo con el máximo cariño -como diría nuestro Presidente nacional-, sin acritud. Y no es una terminología que a mí me guste utilizar, porque que la verdad es que no es acorde con la voluntad aragonesa. Si el colectivo de abogados está en contra, si los plenos de esos ayuntamientos se han manifestado en contra, porque todos aprobamos mociones en ese sentido, si las diputaciones se han mantenido, si aprobaron en sus plenos una moción en contra del establecimiento de las macrocárceles, si estas Cortes de Aragón, aunque haya sido -y yo lo lamento- por mayoría, se han manifestado en contra, ¿por qué se pretende hacer este atropello que conculca cualquier desarrollo de lo que pueda ser una democracia parlamentaria, que nosotros deseamos para Aragón y para todos los españoles?
Muchas gracias, señora portavoz del Partido Popular; le agradezco su sensibilidad y sepa que todos los ayuntamientos que aquí estamos representados, y permitame que haga de portavoz en este caso de ellos, me consta asimismo y en todo caso, si no, que se me corrija por parte de la Coordinadora, vamos a estar a disposición de todos ustedes, no para crear problemas, sino para tratar de aclarar, para tratar de sensibilizar sobre esto que consideramos un atropello.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE (CONTIN PELLICER): Muchas gracias, señor Til.
Yo agradecería que no se hicieran juicios de valor sobre actuaciones de miembros de las Cortes en estas Cortes, por seguir con la tónica que habitualmente hemos llevado y que espero sigamos llevando todos nosotros.
Tiene la palabra don Andrés Esteban, como portavoz del Partido Aragonés.
El señor DIPUTADO (ESTEBAN SANCHEZ): Gracias, señor Presidente. Gracias alcaldes del bajo Gállego y miembros de la Coordinadora por su comparecencia ante esta Comisión, para darnos información sobre la cárcel a instalar allí, en esa comarca.
Yo creo que si tuviésemos aquí el acta de la Sesión de Pleno en la que se desarrolló esto, con limitarme a leer lo que dije allí creo que sería suficiente, puesto que nuestra posición, la posición del Partido Aragonés no ha cambiado en ese aspecto y lo mismo que manifestamos entonces he de manifestar ahora. Bien es cierto que, ahora que hablamos del Pleno, a título personal no veo la conveniencia de esa afluencia masiva de miembros de la Coordinadora a una institución como las Cortes, no era necesaria, entiendo que no era necesarida aunque he de reconocer el comportamiento exquisito que tuvieron todos ellos.
Independientemente de ese matiz personal, sí que estamos de acuerdo con todo lo que ustedes han manifestado que, como digo, es exactamente lo que en el pleno manifestamos al respecto. Ya la Ley penitenciaria habla de cárceles de 350 internos y lo mismo el Consejo de Europa que hace esa recomendación para llegar a centros penitenciarios de esas dimensiones y aunque sé que se va a decir que ha habido una felicitación al Gobierno español, por parte del Consejo de Europa, por el plan penitenciario, a mí me gustaría ver esa felicitación, puesto que dudo que se pueda tener una idea y, luego, apoyar o felicitar por otra totalmente contraria. En cualquier caso, nosotros no estamos por una cárcel de esas dimensiones.
Aquí se ha hablado de que Huesca ya ofreció los terrenos y está, digamos, deseando tener una cárcel de las condiciones que marca la ley, de unos trescientos cincuenta apróximadamente. En Zaragoza también se habló durante la campaña de quitar la cárcel de Torrero; hay tal extensión de término en el término de Zaragoza -me parece recordar que es el más grande o de los más grandes de España-, hay suficiente extensión como para sacarla del nucleo urbano y hacer otra cárcel con unas condiciones dignas para los internos.
Por tanto, quizás esa podría ser la solución que ambos ayuntamientos propusieron en su momento y que estarían deseando, y no tener que imponer una cárcel de estas características, en una zona donde se ha demostrado por los pueblos, por los ayuntamientos, por las diputaciones provinciales en su momento, aunque es evidente y ya dejé ver esa disparidad de criterios, ya la dejé ver en mi intervención en el Pleno, en cuanto a lo que se vota en las diputaciones y lo que se vota en las ejecutivas de los partidos o lo que se vota en estas Cortes por parte de determinados Grupos.
Por tanto, estamos de acuerdo con lo que se ha dicho: no creemos que exista una ventaja de tipo económico, que son casi las únicas que aducen para instalar esta cárcel, porque pensamos que puede haber un mayor costo en el desplazamiento de los Letrados. Del propio Colegio de Abogados de Huesca nos acaban de leer su impresión; también les recuerdo que hay otro rechazo igual del Colegio de Abogados de Zaragoza, en ese sentido. Incluso, con un centro penitenciario de esta magnitud e instalado en una zona como la que se quiere instalar, hay menos posibilidades de reinserción social de los propios presos.
Estamos de acuerdo con todo lo que han comentado a este respecto. Yo diría que, además, Aragón no tiene por qué tener una carga penitenciaria superior a la carga delictiva que genera. Eso es otro punto que, para mí, sería importante porque si en Aragón se genera una carga delictiva, pues bien, es justo que se tenga una determinada carga penitenciaria acorde con eso. Y si se quiere -como ha dicho el representante o el presidente de la Coordinadora-, si se quiere un porcentaje mayor en aras de esa solidaridad nacional. Pero es que, claro, el concepto de solidaridad nos acojemos a él cada uno cuando nos conviene. Si se va a hablar de solidaridad nacional en el aspecto este, tendríamos que hablar también en cuanto a que las comunicaciones que están eliminando, que están quitando en la provincia de Teruel, a la posible instalación de infraestructuras necesarias en Aragón, al hecho de que Aragón -en su momento- en aras de la solidaridad nacional se quedó fuera del objetivo de los fondos estructurales europeos, y tantos y tantos casos que podríamos estar diciendo. En los casos de solidaridad que se nos indican, cuando se pretende algo, Aragón ha salido perjudicado.
En este caso creo sinceramente que Aragón debe tener la carga penitenciaria que corresponde a su carga delictiva o poquito más. Por eso nos oponemos a esta cárcel, porque no entra dentro de las normas de la propia Ley penitenciaria y de los propios consejos de la Comunidad Económica Europea.
Aparte de todo, hay un hecho que yo entiendo fundamental, y lo digo desde mi perspectiva de que soy de Daroca y hablo con conocimiento de causa: no se ha consultado a los interesados en esta zona y aun no habiendo consultado se ha manifestado la Coordinadora y los ayuntamientos repetidamente en contra de la instalción de esta cárcel; eso es algo que eso se debería de respetar, la voluntad popular, cuando además hay otros ayuntamientos que posiblemente no tuvieran ningún inconveniente en que se les instalasen allí cárceles de otros módulos, acogiéndose a los condiciones.
Repito que no les voy a decir nada más puesto que, en realidad, se dijo todo en el Pleno. Me imagino que ustedes tienen las intervenciones de cada Grupo Parlamentario, supongo que las tienen y, si no, se las podemos hacer llegar. Allí se dejó bien patente lo que cada Grupo piensa. Ustedes son conocedores, puesto que la Coordinadora se ha entrevistado ya con el Presidente de la Comunidad Autónoma, creo que al menos dos veces, pero existe bien clara la opinión del Gobierno de Aragón con respecto a eso y con respecto a la instalación de la macrocárcel, por el comunicado que se hizo público y está en todos los medios de comunicación, y en el cual incluso se hace mención, en su cuarto punto, a la carta que se envió al Ministro de Justicia para una entrevista para hablar del tema, de la que, como aquí se ha dicho, ni siquiera se ha recibido respuesta.
Por tanto, estamos con ustedes. Lo cierto es que, a fuerza de ser realistas, desde aquí poco más podemos hacer que manifestarles nuestro apoyo, manifestar al Ministerio de Justicia el rechazo de estas Cortes a que se instale esta cárcel en el bajo Gállego; aunque me da la sensación de que el Ministro tiene tomada ya una decisión y va a ser muy difícil hacérsela cambiar. No obstante, que ustedes sigan en ese empeño, inténtenlo, sigan intentándolo porque, en ese empeño, tanto desde el Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, como desde el Gobierno de la Comunidad Autónoma tengan la seguridad de que vamos a hacer también todo lo posible y hasta lo imposible para que esta decisión del Ministerio pueda revocarse, y se pueda llegar a una solución factible que deje contentos o deje, por lo menos, medianamente satisfechos a ayuntamientos que sí que quieren la instalación de otros módulos de cárcel y deje satisfechos a todos los vecinos de toda la zona del bajo Gállego, en cuanto a que no se instale allí. Una cárcel que, realmente, no les va a producir ningún beneficio -ya les digo que soy de Daroca y sé lo que digo-, no vamos a entrar en detalles porque no es ése el caso, y sí que puede causarles, en el futuro, algún tipo de molestias o de incordios de tipo vencinal y de tipo de estabilidad social.
Repetirles, una vez más, nuestro apoyo y agradecerles que hayan venido a darnos estas explicaciones. Gracias.
El señor PRESIDENTE (CONTIN PELLICER): Muchas gracias, señor Esteban. Señores comparecientes...
El señor VILLAR MARCEN: Simplemente dos palabras. Una de ellas, sólo es una frase, es que nuestra presencia, respetando su opinión, nuestra presencia en el Pleno creemos que era saludable. Es bueno que los ciudadanos, cuando se trate de un tema que les inquieta, presencien el debate en el que sus representantes consideran este problema, siempre dentro del respeto a la institución y del respeto parlamentario; creemos que fue así. En ese sentido, ése es nuestro punto de vista.
Por otro lado, agradecer también al PAR, igual que al resto de los partidos políticos integrantes del espectro que entiende y acoge nuestros planteamientos, agradecerles su apoyo y hacer una reconsideración acerca de la tristeza que nos produce que una Comunidad como la nuestra tenga tan poca capacidad de acceso al centro de decisión del Estado. Me gustaría recordar que en otros casos, también a nivel del Estado, ha existido una capacidad mayor; hay que recordar el caso de Anchuras, donde el Presidente de la Comunidad Autónoma se puso al frente. ¡Ojo!, también aquí don Emilio Eiroa se ha puesto al frente, pero allí se consiguieron cosas. No vayamos a dudar de nuestra escasa capacidad, vamos a utilizarla y en sentido es nuestra colaboración estrecha, insisto, nuestra colaboración con la DGA a nivel de la elaboración de ese informe que pueda servir como base del diálogo planteado y ofrecido públicamente por don Antonio Asunción, como he comentado antes. Sí que es triste que tengamos la capacidad limitada, pero no vayamos a quedarnos en esas lamentaciones, vamos a utilizar la poca o mucha que podamos tener y vamos a ver hasta dónde, razonablemente y por vía cívica, podemos llegar.
Nada más que agradecerles.
El señor PRESIDENTE (CONTIN PELLICER): Señor Esteban.
El señor DIPUTADO (ESTEBAN SANCHEZ): Gracias, señor Presidente.
Simplemente, ya que me da pie, no quiero perder la oportunidad de decir que otras Comunidades Autónomas tienen alguna competencia en instituciones penitenciarias, como es Cataluña, y que no dude de que el Presidente de la Comunidad Autónoma va a estar al frente en todo lo que se pueda hacer. Pero si no podemos hacer más es porque nuestro Estatuto no nos lo permite; de ahí la insistencia del PAR de insistir siempre en la reforma del Estatuto. Como me ha dado oportunidad, lo vuelvo a decir.
El señor PRESIDENTE (CONTIN PELLICER): Muchas gracias. Doña Begoña Sancho tiene la palabra.
La señora DIPUTADA (SANCHO ANTONIO): Buenos días.
Lo primero de todo, dar las gracias a todos los comparecientes en esta Comisión, tanto a los distintos ayuntamientos, supuestamente implicados, como a la Coordinadora. Hemos tomado buena nota de todo lo que aquí se nos ha transmitido, hemos tomado nota tanto de las diferentes posturas o de las iguales posturas entre ayuntamientos y esta Coordinadora, como de los sentimientos, porque también nos han expuesto sentimientos, y los uniremos con lo que se nos ha ido aportando también por parte de las distintas instituciones y por parte de los distintos colectivos sociales, para conformar, por nuestra parte, una opinión global, una opinión objetiva y, en lo que pueda ser, responsable.
Una vez conocidas, como digo, estas diferentes posturas que, evidentemente, comportan también intereses diferentes, opiniones contrapuestas, tanto -como decía- de los colectivos, como de los diferentes niveles de la Administración, entendemos que es muy difícil aportar o adoptar una solución que contente a todo el mundo, cuando estos intereses son contrapuestos; pero también entendemos que, por supuesto, hay que oir a todos los sectores implicados y, luego, hacer -como digo- una valoración global.
El Grupo Socialista solicita a la Mesa de esta Comisión que solicite del Defensor del Pueblo el informe que ha elaborado sobre la situación penitenciaria en España porque, como digo, queremos saber la opinión de todos y uno de los implicados son los reclusos.
Por mi parte, nada más.
El señor PRESIDENTE (CONTIN PELLICER): Muchas gracias, señora Sancho. ¿Algún compareciente quiere hacer uso de la palabra?
El señor ALCALDE de San Mateo de Gállego (BANDRES GAUDO): Bien. Pocos argumentos me parecen, de momento, en la parte correspondiente al Partido Socialista Obrero Español, pero ya es algo que, al menos, intenten oir y, de hecho, hayan escuchado nuestros razonamientos, que intenten, de alguna forma, hacer un informe colectivo; pero mucho me extrañaría que los informes no sean contradictorios. A mí me gustaría saber qué informes tiene el Ministerio de Justicia -nosotros no los vimos-, tanto de presos como de colectivos de abogados, Jueces para la Democracia, etcétera que sean distintos a los que ahora mismo nosotros tenemos.
Yo más bien pienso que la actuación, hasta este momento, del Partido Socialista en Aragón se ha limitado a magnificar un proyecto, que ya nos lo magnificaron en la Delegación del Gobierno y ya era suficiente la magnificación, en el que priman dos objetivos: uno es la minimación de costes, minimizar los costes y el otro que, por simplista, ni siquiera se atrevió a esgrimirlo el portavoz en aquel momento, cual es la equidistancia entre Huesca y Zaragoza. Frente a esto, insistimos una vez más en los problemas que conlleva un centro penitenciario de esta envergadura, fundamentalmente su masificación que va en contra, radicalmente, de la reinserción y el alejamiento del interno del entorno familiar o del polo positivo -vamos a decirlo de alguna manera-, de las personas que le pueden influir favorablemente en esa reinserción.
Entendemos, y así nos consta por informes pedagógicos que tenemos, que la reinserción se produce por dos conductos: por la educación, por el educador y por la influencia externa. El educador, en un porcentaje muy alto, desgraciadamente, el preso lo rechaza, y queda solamente, y fundamentalmentalmente, lo que es la influencia externa de su núcleo positivo, de su familia, de sus amistades, de aquellas personas que pueden influir favorablemente. Esto, lógicamente, al alejarlo de sus sitios de origen, al alejarlo de su residencia habitual, cuanto más se aleje, más se produce una distorsión.
Por otra parte, insisto también en que rompe los esquemas de desarrollo de cualquier comarca, no de ésta, sino de cualquier comarca y de esta más, porque es una comarca, como hemos repetido muchas veces, en expansión. Aquí quiero rectificar breve y cariñosamente al Alcalde de Gurrea, que decía antes que en mi localidad, concretamente, había una previsión de quinientos chalés. Esto es incierto; hay quinientos chalés construidos y la previsión es de mil quinientos más, con lo cual estamos previendo que aquello puede ser una de las zonas residenciales más importantes, no de la provincia sino de Aragón.
Yo pienso que, aquí, todos los Grupos, todas las personas, todos los colectivos se tendrían que hacer tres preguntas consecutivas: la primera sería un no rotundo a un establecimiento de esta envergadura, por los problemas que he dicho antes. El segundo sería el planteamiento de si ese establecimiento sería procedente para Aragón, con la cantidad de reclusos que hoy tiene, que caben en Daroca; es decir, si actualmente hay en Aragón dos mil plazas penitenciarias más o menos y tenemos seiscientos setenta, ¿para qué queremos aumentar esa capacidad de instalación de reclusos en nuestra Comunidad Autónoma?, para que vengan, ¿de dónde?, ¿del País Vasco?, ¿de Canarias o de Andalucía?; pienso que Aragón ha demostrado suficientemente su solidaridad en todos los sentidos. Y, por último, apelo también, si no -desgraciamente- a las competencias en materia penal, sí a las competencias de la Diputación General en materia de Ordenación del Territorio para que, en definitiva, se estudiara, si las dos cuestiones anteriores nos llegaran a convencer -que lo dudo- por los informes que tenemos, en todo caso, dónde habría que poner un establecimiento de este tipo, dónde habría una alternativa que, realmente, complicará menos las cosas y que estorbara menos.
Muchas gracias.
El señor SECRETARIO (USON EZQUERRA): Gracias, señor Bandrés.
Yo sugeriría que, dado que se ha debatido suficientemente todos los planteamientos, probablemente deberíamos entrar en el turno de intervención de los Diputados. De todas formas, con la petición que me plantean, la Presidencia, generosa, accede.
La señora DIPUTADA (SANCHO ANTONIO): He evitado dar argumentos porque los expusimos absolutamente todos en el Pleno, entonces no tengo nada más que añadir a los argumentos, a los cuales apoyo, evidentemente, como portavoz del Grupo Socialista en esta Comisión.
Por otra parte, entiendo que esto es una Comisión de Derechos Humanos, no es un Parlamento nacional y muchas veces en esta Comisión se confunden los escenarios. Yo a veces, como decía Pilar en la anterior Comisión, a veces me voy a casa un poco descorazonada porque aquí no se tratan, no se debaten cosas que se tienen que debatir. Esto no se puede convertir en un debate político nacional, es una Comisión de Derechos Humanos en la que todos los Grupos que estamos aquí, estamos para escuchar las inciativas que se nos proponen y para escuchar todo lo que atente contra esos derechos; se llama de Peticiones y de Derechos Humanos. No he intentado dar ningún argumento político porque esos argumentos se han dado ya en la Cámara.
Nada más.
El señor SECRETARIO (USON EZQUERRA): Tiene la palabra el señor Bandrés.
El señor ALCALDE de San Mateo de Gállego (BANDRES GAUDO): Pero, contrariamente, yo sí que he expuesto aquellos derechos humanos contra los que atenta directamente un establecimiento de este tipo y no se me ha contestado por su parte, Señoría. He dicho los problemas que tiene de masificación; los problemas que tiene de alejamiento del preso de su entorno familiar, por conseguiente de su dificultad de reinserción; he explicado los problemas que tiene la comarca, que también son derechos humanos los que tenemos quienes vivimos alrededor. En fin, todos esos son derechos que se ven seriamente perjudicados y, entonces, la contestación no me parece que se coordine.
El señor SECRETARIO (USON EZQUERRA): Gracias, señor Bandrés. Por favor, seamos rigurosos en cuanto a las expresiones de cada uno; le rogaría que fuese lo más claro posible.
El señor VILLAR MARCEN: Yo quiero ser breve, gracias.
He oído una cosa, que dice que se ha oído a todos los sectores a la hora de elaborar este proyecto. Yo creo que, aquí, los sectores son los presos, son los educadores, son los funcionarios y es el entorno. A los presos difícilmente se les ha consultado, primero porque los presos no están articulados en asociaciones, nosotros sí que hemos contactado con alguna, pero a nivel nacional no; a los educadores tampoco se les ha consultado; a los funcionarios nos consta que tampoco se ha consultado, hemos hablado con los tres sindicatos de funcionarios; y al entorno, evidentemente, no se nos ha consultado.
En la Coordinadora, sin embargo, sí que hemos procurado oir a todos. En la fase anterior nos reunimos con todos esos colectivos, hemos recibido declaraciones, manifestaciones y hemos establecido contactos con todos ellos; incluso hemos iniciado un ciclo de charlas-coloquio el viernes pasado. Nos pareció muy oportuno y, además, absolutamente necesario que la primera charla fuera sobre la situación dentro de las prisiones, con lo cual tocamos una asociación de defensa y denuncia de las vulneraciones de los derechos, dentro de las cárceles, y vino también el capellán de la prisión de Daroca. Evidentemente nosotros ahí sí que tenemos contactos, los funcionarios insisten que también y al entorno no se nos ha consultado.
Yo no sé a qué sectores habrá oído la Administración central para elaborar este tipo proyecto. Pensamos, sin embargo, que sí que está muy claro lo que decía el representante de Izquierda Unida: que los criterios son absolutamente economicistas y siguiendo pautas de criterios de ubicación de empresas. Y, ¡ojo!, que la ubicación de empresas busca la máxima rentabilidad por distintos caminos, uno de ellos, efectivamente, sería la minimización de costes, pero buscar una rentabilidad en pesetas de centros penitenciarios, a mí me parece atentatorio contra, precisamente, los derechos humanos.
Eso era todo lo que quería decir.
El señor SECRETARIO (USON EZQUERRA): Gracias, señor Villar.
Yo creo que hemos agotado suficientemente el turno de intervención de los respectivos portavoces. Vamos a pasar a la intervención de los distintos Diputados, a las preguntas concretas por parte de los diferentes Diputados. Agradecería que, con anterioridad, manifestasen qué Diputados quieren hacer alguna pregunta.
Tiene la palabra, señora Sancho.
La señora DIPUTADA (SANCHO ANTONIO): No sé qué información tendrá usted para afirmar que los funcionarios no han estado presentes en la comisión interdepartamental. Los funcionarios han estado presentes en la comisión formada para la elaboración de los estudios de esta cárcel.
En segundo lugar, creo que el Gobierno, ante esto, tiene dos salidas: una, la responsabilidad; otra, el populismo. Creo que éste es un Gobierno responsable. ¿Cualquiera de ustedes cree que el Gobierno no ha tenido en cuenta todos estos argumentos que han esgrimido aquí para hacer lo que está haciendo?, ¿que no ha tenido en cuenta absolutamente ninguno?
El señor SECRETARIO (USON EZQUERRA): Doña Begoña, lo siento, pero ha propiciado usted el reabrir de nuevo el debate. Por lo tanto, tiene la palabra el señor Bandrés.
El señor ALCALDE de San Mateo de Gállego (BANDRES GAUDO): Algo me ha dicho usted de populismo y de, lo que es lo mismo, la fuerza de los votos. Yo creo que al Partido Socialista le interesa más enfrentarse a un colectivo de ocho mil personas que a un colectivo de ochocientas mil. Eso quizá sea una de las cuestiones, pienso yo.
Yo no le he dicho a usted que no hubieran participado en la mesa de la negociación, lo que he dicho es que no habíamos visto esos informes. Por lo tanto, si se nos demuestra que, efectivamente, hay informes de ese colectivo que nosotros no tenemos y están en contra, bueno, pues habría que pensar que están diciendo por un lado una cosa y por otro lado otra.
El señor SECRETARIO (USON EZQUERRA): Gracias, señor Bandrés. Reitero una vez más: ¿algún Diputado quiere hacer uso...? Por favor, que lo manifiesten. José Antonio Martínez.
El señor DIPUTADO (MARTINEZ VAL): Gracias, señor Presidente. Solo y exclusivamente para una pregunta, porque yo creo que mi exposición ya ha sido suficientemente extensa.
En aras a que estamos interesados en que la iniciativa se mantenga, como hasta ahora la han mantenido y la han llevado desde las instituciones locales y desde la propia Coordinadora, la pregunta que les hago está dirigida más bien hacia la Coordinadora, aunque, solapadamente, por la intencionalidad que le voy a dar, cada uno de los miembros que representan a una institución son, fundamentalmente, representantes también de partidos políticos, creo que es interesante para ellos. ¿Piensan llevar alguna propuesta, directamente como Coordinadora -indirectamente ya no lo puedo preguntar, porque eso obedece a la disciplina de cada partido-, a las corporaciones de Zaragoza y de Huesca -me refiero a las dos ciudades-, tendentes a que los ayuntamientos respectivos se pronuncien sobre la necesidad de reconvertir las viejas cárceles que existen tanto en Huesca como en Zaragoza, en Torrero?, en esa línea en la que, en nuestro caso, coincidimos y, por la impresión que yo he sacado de la Coordinadora, el de sustituir las viejas instalaciones por otras modernas, imprescindibles y necesarias, pero dentro de los términos municipales donde hoy están y, además, de las dimensiones adecuadas para las necesidades de Huesca, ciudad y provincia, y de Zaragoza. ciudad y provincia. Por lo tanto, si piensan hacer esas iniciativas de una manera, como creo que una Coordinadora de ciudadanos puede llevar, sin más que un deseo de voluntades a las que, presumiblemente, las fuerzas políticas puedan adherirse o no.
Esa es la pregunta en concreto.
El señor SECRETARIO (USON EZQUERRA): Gracias, señor Martínez. El señor Bandrés tiene la palabra.
El señor ALCALDE de San Mateo de Gállego (BANDRES GAUDO): Efectivamente, como antes he señalado en mi intervención, es la alternativa que, precisamente, propone la Coordinadora. Contamos ya con la base de que la ciudad de Huesca, la Alcaldía de Huesca está en esa línea y desea esa solución; falta entrar en implicar en esta solución al Ayuntamiento de Zaragoza. Pensamos que sí, que la solución tiene que ir por ahí. Por supuesto, y vuelvo a insistir -ésta es la Comisión de Derechos Humanos-, pensamos que la solución tiene que estar absolumente adoptada por las dos capitales, tiene que estar absolutamente adaptada a la modernidad y con unas instalaciones dignas. Pero, desde luego, la solución es precisamente ésa, que la Alcaldía de Huesca y la Alcaldía de Zaragoza se vinculen a esta solución y faciliten que esta solución sea un hecho. Desde luego, nosotros nos estamos moviendo en esa dirección y en esa dirección vamos a seguir moviéndonos.
El señor SECRETARIO (USON EZQUERRA): Gracias, señor Bandrés. Tiene la palabra el señor Til.
El señor ALCALDE de Gurrea de Gállego (TIL MATA): Apuntando en esta línea, como decía José Manuel Villar, el Ayuntamiento de Huesca ya ha tomado esa posibilidad, inclusive se ha manifestado por las calles. En cuanto al Ayuntamiento de Zaragoza, he de decir que yo mantuve una entrevista con su Alcalde la semana pasada y el Alcalde de la ciudad de Zaragoza lo que está es por buscar una solución acorde, o por lo menos lo que a mí me manifestó en presencia de otros alcaldes, buscar una solución para su problema de Zaragoza, que es lo que le preocupa fundamentalmente. Pero aún voy a ir más lejos: en su día, en la reunión que tuvimos los alcaldes con el Delegado del Gobierno, el Delegado del Gobierno nos decía que prefería la instalación de la cárcel en su pueblo, en Fuentes de Ebro, en vez la SAICA; con que ése será el camino a seguir, en todo caso, podían empezar por ahí primero.
Muchas gracias.
El señor SECRETARIO (USON EZQUERRA): Gracias, señor Til. Tiene la palabra el señor Gomáriz.
El señor DIPUTADO (GOMARIZ GARCIA): Gracias, señor Presidente. Señorías, señores intervinientes.
Yo legitimo, en un principio, su presencia aquí. Perdonen la pregunta que voy a hacer en un momento; hay un hecho muy claro: que vivimos en una sociedad que genera presos y, si genera presos, hace muy bien el Gobierno central en crear cárceles, en principio tiene que crearlas, como también tendría que poner los mecanismos suficientes para solucionar otras cosas. Si genera presos es porque ha puesto mecanismos para que haya presos, recordemos la drogodependencias, las drogas, etcétera, cantidad de cosas que no vamos a enumerar aquí y ahora. Estamos en una sociedad donde los papeles de la educación se han invertido; a mí me ponen nervioso cuando ustedes hablan de educadores en las cárceles, los educadores tienen que estar antes de ir a la cárcel y recuerdo aquel principio socrático: fuera cárceles porque hay educación. Estamos en un país en el que, si no hay educación, no hay cultura y, si no hay cultura, lógicamente habrá mayor nivel de delincuencia. Pero esto, transmitido a nuestra Comunidad que es la que nos interesa, nuestra Comunidad es de las menos conflictivas. ¿Creen ustedes -y ésta es la primera pregunta- que merecemos ese trato de reunir aquí centros penitenciarios cuando somos los que menos presos generamos? Es una pregunta. Otra: ¿creen que no hace falta la suficiente fuerza, y en eso la coordinadora ha mostrado esa gran sensibilidad de oponerse a esa presión que ejerce el Gobierno central sobre el Gobierno autónomo de nuestra Comunidad? Y, tercera, ya en un terreno pragmático; aquí nos encontramos, por lo que veo, con cinco alcaldes y el presidente de la Coordinadora, no sé, yo pienso... una macrocárcel en Zuera, en este caso me puede responder cualquier alcalde, pero, vamos, tengo ahora en mi mente Zuera y San Mateo de Gállego que están muy cerquita, ¿en qué afecta el hecho determinante de la construcción de una macrocárcel en Zuera a los pueblos vecinos? Por supuesto, ni la quiero en Zuera -y en esto comulgo con el principio de Izquierda Unida-, ni la quiero en Zuera, ni la quiero en ninguna Comunidad Autónoma, pero hay un hecho irreversible: que hay presos, cada vez más, tiene que haber cárceles. En el caso de que fuese en Zuera, ¿en qué medida repercute en los pueblos vecinos? Aquí hay alcaldes para contestar a ello y, por supuesto, no voy a hacer mención de los que no están, sí que noto la ausencia de algún alcalde que sería muy importante que estuviese sentado con vosotros, puesto que en un principio fue el detonante de esta situación.
Gracias, señor Presidente.
El señor SECRETARIO (USON EZQUERRA): Gracias, señor Gomáriz. Tiene la palabra el señor Bandrés.
El señor ALCALDE de San Mateo de Gállego (BANDRES GAUDO): Muchas gracias, Señoría.
Voy a empezar contestándole a la primera pregunta, ya que se ha quedado contestada, en el sentido de que, efectivamente, tenemos muy poca delincuencia. Ya hemos dicho aquí reiteradamente que los presos que tenemos actualmente en la población penal de Aragón caben en Daroca, por lo tanto, con eso está prácticamente demostrado. Creemos, como lo deben de creer las Cortes, la Comunidad Autónoma y todos los colectivos de Aragón, que aquí no hacen falta más cárceles y, por supuesto, si en lugar de más cárceles hubiera más y mejores educadores, todavía sería mejor porque esa población iría descendiendo. Puedo contestarle en lo que afecta a nuestra comarca y por lo que a mí respecta; le contestaré incluso por lo que respecta al Ayuntamiento de Zuera, ya que su Alcalde no está aquí, me permito contestarle de alguna forma por él, puesto que nosotros tenemos planteamientos conjuntos en algún concepto, ahora va a ser mucho más difícil, lógicamente, porque se han distorsionado, de alguna manera, los temas comarcales. Puedo decirle, como le decía antes, que en San Mateo hay una previsión total de mil quinientos chalés en una zona de noventa y siete hectáreas que estamos preparando, ultimando el plan parcial; que tenemos un polígono que está a punto de terminarse; que tenemos treinta y dos empresas a punto de instalarse en San Mateo; que Zuera tiene un polígono industrial actualmente, el polígono del Campillo, y que está iniciando la construcción de un segundo polígono, todavía mucho más próximo que el Campillo a esa cárcel y que, desde luego, la cárcel es un elemento distorsionador y choca contra cualquiera de estos planteamientos de futuro, tanto la previsión de instalación de empresas como la instalación de gente pacífica a su alrededor, como segunda vivienda.
El señor SECRETARIO (USON EZQUERRA): Gracias, señor Bandrés. Tiene la palabra el señor Villar.
El señor VILLAR MARCEN: A mí me gustaría contestar también un poco a algunos aspectos. La primera pregunta es si merecemos o no ese trato de traer aquí ese centro. Incluso le diría que no es si merecemos o no merecemos; aquí hay que respetar lo que dice la ley y la ley no dice eso, entonces, entrar en consideración de merecimientos a mí me parece que es salirse del tema, el tema es que la ley no marca eso.
En cuanto a las relaciones del Gobierno central y la DGA, y la colaboración, ahí no quiero entrar, es un ámbito político y esta Comisión es de Derechos Humanos. Y respecto a la repercusión en la comarca, sobre si puede afectar al derecho que puedan tener los ciudadanos a plantear su futuro, simplemente les remitiría a quien primero hizo una argumentación en este sentido, que fue el Ayuntamiento de Zuera, por unanimidad y suscrito, lógicamente si es por unanimidad, por su Alcalde, en el manifiesto del 23 del doce del 91, donde se argumentaban todo tipo de afecciones sobre la comarca y, en ese momento, sobre el municipio, todo tipo de afecciones sobre el municipio, a la instalación de este centro. Yo creo que, simplemente, remitiéndonos a las argumentaciones de nuestro Alcalde es suficiente.
Gracias.
El señor SECRETARIO (USON EZQUERRA): Bien, muchas gracias.
Aprobado el primer punto del Orden del Día, solamente nos queda aprobar... Perdón, perdón, creí que anteriormente no habían solicitado la palabra. Por supuesto, don Simón, que tiene la palabra.
El señor DIPUTADO (CASAS MATEO): Gracias, señor Presidente.
Sin poner, por supuesto, en cuestión el derecho de cualquier colectivo a organizarse, a opinar y a luchar por lo que considera justo, con el debido respeto a las instituciones, la pregunta es muy sencilla, se la haría al señor Puyuelo, representante de la Coordinadora: ¿Considera usted que el Gobierno representa a la voluntad mayoritaria de los españoles, de la Nación, en este momento? Y, en todo caso, ¿qué capacidad de acción le otorga la Coordinadora al Gobierno para diseñar su política penitenciaria?
Gracias, señor Presidente.
El señor VILLAR MARCEN: Vamos a ver, primero quiero aclarar que no soy el señor Puyuelo, el señor Puyuelo es el Alcalde de mi pueblo, yo me llamo José Manuel Villar. Salvado este lapsus, lo que quiero decir es que la representatividad que tiene el Gobierno central, contrastada a través de unas elecciones generales, es total. También habría que decir que el Gobierno central tiene que tener un grado de responsabilidad y de vinculación hacia su programa electoral, en el cual no figuraba y no se expuso detalladamente este proyecto penitenciario. En cuanto a capacidad de acción de la Coordinadora, yo creo que tenemos toda la que nos permite la ley y, en ese sentido, tengo que volver a subrayar qué es lo que estamos haciendo: estamos utilizando el margen que deja la ley a la acción ciudadana, estamos, de alguna manera, colaborando y compareciendo ante las instituciones políticas y, en ese sentido, pienso que está muy clara la representatividad del Gobierno y la nuestra.
En cuanto a la capacidad que tiene el Gobierno para diseñar su proyecto penitenciario, lógicamente, ahora la tiene toda. También, volviendo a lo que decía su compañera de Grupo, debe considerar el Gobierno, a la hora de diseñar eso, la sensibilidad que produce ese diseño en los colectivos implicados y en la comarca, en este caso en concreto; ¡ojo!, que estamos hablando de un proyecto a nivel de Estado, pero ahora descendemos al caso concreto de la comarca y no se ha consultado a nadie. Incluso podría hacer referencia a las declaraciones del señor Asunción y del señor Mansilla que nos transmitió nuestro Alcalde, nuestro Alcalde nos dijo, al principio, en la primera entrevista, que el señor Asunción había dicho que la cárcel no iría a ningún sitio donde no se quisiera que estuviera; o nos mintió el Alcalde o aquí pasa algo, pero nos lo dijo. Efectivamente, si la cárcel no va a ir a ningún sitio donde no se quiera, me parece evidente donde no se quiere, este caso concreto. Por otro lado, el Gobierno y también el señor Asunción han declarado después que ya estaba previsto que hubiera una oposición, estaba previsto no estaba contrastado, que hubiera una oposición al centro. ¿Qué grado de consulta o qué grado de sensibilidad es ése con el sentir ciudadano? Yo no lo entiendo, no lo entiendo porque, seriamente, no hay quien lo entienda. Esta es la opinión de un ciudadano y es la opinión contrastada con una Coordinadora que, vuelvo a insistir, aglutina a la práctica totalidad de la población de la comarca, a la práctica totalidad.
El señor PRESIDENTE (CONTIN PELLICER): Muchas gracias, señor Villar.
