La presa política del PCE(r) Isabel Aparicio, salió el sábado 23 de la cárcel de Brieva (Ávila), en conducción a la cárcel de destino de Zuera, en Zaragoza. Estos días se encuentra en la de tránsito, en Soto del Real, Madrid. Se encuentra enferma, con varias operaciones quirúrgicas en demora tras demora.
PRES.O.S. Comités por un Socorro Rojo Internacional. - 24 junio 2012.
Pastoral Penitenciaria tuvo su Asamblea de Primavera el sábado día 9 de junio en la parroquia Santa María Madre de la Iglesia en el barrio de la Almozara, siendo un día de comunión, formación y coordinación. La Delegada Episcopal, Monserrat Rescalvo, nos envía la siguiente crónica.
La jornada comenzó a las 9.30 horas con la Eucaristía presidida por el capellán de la cárcel de Zuera, padre Ángel Jiménez. A continuación tuvo lugar una explicación teologico-artística del retablo del templo de Santa María Madre de la Iglesia, perteneciente a la Parroquia de Nuestra Señora del Rosario: una gran catequesis materializada a través de la técnica del mosaico realizada por el padre Rupnik.
Seguidamente Manuel Becerril, Director del C. P. de Daroca, informó sobre una de las posibilidades contempladas en el vigente Código Penal que evita el ingreso en prisión es el Trabajo en Beneficio de la Comunidad (TBC). Se ha firmado un protocolo de intenciones entre la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias y el Arzobispado de Zaragoza para el cumplimiento de los TBC en Instituciones de Entidad Diocesana, donde la Delegación Episcopal de Pastoral Penitenciaria hace de interlocutor del Arzobispado de Zaragoza con la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, con apoyo de la Delegación Episcopal de Cáritas Diocesana.
Se trata de una pena privativa de derechos cuya imposición requiere el consentimiento del penado y le obliga a prestar su cooperación no retribuida en actividades de utilidad pública, lo que se traduce a través de la correspondiente sentencia, en la imposición de determinado número de jornadas de trabajo. Esta contribución de tipo social puede prestarse en horario de mañana, de tarde, de noche, de lunes a viernes, en fin de semana, a diario, de forma alterna.
Las sanciones y medidas penales alternativas, de las que el TBC forma parte, tienen como objetivo final la reeducación y reinserción social de aquéllos a los que afectan. Se trata de actividades de tipo complementario, no remuneradas, que no sustituyen puestos de trabajo ni compiten con el mercado laboral y que deben compaginarse con las obligaciones laborales de quien cumple la medida.
La jornada terminó con la valoración, evaluación de las actividades y encuentros que Pastoral Penitenciaria tiene a lo largo del curso e información de la vida diaria que afectan a todos los voluntarios.
ARCHIZARAGOZA - 18 junio 2012
Francisco Múgica Garmendia, «Pakito», uno de los tres integrantes del colectivo «Artapalo», que cumple condena en la cárcel de Zuera (Zaragoza), ha comentado a personas que han ido a visitarle que ETA no va a desaparecer nunca y que sus militantes no pedirán perdón. Por si era poco, añadió que las armas jamás las entregarán (como mucho, las destruirán, pero tampoco ha dado ninguna seguridad de ello). Y sobre la petición que han hecho los partidos democráticos de que la banda se disuelva, no plantea para él mayor problema, ya que al día siguiente de anunciar su desaparición podrían volver a organizarse.
Sin arrepentimiento
Según han informado a LA RAZÓN fuentes conocedoras de este asunto, este individuo, que permanece dentro de la disciplina del Colectivo de Presos (el EPPK, por sus siglas en euskera), no ha mostrado el más mínimo arrepentimiento, pese a estar en una cárcel a la que, en teoría, al menos durante el Gobierno socialista, eran enviados los reclusos considerados «blandos» o «posibilistas».
«Pakito», junto con José Luis Álvarez, «Txelis» (que se arrepintió y volvió a abrazar la religión católica) y José Arregui, «Fiti», formaban el colectivo «Artapalo», que dirigió una de las etapas más sanguinarias de ETA, hasta que fue desarticulado el 29 de marzo de 1992, en una operación de la Guardia Civil dirigida por el entonces teniente coronel Enrique Rodríguez Galindo. Los tres etarras decidían, en un caserío de Bidart (Francia), los atentados que la banda cometería ese año.
Nadie lo sabe
Múgica reconoce que nadie en ETA sabe a ciencia cierta cuántas armas tienen, por lo que es imposible, aun el caso de que así se acordara, garantizar que el desarme es total. Es decir, que cuando la propia banda lo propone a cambio de que las Fuerzas de Seguridad y los Ejércitos salgan del País Vasco y Navarra y los presos sean acercados, como paso previo a su excarcelación, habla de algo que no controla. De ahí a que surjan «escisiones» interesadas para mantener la tensión y el miedo contra los que no sean independentistas, sólo hay un paso, según las citadas fuentes.
«Pakito» comenta también que el «proceso» no va con el ritmo que ellos esperaban (aunque ETA haya anunciado el cese definitivo) y confía en que una victoria de Amaiur y el PNVen las elecciones autonómicas pueda dar el impulso definitivo, junto con la presión internacional sobre los gobiernos de España y Francia.
El que fuera jefe del «aparato militar» se jacta de que el éxito obtenido por Bildu y Amaiur, gracias a su legalización por el Tribunal Constitucional, ha dejado descolocado al Gobierno (sin duda, se refiere al del socialista Rodríguez Zapatero, que fue cuando ocurrieron estos hechos). Según su teoría, trataban de impedir la reorganización de la «izquierda abertzale» y de «crear tensión entre los presos y sus familiares». A este respecto, subraya que la trampa que les pretendían tender se ha vuelto contra los que la idearon. También se muestra contrario a pedir perdón. Culpa de que el proceso no avance a las asociaciones de víctimas y a un sector de extrema derecha que, según él, hay en el Partido Popular.
Múgica se muestra convencido (como otros muchos reclusos, por los mensajes interesados que reciben del exterior), de que el Ejecutivo, al final, cederá de alguna manera por las presiones que sufre, tanto a nivel de España (nacionalistas y socialistas) como a nivel internacional (a través del entramado que ha montado el abogado surafricano Brian Currin). Por eso, recomienda paciencia, tranquilidad y no dar pasos en falso. Los presos, según «Pakito», saben que no va a haber una amnistía general (porque no la puede haber, al estar prohibida por la Constitución) y que todos no van a salir de la cárcel a la vez, pero cree que se pueden articular las medidas necesarias para que obtengan la libertad. Y que, al final, así se hará.
El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha elevado de 12 a 15 años de cárcel la pena para Santiago Domínguez por el asesinato de Antonio Jiménez en la cárcel de Zuera, en febrero del 2010. Los magistrados han dado la razón --al menos en parte-- a la Fiscalía y a los familiares de la víctima, representados por la letrada Olga Oseira.
En su recurso a la sentencia de la Audiencia Provincial, consideraban que el jurado se equivocó al apreciar la atenuante de arrebato u obcecación, que rebajó la pena impuesta a Domínguez, para el que pedían 20 años. El tribunal considera, efectivamente, que no hay arrebato que valga teniendo en cuenta que pasaron tres horas entre la discusión entre el acusado y la víctima y el ataque. Ese lapso, la hora de la siesta, lo pasó Domínguez en la celda de Luis Rogelio Valido,El canario, también acusado como cómplice pero absuelto.
Además, los magistrados ven una clara "desproporción" entre una "insignificante" discusión --así la describe la sentencia, según los testimonios de los vigilantes del módulo-- y el pinchazo mortal y a traición con el que se vengó el condenado de la supuesta afrenta.
El aumento de pena satisface parcialmente las exigencias de las acusaciones, que en realidad querían repetir el juicio porque consideraban que el inicialmente acusado como cómplice, Luis Rogelio Valido, El canario, no debió ser absuelto. La razón concreta del recurso era que el jurado no dio razones explícitas de la absolución, que tuvo que deducir el juez que redactó la sentencia a partir de los hechos probados.
RAZONAMIENTO TÉCNICO Sin embargo, el tribunal hace suyos los razonamientos del abogado del canario, Rafael López-Garbayo, ya que para el veredicto de inculpabilidad "la jurisprudencia requiere un menor nivel de rigor en la motivación del jurado". Se apoyan en una sentencia del Supremo que especifica que "no puede exigirse a los ciudadanos" que integran el jurado popular "el mismo grado de razonamiento intelectual y técnico" que a un juez.
Por eso, avalan que el magistrado ponente de la sentencia interpretase el veredicto. En este, a la vista de las pruebas --en particular un video del pasillo del módulo de la cárcel en el que se ve que el canario no entra en ningún momento en la celda de la víctima--, el jurado votó por unanimidad casi todos los puntos que exculpaban a Valido.
El abogado del condenado, José Álvarez, también recurrió la sentencia, y volvió a ofrecer en la vista del recurso la versión que defendió ante el jurado. Esto es, que Domínguez no entró en la celda de la víctima y le atacó por sorpresa, sino que le encontró tomando un yogur y fue Jiménez quien sacó el pincho que, en el forcejeo, acabó clavado en su pecho.
El tribunal considera que no le corresponde desdecir al jurado, que se apoyó en argumentos "razonables" para creer la reconstrucción de los forenses del Instituto de Medicina Legal de Aragón. Aseguraron que le sorprendió en la cama y le asestó el pinchazo mortal antes de forcejear mientras se desangraba. En definitiva, da la razón al fiscal, que defendió en la vista del recurso que era "una alevosía de libro".
El TSJA tampoco modifica la indemnización del Estado a la familia, de más de 100.000 euros, pese a que también la habían recurrido por no haberse acreditado la relación del padre con los hijos. El tribunal cree que debe primar la "protección" de los menores.
El periódico de Aragón - F. MANTECÓN 25/05/2012
Foto: Angel de Castro
Manolo Arango Riego, preso político del PCE(r) salió de la cárcel madrileña de Aranjuez el día 3 con destino a la de Zuera, Zaragoza.
El día 8 de mayo pudo llamar por teléfono.
En la cárcel de Zuera no hay fisioterapeuta, como en la de Aranjuez, y ya empezaba a notar las molestias generales. Dice que va intentar realizar ejercicios de fisioterapia él mismo, lo que pueda. Se haya en un módulo de segundo grado que es una locura de tanto ruido y movimiento, y lleva varios días sin poder estudiar en condiciones, pues no hay un local adecuado en los patios. Por lo demás, se encuentra con buen humor y fuerza.
Exámenes en la cárcel
Los exámenes para el ciclo de UNED llevado a cabo en las cárceles, serán los días 29, 30 y 31 de Mayo
La sección sindical de la Agrupación de los Cuerpos de Instituciones Penitenciarias (Acaip) ha denunciado la dura situación que sufren los funcionarios de prisiones en el penal de Zuera, que según su criterio es ocultada por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Desde el sindicato critican "la falta de dignificación de la profesión de los funcionarios" que esto supone.
En un comunicado, la Acaip da a conocer tres ejemplos de agresiones y situaciones de peligro que estos trabajadores han tenido que afrontar en los últimos tiempos en el centro penitenciario de Zuera. El primero, el pasado 22 de abril. En aquella ocasión, un interno pegó a un funcionario en la cara, rompiéndole las gafas. Como consecuencia del puñetazo, el funcionario sufrió una contusión en el rostro por la que aún está de baja.
La segunda agresión fue el 4 de mayo, en el módulo de aislamiento del penal. Un solo interno, en primer grado, consiguió agredir y lesionar a tres de los cuatro guardias que intentaban reducirle, la tarde antes de ser trasladado a otro centro para asistir a un juicio. A uno de los funcionarios le mordió en la mano, a otro le provocó un esguince en un dedo y a un tercero le rompió el hueso cigomático, en el pómulo, por lo que tuvo que ser operado para colocarle una placa. Todos ellos permanecen aún de baja por esta agresión.
La última situación de peligro a la que alude la Acaip en el comunicado fue al día siguiente, el 5 de mayo, cuando los guardias de servicio en el módulo 9 --de presos especialmente peligrosos-- tuvieron que mediar en una pelea de internos para evitar un linchamiento. Dos de ellos intentaron pinchar a otro, y al no conseguirlo fueron agredidos por el resto de internos del módulo. Los funcionarios tuvieron que sacarles de allí para salvarles la vida.
Desde el sindicato critican que Instituciones Penitenciarias "oculta toda información obviando cualquier referencia al trabajo diario de los funcionarios". Este incluiría no solo vigilar a los internos y hacer frente a agresiones puntuales, sino "salvar vidas" en casos como el de la pelea o en sobredosis, o incautarse de drogas.
La Acaip señala que "el único interés" informativo de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias son las visitas de los políticos de alto nivel, en actividades de tratamiento que "forman parte del trabajo", pero no son las únicas. Y subrayan el agravio comparativo con otros cuerpos de seguridad como la Policía o la Guardia Civil, que dan "información completa" de sus actuaciones, también "cuando en acto de servicio son heridos miembros de dichos cuerpos".
El Periódico de Aragón - F. M. H. / E. B. D. 21/05/2012
El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) acogió ayer la vista por el recurso múltiple contra la sentencia del crimen de Zuera, el asesinato de un preso --Antonio Jiménez-- a manos de otro recluso, Santiago Domínguez, en febrero del 2010. El juez le impuso una condena de 12 años basándose en el veredicto del jurado, que lo consideró un homicidio a traición pero fruto de un arrebato, y exculpó al imputado como cómplice, Luis Rogelio Valido,el canario. Pero el fallo solo ha dejado contento a Rafael López, abogado del absuelto.
La Fiscalía y la acusación particular --ejercida por Olga Oseira-- solicitan que se repita el juicio, o alternativamente que la condena a Domínguez ascienda a los 20 años que le pedían en un principio. El abogado del condenado, José Álvarez, pide que se reduzca la pena a tres años y cuatro meses, a dos años y medio o a nada, según si el tribunal contempla la legítima defensa y el arrebato en mayor o menor medida. Sigue manteniendo que fue la víctima la que atacó a Domínguez, pese al informe de los peritos forenses aragoneses que indicaba que la herida era propia de un ataque con un pincho carcelario por sorpresa, con el fallecido tumbado.
Para el fiscal, el veredicto exculpatorio de El canario tiene un defecto de forma fundamental, su falta de motivación. Es decir, el jurado no justificó por escrito los motivos por los que exculpaba a Luis Rogelio Valido, más allá de las preguntas del cuestionario que han de responder.
FORMA Este escrito debía haberse entregado junto al veredicto, pero "quizá por el día y la hora que era" --se dio a conocer la víspera de Nochebuena a las once de la noche--, el juez no lo requirió. "Con toda su buena voluntad y por salvar los muebles", el magistrado dio en la sentencia una "explicación tácita" de la opinión del jurado, según el fiscal, pero esta no se ajusta a la ley.
Si los magistrados del TSJA no compartieran este punto de vista, el fiscal solicitó que al menos se anule la atenuante de obcecación que el jurado apreció, ya que para él el crimen fue "una alevosía de libro". No ve creíble que Santiago Domínguez fuera presa de un arrebato, ya que tuvo las dos horas de la siesta para calmarse entre la discusión "insignificante" que tuvo con la víctima, por un cigarro, y su posterior entrada en la celda de Jiménez. "Es una simple venganza", concluyó. Por ello, pide que la pena se eleve a los 20 años que pedían.
El Estado, condenado a indemnizar a la familia del fallecido con más de 100.000 euros, estima que la cantidad debe reducirse un 40% por la poca relación de Antonio Jiménez. con sus hijos. La cantidad ya es la mitad de lo que se pedía inicialmente, y el fiscal se mostró indignado porque se atentase "contra la protección del menor". "Si no tenían relación con el padre, igual era porque estaba en la cárcel", argumentó.
F. Mantecón 17-5-2012 - el Periódico de Aragón
Una decena de presos condenados por pertenecer a ETA rechazó integrarse en un Módulo de Educación y Respeto de la cárcel de Zuera. Optaron, en bloque, por ser trasladados a otro departamento --el número 1-- en el que se aplican las normas convencionales de tratamiento en lugar de permanecer en el 4, a pesar de que su población reclusa ofrece menores niveles de conflictividad que la de su posterior destino.
Los Módulos de Educación y Respeto (MER) se rigen mediante unas estrictas normas de convivencia y de higiene que, con la supervisión de los funcionarios, gobiernan los propios presos, que se estructuran en grupos de trabajo y eligen a sus propios equipos organizativos y de resolución de conflictos. Los MER, que incluyen un amplio catálogo de talleres y de actividades formativas y lúdicas, exigen como contrapartida el compromiso del interno con el cumplimiento de las pautas internas de comportamiento.
También hay otras diferencias, entre las que destaca el uso de celdas individuales en el módulo ordinario frente a la obligación de compartirlas con otro interno en el en MER.
En cualquier caso, optaron por pasar al módulo 1 cuando la dirección de Zuera inició el proceso para transformar el 4 en un MER, un modelo que se aplica en otros tres departamentos de hombres, en el de mujeres y en el terapéutico, especializado en el tratamiento de reos de delitos violentos --especialmente a los condenados por violencia doméstica-- y de los que participan en procesos de deshabituación de la droga.
TALLERES El resto de los presos condenados por su relación con ETA que cumplen condena en Zuera están asignados al módulo 7, la mayoría de cuyos internos trabajan en talleres productivos del centro penitenciario.
El penal zufariense custodia en la actualidad a 23 presos etarras, la mayor parte de los cuales ha renunciado a la violencia y se posicionó contra la lucha armada antes de que la organización decretara la actual tregua.
Entre ellos se encuentran buena parte de los principales dirigentes de ETA en la década de los 90, buena parte de los cuales lideran el bloque crítico con la lucha armada. Entre ellos destacan, por su ascendiente sobre el resto de los presos, Francisco Mújika Garmendia, Pakito, jefe militar hasta la redada de Bidart en 1992; su lugarteniente, José Javier Zabaleta, Waldo; Juan Luis Agirre Lete, Insuntza, responsable de los comandos en aquella época, puesto que también ocupó Josu Arkauz, Josu Mondragón.
Zuera custodia también a cinco de los presos críticos con la organización que están pendientes de que el Tribunal Constitucional resuelva sus recursos de amparo contra la aplicación de la doctrina Parot. Se trata de Jesus María Mendinueta, Xabier Goldaraz, Jokin Sancho, Peio Odriozola y Luis María Azkargorta. Los dos primeros quedarán en libertad este mismo año si los magistrados avalan sus planteamientos. De lo contrario, al segundo le quedará una década por cumplir.
TRATAMIENTO Instituciones Penitenciarias utiliza las cárceles de Zuera y de Villabona (Cantabria) como paso previo al traslado a penales vascos para los presos que reniegan de la violencia.
Otros dos penales aragoneses custodian a otros doce presos de ETA: cumplen condena cinco en Teruel y siete en Daroca. Estas cárceles no participan en el programa de acercamiento.
El periódico de Aragón - E. BAYONA 28/04/2012
El Ministerio del Interior proyecta privatizar --al menos parcialmente-- los servicios de vigilancia de los centros penitenciarios, tarea de la que ahora se encarga la Guardia Civil. Esta decisión del departamento que dirige Jorge Fernández Díaz deja en el aire la continuidad de los cerca de 200 efectivos del instituto armado actualmente destinados a garantizar la seguridad de las prisiones de Zuera, Daroca y Teruel.
Las dos primeras están consideradas de máxima seguridad y entre ambas custodian a algo más de una veintena de etarras condenados.
Los planes de Interior consisten en recolocar en los dispositivos de control de las prisiones españolas a efectivos de firmas privadas de seguridad que hasta hace unos meses estaban trabajando como escoltas de cargos públicos y de ciudadanos amenazados por ETA, cuyo desempleo se ha disparado tras anunciar la organización un alto el fuego indefinido. La iniciativa pasaría por adjudicar tareas concretas a las empresas, ya que, según fuentes policiales, resulta improbable que personal ajeno al cuerpo pudiera integrarse en los servicios del instituto armado.
DESAZÓN Mientras tanto, crece la desazón entre el colectivo que integran los alrededor de 200 guardias civiles asignados a la vigilancia de las prisiones de Zuera, Daroca y Teruel. La primera y la última tienen una plantilla de unos 70 efectivos, mientras que en la segunda hay destinados algo más de 50.
El grueso de ellos tiene encomendados servicios de vigilancia estática en los establecimientos penitenciarios, mientras que alrededor de uno de cada tres participa en los dispositivos de seguridad de las conducciones --traslados de presos para asistir a juicios y diligencias, recibir asistencia hospitalaria, etcétera--, que rondan las 4.000 al año en Zuera y que superan el medio millar por ejercicio en Daroca.
Fuentes del Ministerio del Interior confirmaron la existencia del proyecto de privatizar la vigilancia de las prisiones, aunque declinaron entrar en detalles sobre su implantación a la espera de que el equipo de Fernández Díaz termine de concretar sus planes.
Los responsables de Interior confirmaron sus propósitos a los miembros del Consejo de la Guardia Civil --el equivalente a la junta de personal-- en la reunión que celebraron el pasado 20 de marzo. En esa fecha, el director adjunto operativo (DAO) del cuerpo, el general aragonés Cándido Cardiel, confirmó a los representantes de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC, que aglutina a la mitad de la plantilla) que tenían sobre la mesa un plan para que escoltas procedentes del País Vasco asumieran tareas de vigilancia en las prisiones con un modelo similar al que aplican los aeropuertos españoles. El DAO no dio fechas, pero la AUGC teme que sea inminente.
18 - 4 - 2012 - El periódico de Aragón - Eduardo Bayona
La muerte de Antonio Giménez a manos de su compañero de la cárcel de Zuera Santiago Domínguez Corbalán volverá a los tribunales. El 16 de mayo el Tribunal Superior de Justicia de Aragón realizará la vista oral por este crimen en el que fue condenado a doce años de prisión, tras aplicarse la atenuante de arrebato y obcecación que le apreció el Jurado Popular.
Asimismo, otro de los procesados, Luis Rogelio Valido Martín, tampoco se sentará en el banquillo porque ambos han renunciado, aunque sus abogados defensores sí que acudirán.
Una vista que parte del recurso presentado por la Fiscalía y la acusación particular, ejercida por Olga Oseira. Fuentes del Ministerio público han reconocido no estar satisfechos con la sentencia dictada por el tribunal zaragozano, especialmente por la reducción de pena a doce años que se le impuso a Domínguez Corbalán a partir de la atenuante. Unos años de cárcel que distan de las peticiones de la fiscal y de la abogada Oseira que eran de 14 años de prisión.
La penalista zaragozana también recurre en los mismos términos, ya que considera que es nula el acta de veredicto que absuelve a Valido Martín e impugna la atenuante aplicada a Domínguez Corbalán por considerar que no se cumplen los requisitos necesarios. "Para tener en cuenta la obcecación es preciso actuar en el mismo momento y en este caso no ocurrió", ha resaltado Oseira.
En el caso de que el Tribunal Superior de Justicia de Aragón acepte dicho recurso podría tener que volver a celebrarse el juicio.
En dicho fallo, el magistrado-presidente del Tribunal de Jurado, Mauricio Murillo, señaló que “no había dudas” de que fue una muerte violenta dado el contenido del informe de la autopsia realizada en el Instituto de Medicina Legal de Aragón que señalaba que “fue con fuerza por la forma y porque llegó a chocar contra una vértebra”.
Asimismo, entendió que existió dolo porque la primera lesión fue la mortal cuando Antonio Giménez estaba recostado y somnoliento sobre la cama de su celda. Posteriormente, se enzarzaron ambos en una pelea, defensiva por parte de Antonio Giménez y agresiva por parte de Santiago Domínguez Corbalán, a tenor de la etiología de las heridas que ambos sufrieron.
Pero junto a Domínguez Corbalán también fue condenado el Estado por considerar que no se adoptaron correctamente las medidas de seguridad puesto que el arma utilizada fue un pincho carcelario. Por ello, mantuvo una responsabilidad civil subsidiaria de 103.034,96 euros para los padres y para los hijos.
Un asesinato en módulo de peligrosos
Todo se desarrolló en febrero de 2010, sobre las 14.00 horas, cuando Santiago D.C. tuvo una agria discusión verbal con el fallecido cuando el primero pidió un cigarro espetando: “Dame un cigarro hermano” y Antonio le dijo: “Ni te doy, ni soy tu hermano”, llegando a retar la víctima al acusado para que fueran a los “tigres” –referencia que los internos tienen de los baños para pelearse al no existir cámaras de seguridad–. Allí se enzarzaron verbalmente hasta que pararon debido a que los funcionarios se dieron cuenta de lo que ocurría.
Esta situación despertó una gran humillación en Santiago, generándole un profundo deseo de venganza al haberse sentido herido en su orgullo. Mientras, Santiago y el otro encausado, Luis Rogelio, durmieron la siesta juntos. Posteriormente, el condenado fue hacia la celda de Antonio y, aprovechando que estaba boca arriba y somnoliento, le agarró con fuerza de la cabeza, le tapó la boca para evitar pedir auxilio y le asestó un fuerte pinchazo con un objeto punzante en el hemitórax izquierdo que le provocó una agónica muerte por desangro.
La víctima llegó incluso a levantarse y forcejear con Santiago, si bien, dada la gravedad de la lesión volvió a caer sobre la cama.
14-4-2012 - Aragondigital - Luis Miguel Gabás
Los centros penitenciarios también sufrirán el peso de la crisis. La acumulación de reclusos que sufren los centros penitenciarios -los valencianos en especial- no encontrarán una mayor dotación presupuestaria encaminada al incremento de funcionarios por parte del Gobierno según reflejan los Presupuestos Generales del Estado de 2012.
Según las cuentas presentadas por el Ejecutivo de Mariano Rajoy, los gastos de personal se reducirán este ejercicio en 10,5 millones de euros respecto a 2011. La partida destinada a los funcionarios disminuye en 10 millones, mientras que el dinero destinado al personal laboral cae en 3,3 millones de euros. Un total de 13 millones de euros que se maquillan con un aumento de los incentivos al rendimiento en 3,4 millones.
Valenciaplaza.com
Desde ASAPA, como miembros de la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura, nos hacen llegar un informe sobre condiciones y régimen de cumplimiento en aislamiento (1er grado penitenciario), centrado en el pasado año 2011 en la cárcel de Zuera (Zaragoza).
A través de este documento quieren poner de manifiesto la realidad de las condiciones de vida en estas dependencias, así como exigir la abolición de este régimen de cumplimiento por constituir un trato inhumano en sí mismo.
El informe ha sido puesto en conocimiento, el pasado día 2 de marzo de 2012, del Relator Especial de la ONU para la cuestión de la Tortura, así como el Subcomité Internacional para la Prevención de la Tortura, organismos encargados específicamente de examinar la práctica de los estados en materia de prevención de la tortura y que han desvelado los incumplimientos del gobierno español en esta materia.
Arainfo 10-3-2012
Zaragoza.- Luis Rogelio Valido Martín y Santiago Domínguez Corbalán se sentaron en el banquillo de los acusados de la Audiencia de Zaragoza por la muerte del reo Antonio Giménez cuando éste dormía la siesta en la prisión zaragozana de Zuera. El primero fue absuelto y el otro condenado a doce años de prisión, tras aplicarse la atenuante de arrebato y obcecación que le apreció el Jurado Popular. Ahora, la sentencia ha sido recurrida por la Fiscalía y la acusación particular, ejercida por Olga Oseira.
Fuentes del Ministerio público han reconocido no estar satisfechos con la sentencia dictada por el tribunal zaragozano, especialmente por la reducción de pena a doce años que se le impuso a Domínguez Corbalán a partir de la atenuante. Unos años de cárcel que distan de las peticiones de la fiscal y de la penalista Oseira que eran de catorce años de prisión.
La abogada zaragozana también recurre en los mismos términos, ya que considera que es nula el acta de veredicto que absuelve a Valido Martín e impugna la atenuante aplicada a Domínguez Corbalán por considerar que no se cumplen los requisitos necesarios. "Para tener en cuenta la obcecación es preciso actuar en el mismo momento y en este caso no ocurrió", ha resaltado Oseira.
En el caso de que el Tribunal Superior de Justicia de Aragón acepte dicho recurso podría tener que volver a celebrarse el juicio.
En dicho fallo, el magistrado-presidente del Tribunal de Jurado, Mauricio Murillo, señaló que “no había dudas” de que fue una muerte violenta dado el contenido del informe de la autopsia realizada en el Instituto de Medicina Legal de Aragón que señalaba que “fue con fuerza por la forma y porque llegó a chocar contra una vértebra”.
Asimismo, entendió que existió dolo porque la primera lesión fue la mortal cuando Antonio Giménez estaba recostado y somnoliento sobre la cama de su celda. Posteriormente, se enzarzaron ambos en una pelea, defensiva por parte de Antonio Giménez y agresiva por parte de Santiago Domínguez Corbalán, a tenor de la etiología de las heridas que ambos sufrieron.
Pero junto a Domínguez Corbalán también fue condenado el Estado por considerar que no se adoptaron correctamente las medidas de seguridad puesto que el arma utilizada fue un pincho carcelario. Por ello, mantuvo una responsabilidad civil subsidiaria de 103.034,96 euros para los padres y para los hijos.
Un asesinato en el mundo de peligrosos
Todo se desarrolló en febrero de 2010, sobre las 14.00 horas, cuando Santiago D.C. tuvo una agria discusión verbal con el fallecido cuando el primero pidió un cigarro espetando: “Dame un cigarro hermano” y Antonio le dijo: “Ni te doy, ni soy tu hermano”, llegando a retar la víctima al acusado para que fueran a los “tigres” –referencia que los internos tienen de los baños para pelearse al no existir cámaras de seguridad–. Allí se enzarzaron verbalmente hasta que pararon debido a que los funcionarios se dieron cuenta de lo que ocurría.
Esta situación despertó una gran humillación en Santiago, generándole un profundo deseo de venganza al haberse sentido herido en su orgullo. Mientras, Santiago y el otro encausado, Luis Rogelio, durmieron la siesta juntos. Posteriormente, el condenado fue hacia la celda de Antonio y, aprovechando que estaba boca arriba y somnoliento, le agarró con fuerza de la cabeza, le tapó la boca para evitar pedir auxilio y le asestó un fuerte pinchazo con un objeto punzante en el hemitórax izquierdo que le provocó una agónica muerte por desangro.
La víctima llegó incluso a levantarse y forcejear con Santiago, si bien, dada la gravedad de la lesión volvió a caer sobre la cama.
Luis Miguel Gabás - Aragóndigital - 29-2-2012
Un módulo conflictivo
El crimen tuvo lugar la tarde del 2 de febrero de 2010 en el módulo 9 de Zuera que, según el tribunal, es uno de los recintos de la prisión donde se concentran algunos de los internos más peligrosos y donde los 'pinchos', la violencia y la droga forman parte de la vida cotidiana de los reclusos.En esta iniciativa, que forma parte de uno de los proyectos que está llevando a cabo la Fundación zaragozana Carlos Sanz, participarán alrededor de 170 internos de la cárcel de Zuera.
Estas donaciones son "un gesto solidario, generoso y altruista jamás antes realizado", ha explicado en declaraciones a Efe el presidente de la asociación, Carlos Sanz.
"Este tipo de cosas dignifica la imagen de los presos", ha explicado Sanz, quien ha elogiado el gesto de los internos, "cuando alguien necesita sangre no importa de quién proceda".
Además, de esta actividad pionera en España, esta misma fundación ha conseguido, en tres años, que más de 7.000 reclusos tengan un carné de donantes de órganos gracias al programa "Deporte y Solidaridad".
También han colaborado con sus charlas dentro de las cárceles jugadores de fútbol como Lafita o entrenadores como Javier Aguirre, ha apuntado Sanz.
La Fundación Carlos Sanz fue creada en 2008 con el objetivo de sensibilizar a la sociedad de la importancia de las donaciones de órganos a través del deporte.
EFE - 4 enero 2012
Tras cuatro largas jornadas, el juicio por el asesinato de un interno en la prisión de Zuera, A. J. H., el 2 de febrero del año pasado, llega a su fin. Tras tres días de oír testimonios de los dos acusados --Santiago D. C., el autor confeso del pinchazo mortal y Luis Rogelio V. M., presunto cómplice--, los presos, los guardias civiles que investigaron el caso y los peritos forenses, los nueve miembros del jurado tendrán que decidir --y decir-- hoy que conclusiones han extraído.
Para las partes implicadas, que expresaron ayer sus propias impresiones a los que tendrán que decidir, las cosas no han cambiado mucho después del proceso. Únicamente José Álvarez, abogado de Santiago D. C., modificó sus conclusiones iniciales. Pidió que su cliente sea considerado autor de un homicidio imprudente, delito que se castiga con entre uno y cuatro años de prisión, o en su defecto de un homicidio, penado con entre diez y quince años de cárcel.
EXIMENTES En cualquier caso, sigue manteniendo las eximentes de legítima defensa y miedo insuperable, lo que a efectos prácticos supondría la absolución del acusado. También alegó la atenuante de arrebato, que rebajaría la pena en el caso de que el jurado no considerase probadas las otras.
El resto de las partes mantuvieron sus peticiones, de absolución en el caso del letrado Rafael López, que defiende a Luis Rogelio V. M., el canario, ya que a su juicio no está probado que tuviera nada que ver con el crimen. La Fiscalía y la acusación particular, que ejerce Olga Oseira en representación de los padres del fallecido, siguen pidiendo 20 años por asesinato. El Abogado del Estado considera que no procede indemnizar porque el centro penitenciario no incumplió las normas de seguridad.
Por lo visto en el proceso, una de las claves será si los ciudadanos dieron crédito a la versión de los forenses sobre la secuencia de la pelea. Estos dijeron que el ataque mortal con un pincho carcelario fue el primero, y cogió a A. J. H. desprevenido, lo que supondría alevosía y, por lo tanto, asesinato. Los peritos de la defensa aseguraron, por contra, que la herida en el corazón tuvo que ser la última, la que paró la refriega. Respecto a Luis Rogelio V. M., el jurado decidirá si el testimonio de un preso amigo de la víctima, que aseguró que le sacó de la celda para que no interviniese, es lo suficientemente fiable como para condenarle por el crimen.
F.M.H. El periódico de Aragón - 23-12-2011
Después de cuatro días de juicio con sesiones de mañana y tarde, este viernes el Jurado Popular decidirá si Santiago Domínguez Corbalán y Luis Rogelio Valido son culpables o inocentes de la muerte de Antonio Giménez, su compañero de módulo de la cárcel de Zuera (Zaragoza).
Los nueve hombres y mujeres del pueblo elegidos para este caso no impondrán penas de cárcel, en el que caso de los consideren culpables, porque eso lo hará el magistrado presidente, pero sí tienen en sus manos decidir si todo fue un asesinato o un homicidio imprudente.
La representante del Ministerio Fiscal y la abogada de la acusación particular, Olga Oseira, mantienen que Domínguez Corbalán lo mató con alevosía y con la cooperación de Valido, por lo que piden 20 años de prisión. Pena muy distinta a la mantenida por las defensas.
Concretamente, el letrado del principal acusado, José Álvarez Domínguez, ha considerado que todo fue un homicidio imprudente -pena máxima de cuatro años-, aunque ha presentado subsidiariamente la posibilidad del homicidio -pena máxima de quince años-, que sería estar menos tiempo en la cárcel que con el asesinato. No obstante, para conseguir reducir los años máximos presenta dos eximentes de legítima defensa y miedo insuperable, además de la atenuante de arrebato u obcecación.
Por su parte, el abogado del procesado que, presuntamente, actuó como cooperante, Rafael López Garballo, mantiene que él no participó y, por ello, sugiere la libre absolución para su procesado.
En este caso, no está en juego sólo la culpabilidad o no de los encausados, sino si hubo alguna responsabilidad por parte del Centro Penitenciario de Zuera, ya que la puñalada se realizó con un pincho carcelario en la celda de la víctima. De hecho, instan al Estado a pagar indemnizaciones de 144.000 y 208.000 euros, aunque su abogado mantiene que la seguridad estaba garantizada.
¿Legítima defensa o asesinado por sorpresa?
Los hechos exactos nunca se sabrán, pero durante estos días se ha intentado reconstruir ante los miembros del Jurado cómo pudieron suceder. Algo importante para decidir si fue un asesinato u homicidio.
Todo ocurrió en febrero de 2010 cuando Santiago y Antonio tuvieron una agria discusión por un cigarro, retándole la víctima al acusado para que fueran a los “tigres” -eferencia que los internos tienen de los baños para pelearse al no existir cámaras de seguridad-.
Esto provocó, según las reconstrucciones de la Guardia Civil, de los forenses y de algún recluso testigo, que Santiago urdiera un plan con Luis Rogelio Valido para matar a la víctima.
Utilizando la siesta, los dos procesados fueron hacia la celda de Antonio y, aprovechando que estaba boca arriba y somnoliento, le agarró con fuerza de la cabeza, le tapó la boca para evitar pedir auxilio y le asestó un fuerte pinchazo con un objeto punzante en el hemitórax izquierdo que le provocó una agónica muerte por desangro.
El finado no perdió la vida en el momento, por lo que llegó incluso a levantarse y forcejear con Santiago, si bien, dada la gravedad de la lesión, volvió a caer sobre la cama. Mientras ocurrían estos hechos, Luis Rogelio se encontraba realizando las labores de vigilancia en las puertas del módulo.
Esta versión no es compartida por los acusados, ni por los peritos aportados por sus abogados defensores, quienes mantienen que Santiago fue a pedir perdón a Antonio y que él se levantó y le intentó clavar el pincho carcelario, pero que en medio de la pelea se lo asestó a la víctima.
Por su parte, Luis Rogelio, admite que durmió con Santiago, pero porque se conocían de su estancia anterior en otra cárcel y que no planearon nada. Es más, dice que estaba cerca del lugar de los hechos porque iba a hacer un recado que le había pedido otro reo.
Luis Miguel Gabás - 22-12-2011 Aragondigital.es
Jornada clave la vivida en la Audiencia Provincial de Zaragoza para aclarar cómo fue la agresión que acabó con la vida de Antonio Giménez, el preso de Zuera supuestamente asesinado por sus compañeros de módulo -Santiago Domínguez Corbalán y Luis Rogelio Valido-.
Los médicos del Instituto de Medicina Legal de Aragón (IMLA) María Dolores Ramón y José Manuel Arreondo han manifestado, en una brillante y clara exposición ante los miembros del Jurado Popular, que el fallecido tuvo que ser atacado por sorpresa por Santiago cuando éste estaba durmiendo sobre la cama de su celda.
Es más, han descrito que Antonio tenía que estar tumbado boca arriba y relajado -estaba bajo tratamiento antidepresivo y tranquilizante- y que le clavó “de forma directa, con fuerza y certera” el pincho carcelario en el corazón. Una herida “mortal de necesidad”, según los forenses.
Estos especialistas, que también han hablado de las heridas restantes en manos, cabeza, boca y muslo indican, en su opinión, que al sentir el pinchazo, la víctima trató de defenderse del ataque y forcejeó con Domínguez Corbalán.
Asimismo, han reconocido que, aunque la hipótesis que defienden era la anteriormente referida, también sospesaron la mantenida por el principal procesado, es decir, que entró al habitáculo carcelario para pedir perdón al finado, pero que éste se lanzó sobre él, forcejearon y le clavó el arma, todo en defensa propia. Hechos que dudan los médicos del IMLA, quienes han aseverado que de ser así “Santiago tendría lesiones de haber peleado y no las tiene”.
Esta tesis ha sido cuestionada por los abogados defensores, Rafael López Garballo y José Álvarez Domínguez, especialmente por este último, quien anteriormente ha utilizado como subterfugio que los funcionarios no pudieran mostrar su informe forense con sus propias fotos, sino con las de la Guardia Civil. Algo que ha permitido a los expertos un contacto más de tú a tú con los miembros del Tribunal Popular que incluso han interactuado y representado con una hoja de papel cómo se produjo el "pinchazo".
Por ello, ha presentado el informe a dos especialistas en medicina legal del Servicio Andaluz de Salud que él ha contratado. Éstos han dado una versión totalmente opuesta a la de los funcionarios, señalando que las lesiones se produjeron en un “contexto de lucha”. Incluso, han llegado a decir que la puñalada fue lo último que se produjo.
Esta situación ha provocado que el magistrado presidente haya propuesto un careo entre los cuatro facultativos. Sin embargo, el intercambio de opiniones no ha permitido un acercamiento de posturas.
"Me dijeron que uno contra uno"
En esta tercera jornada de vista oral, que ha durado mañana y tarde, también han sido interrogados ocho presos del centro penitenciario como testigos protegidos. Uno de ellos, cuya celda está contigua a la de la víctima, ha dicho que se levantó de la siesta y se dirigió hacia Antonio cuando vio que Santiago estaba dentro y otra persona -Luis Rogelio- le agarró de jersey y le dijo que “era uno para uno”, para que no interviniese.
Hecho que hizo que saliera corriendo a buscar a otros reos para que le ayudaran a sacar a Antonio y llevarlo a la enfermería.
El Ministerio público y la abogada de la familia de la víctima, Olga Oseira, consideran que se produjo un asesinato, por lo que piden 20 años de prisión. Penas no compartidas por los abogados defensores, José Álvarez Domínguez y Rafael López Garballo, quienes mantienen la libre absolución.
Aragóndigital.es - Luis Miguel Gabás - 21-12-2011
Los dos forenses que realizaron la autopsia al preso fallecido en la prisión de Zuera han manifestado hoy, en el juicio con jurado que se celebra en la Audiencia de Zaragoza contra dos reclusos acusados de su asesinato, que la víctima fue atacada por sorpresa en su celda.
La presunta agresión tuvo lugar la tarde del 2 de febrero de 2010 en el módulo 9 de Zuera, donde se concentran los presos más conflictivos del centro, entre los que se encontraba el fallecido, Antonio G.H., convicto por el asesinato de un joven policía en los juzgados del Prat de Llobregat (Barcelona).
A juicio de las acusaciones, el procesado Santiago D.C. entró en celda de la víctima, Antonio G.H., con quien había mantenido un enfrentamiento previo, y le clavó un "pincho" en el tórax, causándole una herida que le originó la muerte, mientras su presunto cómplice, Luis Rogelio V.M., vigilaba en el exterior.
Según los peritos judiciales, las distintas heridas que mostraba la víctima indican que fue sorprendida mientras se encontraba tumbada boca arriba y relajada, y atacada con un "pincho" carcelario que le penetró por el pecho hasta el corazón.
Estos especialistas han indicado que las características de esta herida, "redondeada y no irregular" pero "mortal de necesidad", revelan que el fallecido estaba en reposo.
Las heridas restantes en manos, cabeza, boca y muslo indican, en su opinión, que al sentir el pinchazo, la víctima trató de defenderse del ataque y forcejeó con su atacante.
A juicio de los forenses, la herida principal fue un golpe "directo y certero" que le produjo una grave hemorragia interna y su muerte, alrededor de una hora después.
Han insistido, en respuesta a las afirmaciones de la defensa de que la intervención de los médicos del servicio de emergencia pudieron "perjudicar" a la víctima, que las acciones que se llevaron a cabo, una incisión para tratar de drenar la hemorragia, "son las mejores que se podían hacer".
Las tesis de los forenses judiciales han sido rebatidas por dos especialistas en medicina legal contratados por la defensa del presunto autor material del asesinato, para quienes todas las heridas de la víctima fueron infligidas durante el transcurso de una pelea.
A juicio de estos expertos, procedentes de Andalucía, la herida mortal y el resto de lesiones se produjeron en un "contexto de lucha", con el presunto agresor situado encima del fallecido.
Durante la vista, el juez que dirige la vista ha permitido un careo entre los peritos judiciales que realizaron la autopsia y los especialistas de la defensa, que a tenor de los informes estudiados han argumentado que la herida mortal fue la última y no la primera sufrida por la víctima.
El intercambio de opiniones no ha permitido un acercamiento de posturas entre los expertos, que han mantenido ante el jurado sus respectivas posiciones.
La vista se reanudará mañana con las conclusiones e informes finales de las acusaciones y de las defensas, y concluirá el viernes con el veredicto del jurado.
Fiscalía y acusación particular solicitan para los procesados penas de 20 años de prisión e indemnizaciones de 144.000 y 208.000 euros, respectivamente, de cuyo pago han hecho responsable civil subsidiario al Estado al entender que no se garantizó la seguridad del preso fallecido.
Los letrados de la defensa piden la absolución de sus clientes al entender que Santiago D.C. actuó en legítima defensa para eludir un ataque del fallecido con un "pincho", y Luis Rogelio V.M. no llegó a enterarse de lo ocurrido.
Zaragoza, 21 dic (EFE).
La segunda jornada del juicio con jurado popular por el asesinato de A. J. H. en la cárcel de Zuera, el 2 de febrero del año pasado, contó con la proyección de un video esclarecedor --aunque de baja calidad--, que ayudó a la Guardia Civil en su investigación. La grabación, según lo expuesto por el agente instructor del atestado, les ayudó a hilar los testimonios de los presos. En ella se aprecia cómo el acusado de clavarle el pincho que acabó con su vida a la víctima, Santiago D. C., desaparece entre las celdas 8 y 9 (la que ocupaba la víctima) del módulo, en el lapso que no muestra el video, ya que es secuencial, graba cada pocos segundos. La grabación fue además casual, ya que según explicó el funcionario encargado de controlar las cámaras del presidio estas graban los pasillos aleatoriamente.
Las imágenes muestran cómo el otro acusado, Luis Rogelio V. M., alias el canario --por su lugar de origen--, junto al anterior, persigue a un preso que sale de la celda del fallecido, y que supuestamente había entrado con intención de ayudarle.
En el primer punto no aporta nada nuevo, ya que Santiago D. C. admitió anteayer que entró a la celda y pinchó a la víctima, aunque fuera en defensa propia. Sin embargo, el testimonio de el canario indicaba que él iba a buscar a otro preso, que no tenía nada que ver con los hechos.
Como se encargaron de remarcar los abogados de la defensa, José Álvarez y Rafael López, el video es de bastante mala calidad, además de ir "a saltos". Sin embargo, el guardia civil encargado de la investigación aseguró que un exhaustivo análisis de las imágenes, junto con la ayuda de los funcionarios de la prisión --además de detalles físicos como la coleta de Rogelio V. M.-- y los testimonios de los presos le permiten distinguir a los implicados.
CARTÓN INCRIMINATORIO Las declaraciones fueron difíciles de conseguir, según relató, ya que muchos tenían "miedo a represalias". Sin embargo, uno de los reclusos incriminó al principal acusado entregando a los funcionarios de la prisión un cartón con su número de celda. Otro aseguró a los agentes que le había visto manchas de sangre en la ropa a Santiago D. C., y este "se había tapado", y un tercero dijo que vio al presunto asesino con el pincho en la mano y le espetó "¿Quieres que te mate a tí también?".
En cuanto a Rogelio V. M., el preso vecino de celda que acudió a ayudar a la víctima relató cómo aquel le sacó de la celda y le dijo que no se metiera, que era "uno contra uno". Esto no se ve en el video, pero sí cómo ambos le perseguían. Después, volvió con otros presos y sacaron al herido.
Las defensas atacaron también las hipótesis del informe de la Guardia Civil, sobre que el preso estaba tumbado --lo que conllevaría un delito más grave, de asesinato, al pillarle desprevenido--. El agente instructor aseguró que se basó en la costumbre de echarse la siesta del fallecido. "Dormía con medicamentos, tenía problemas para dormir", explicó. El abogado indicó que la cama estaba hecha, a lo que replicó que "mucha gente duerme encima de la cama, y no la deshace".
Las defensas señalaron también que el video no muestra en ningún momento a Santiago D. C. con el pincho en la mano. En el registro desnudo que le practicaron los funcionarios el detector de metales pitó, pero se atribuyó a las esposas, aunque en principio se retiran para el escáner.
EL PERIÓDICO DE ARAGÓN - F. MANTECÓN 21/12/2011