
El 84,4% de los presos españoles sufre o ha sufrido enfermedades mentales en algún momento de su vida en las prisiones españolas, en su mayoría por adicción o abuso de drogas (76%), según un estudio con datos de 2011 al que ha tenido acceso Europa Press, realizado a más de 700 hombres de cinco cárceles de Cataluña, Madrid y Zaragoza.
Esta cifra está lejos de la prevalencia de los trastornos mentales en la población general, que es de un 15,7%, y se explica por la influencia del consumo de drogas en el desarrollo de diferentes trastornos mentales, ha afirmado en una entrevista a Europa Press el director de psiquiatría penitenciaria del Parc Sanitari de Sant Joan de Déu, el doctor Francesc Pérez Arnau, colaborador del estudio.
"Un porcentaje muy bajo sólo consume alcohol, pero a partir de aquí, lo que es más frecuente es la combinación de diferentes y muchas sustancias", el policonsumo, lo cual tiene una relación directa con el incremento de la violencia y el desarrollo de patologías, incluidas las psicosis.
Pérez Arnau ha relatado que el riesgo de reincidencia y las conductas violentas están vinculadas al consumo de drogas: "El enfermo mental que no consume es igual de peligroso que su vecino sano. Es la combinación con el consumo de drogas lo que puede acentuar la violencia".
Explica, por ejemplo, que la enfermedad mental en los internos que no han consumido estupefacientes durante su vida se rebaja hasta el 8,6%, y que, de los 707 presos analizados, sólo el 23,8% dice no haberse drogado nunca.
Según el doctor, la mayoría de trastornos por los que los presos piden una visita psiquiátrica son adaptativos: "Es un tipo de reacción ante una situación; sobre todo en presos preventivos. Una persona que está en la calle, comete un delito e ingresa en prisión es normal que tenga ansiedad, insomnio y que se sienta triste".
Precisamente, del estudio se desprende que el 45,3% de casos responde a la ansiedad; un 41% son trastornos del estado de ánimo, y un 10,7% a sintomatología psicótica --cuadros de esquizofrenia, trastorno bipolar y otros--, "mediatizados" generalmente por la prevalencia del abuso y dependencia de sustancias.
Esta radiografía cambia radicalmente en la sociedad general, donde la ansiedad tiene una presencia del 23,3%, seguida del consumo de sustancias --17,5%--, los trastornos del estado de ánimo --14,9%-- y el trastorno psicótico --4,2%--, aunque el estudio no analiza los mismos periodos.
Pérez Arnau matiza, sobre el estudio, que hay "algún trastorno que ahora está en estudio y que probablemente es muy habitual en prisión pero que no se ha incluido en el análisis", mientras que otros que sí se han tenido en cuenta --trastornos de personalidad-- requerían otro tipo de análisis; y ha remarcado la restricción de la muestra, que se limita a hombres penados que entienden el español.
14-4-2012 - Europapress
La muerte de Antonio Giménez a manos de su compañero de la cárcel de Zuera Santiago Domínguez Corbalán volverá a los tribunales. El 16 de mayo el Tribunal Superior de Justicia de Aragón realizará la vista oral por este crimen en el que fue condenado a doce años de prisión, tras aplicarse la atenuante de arrebato y obcecación que le apreció el Jurado Popular.
Asimismo, otro de los procesados, Luis Rogelio Valido Martín, tampoco se sentará en el banquillo porque ambos han renunciado, aunque sus abogados defensores sí que acudirán.
Una vista que parte del recurso presentado por la Fiscalía y la acusación particular, ejercida por Olga Oseira. Fuentes del Ministerio público han reconocido no estar satisfechos con la sentencia dictada por el tribunal zaragozano, especialmente por la reducción de pena a doce años que se le impuso a Domínguez Corbalán a partir de la atenuante. Unos años de cárcel que distan de las peticiones de la fiscal y de la abogada Oseira que eran de 14 años de prisión.
La penalista zaragozana también recurre en los mismos términos, ya que considera que es nula el acta de veredicto que absuelve a Valido Martín e impugna la atenuante aplicada a Domínguez Corbalán por considerar que no se cumplen los requisitos necesarios. "Para tener en cuenta la obcecación es preciso actuar en el mismo momento y en este caso no ocurrió", ha resaltado Oseira.
En el caso de que el Tribunal Superior de Justicia de Aragón acepte dicho recurso podría tener que volver a celebrarse el juicio.
En dicho fallo, el magistrado-presidente del Tribunal de Jurado, Mauricio Murillo, señaló que “no había dudas” de que fue una muerte violenta dado el contenido del informe de la autopsia realizada en el Instituto de Medicina Legal de Aragón que señalaba que “fue con fuerza por la forma y porque llegó a chocar contra una vértebra”.
Asimismo, entendió que existió dolo porque la primera lesión fue la mortal cuando Antonio Giménez estaba recostado y somnoliento sobre la cama de su celda. Posteriormente, se enzarzaron ambos en una pelea, defensiva por parte de Antonio Giménez y agresiva por parte de Santiago Domínguez Corbalán, a tenor de la etiología de las heridas que ambos sufrieron.
Pero junto a Domínguez Corbalán también fue condenado el Estado por considerar que no se adoptaron correctamente las medidas de seguridad puesto que el arma utilizada fue un pincho carcelario. Por ello, mantuvo una responsabilidad civil subsidiaria de 103.034,96 euros para los padres y para los hijos.
Un asesinato en módulo de peligrosos
Todo se desarrolló en febrero de 2010, sobre las 14.00 horas, cuando Santiago D.C. tuvo una agria discusión verbal con el fallecido cuando el primero pidió un cigarro espetando: “Dame un cigarro hermano” y Antonio le dijo: “Ni te doy, ni soy tu hermano”, llegando a retar la víctima al acusado para que fueran a los “tigres” –referencia que los internos tienen de los baños para pelearse al no existir cámaras de seguridad–. Allí se enzarzaron verbalmente hasta que pararon debido a que los funcionarios se dieron cuenta de lo que ocurría.
Esta situación despertó una gran humillación en Santiago, generándole un profundo deseo de venganza al haberse sentido herido en su orgullo. Mientras, Santiago y el otro encausado, Luis Rogelio, durmieron la siesta juntos. Posteriormente, el condenado fue hacia la celda de Antonio y, aprovechando que estaba boca arriba y somnoliento, le agarró con fuerza de la cabeza, le tapó la boca para evitar pedir auxilio y le asestó un fuerte pinchazo con un objeto punzante en el hemitórax izquierdo que le provocó una agónica muerte por desangro.
La víctima llegó incluso a levantarse y forcejear con Santiago, si bien, dada la gravedad de la lesión volvió a caer sobre la cama.
14-4-2012 - Aragondigital - Luis Miguel Gabás
Los centros penitenciarios también sufrirán el peso de la crisis. La acumulación de reclusos que sufren los centros penitenciarios -los valencianos en especial- no encontrarán una mayor dotación presupuestaria encaminada al incremento de funcionarios por parte del Gobierno según reflejan los Presupuestos Generales del Estado de 2012.
Según las cuentas presentadas por el Ejecutivo de Mariano Rajoy, los gastos de personal se reducirán este ejercicio en 10,5 millones de euros respecto a 2011. La partida destinada a los funcionarios disminuye en 10 millones, mientras que el dinero destinado al personal laboral cae en 3,3 millones de euros. Un total de 13 millones de euros que se maquillan con un aumento de los incentivos al rendimiento en 3,4 millones.
Valenciaplaza.com
ENTRAN POR UNA PUERTA... Y SE QUEDAN DENTRO
Vivimos tiempos de demagogia informativa y política. De generar noticias espectaculares que refuerzan ideas como la inseguridad ciudadana o la supuesta levedad de las penas de cárcel. Estas noticias intencionadas se contagian a la población y las escuchamos repetidas con frecuencia. Si tuviéramos que hacer caso a los comentarios de bar, al condicionado vox populi tendríamos la sensación de que las cárceles españolas son poco menos que una residencia estudiantil.
Pero, si centramos un poco el foco, más allá de una serie de lamentables casos magnificados desde los medios, nos encontramos con una realidad penitenciaria que, en esencia, en vez de cambiar a mejor en 30 años, ha empeorado.
Por un lado, a lo largo de los años las penas se han incrementado, así como el tiempo medio de permanencia en prisión. La aplicación estricta de la legalidad está produciendo casos de acumulación de penas que suman décadas de prisión cuando la inmensa mayoría de la población penitenciaria la constituyen pequeños/as delincuentes con delitos leves contra la propiedad o menudeo de drogas. Lo legal no tiene porque ser justo.
Por otro lado una clase política incapaz de parar los pies a los/as verdaderos/as causantes de la salvaje crisis que vivimos desvía convenientemente la atención hacia posiciones que redundan en la idea de castigo, frente a otras alternativas. Las cárceles siguen sin estar en crisis, de hecho siguen siendo un gran negocio para las constructoras, contratas de servicios o empresas que se benefician del trabajo de las personas presas.
Mientras tanto las alternativas al encierro, que generalmente genera nuevos problemas sociales en vez de resolver los que el autor del delito generó, quedan eternamente aparcadas. Pero las hay: reparación del daño causado, restitución económica, tratamiento de dependencias y patologías. Nada de ello se soluciona con el encarcelamiento. Aunque existen alternativas contempladas por ley como la mediación, rara vez se aplican.
En este contexto la nueva propuesta de Ruiz Gallardón de endurecimiento de penas y cadena perpetua, aunque se le ponga otro nombre, no deja de ser absurda. En la práctica la cadena perpetua encubierta existe hace mucho en España. Nadie en su sano juicio pensaría que un ser humano sea capaz de sobrevivir a 30-40 años de reclusión ininterrumpida en las actuales condiciones carcelarias. El estado español ya tiene uno de los códigos penales más duros de la Europa Occidental, endurecerlo no haría más que empeorar todavía más la situación actual
Por otro lado otra de las reformas propuestas por el actual gobierno cuestiona la gratuidad de la defensa. Habida cuenta que son las capas más humildes de la sociedad las que más terminan en los juzgados, es fácil deducir que también serán quienes más padezcan esta reforma, pudiendo afectar al derecho a una defensa justa. No digamos ya hasta qué punto podría llegar la vulneración de ese derecho en el caso de una persona sin papeles, por ejemplo, que además no domine bien el castellano.
Entran por una puerta y salen por otra, se suele escuchar. Quizá convenga aclarar que en las cárceles hay muchas puertas, pero sólo una de entrada y, las cifras lo demuestran, por la que cada vez es más fácil entrar y más difícil salir.
Ocho de cada diez internos ingresados en las cárceles españolas han padecido a lo largo de su vida un trastorno mental. De esa población reclusa, un 76% presenta historia de trastorno por uso de sustancias, principalmente el alcohol y la cocaína.
Así lo recoge el 'Informe de prevalencia de trastornos mentales en centros penitenciarios españoles' (PRECA), primer estudio que analiza datos epidemiológicos relacionados con la salud mental de los internos, presentado hoy en España por Fundación Manantial y Obra Social Caja Madrid.
Para el doctor Enric Vicens, responsable del Área de Hospitalización Psiquiátrica Parc Sanitari Sant Joan de Deu en Barcelona y coordinador del estudio PRECA, se pone de manifiesto la estrecha relación entre el consumo de drogas y el trastorno mental. "La mayoría de los presos con trastornos afectivos muestra también historia de consumo de drogas", explica Vicens.
En ese sentido, el doctor añade que "aunque en el medio penitenciario, el consumo se reduce, no siempre se anula". "Sabemos que en las cárceles continúa habiendo consumo de sustancias, aunque lógicamente no en los porcentajes que recoge el estudio", especifica.
Evaluación de patologías psiquiátricas.
Por ello, una de las recomendaciones del estudio PRECA se dirige a los servicios de salud penitenciaria con el objetivo de que implementen programas integrales y específicos que aborden el trastorno mental, tanto por el abuso de sustancias como otras patologías graves que generan importantes dificultades como la psicosis.
"Es muy importante que las autoridades de los centros penitenciarios identifiquen a los internos con trastorno mental en un momento determinado, no solo para tratarles adecuadamente sino también, de cara a la salida, para prevenir la comisión de nuevos delitos", apunta el coordinador del PRECA.
Además, la estancia en el medio penitenciario puede ser una oportunidad para detectar y tratar el problema. "Los médicos que atienden de primera instancia a los presos deben incluir dentro de su evaluación la detección de patologías psiquiátricas y muy especialmente hacer una historia muy detallada del consumo de sustancias", recomienda Vicens.
La cárcel no es lugar para la enfermedad mental.
Una de las principales conclusiones del estudio es que la prevalencia de la patología psiquiátrica entre los reclusos españoles es 5 veces superior a la de la población general. Siguiendo los datos del propio PRECA, aunque el trastorno por abuso de sustancias es el más frecuente (76,2%), en prisión también se dan otros trastornos como el de ansiedad (45,3%), trastorno afectivo (41%) y trastorno psicótico (10,7%).
En la actualidad, según el PRECA, el 40% de los internos de cárceles de nuestro país padece algún tipo de trastorno mental. De ahí se deduce que el medio penitenciario no resulta el lugar más adecuado para tratar una enfermedad mental.
"La cárcel es un entorno estresante para cualquier individuo y mucho más para una persona que padece un trastorno mental", afirma Javier Pallarés, abogado y director del Departamento de Tutela y Plan de Ámbito Penitenciario de Fundación Manantial.
Plan de atención en el ámbito penitenciario.
De toda esa población reclusa, uno de los colectivos más vulnerables son los que sufren psicosis, "debido a la propia naturaleza de la patología", explica Pallarés. Gracias a los datos del PRECA, Fundación Manantial y Obra Social Caja Madrid han puesto en marcha el 'Plan de Atención Integral a personas con Trastorno Mental en Ámbito Penal y Penitenciario'. Para María Fernanda Ayán, directora del Área de Acción Social y Asistencial de Obra Social Caja Madrid, la clave es partir siempre de una realidad, de unos datos, "que nos ayuden a establecer unos protocolos de intervención", sostiene.
El PRECA sugiere que los servicios de salud mental penitenciarios formen parte de la red de asistencia psiquiátrica y social comunitaria para garantizar un tratamiento integral de esta población de riesgo. Uno de los puntos de actuación del Plan de Ámbito Penitenciario "es incorporar a las personas que salen de prisión a esa red asistencial", apunta Pallarés.
La iniciativa, a su vez, pretende dar "una respuesta efectiva a las distintas circunstancias que tiene que hacer frente una persona con un trastorno mental como la psicosis, involucrada en un proceso penal o internada en un centro penitenciario", resume Javier Pallarés, director del Plan.
Desde esa óptica, durante 2012 se está llevando a cabo una campaña de formación y sensibilización dirigida a jueces, abogados, médicos forenses, personal penitenciario y a la sociedad en general "para profundizar en el conocimiento de la psicosis y no dejarse llevar por prejuicios", indica.
La enfermedad mental fuera de las sentencias.
El prejuicio empieza antes de ingresar en el centro. Cuando se envía a prisión a una persona que padece un trastorno mental, "en la mayoría de los casos no se tiene en cuenta su condición de enfermo porque durante la instrucción y el juicio nadie ha aportado datos que lo valoren", asegura el responsable de Fundación Manantial. Es lo conocido técnicamente como 'enajenación inadvertida', "algo que impide que el juez recoja en una sentencia la enfermedad mental como atenuante o eximente de delito", explica. A ese respecto Pallarés revela que suelen darse dos circunstancias. La primera es que la enfermedad no tenga nada que ver con el delito cometido. Pero "lo más habitual es que nadie advierta al juez de que esos ademanes, esa mirada huidiza, esos silencios o esas evasivas no son producto de una estrategia de defensa, sino que es debido a la enfermedad mental", puntualiza el abogado.
Enrique Cuadra Echeandia, uno de los miembros del GRAPO que secuestraron al empresario zaragozano Publio Cordón, hace casi 17 años, ha sido trasladado a la Cárcel de Daroca para cumplir la condena que le queda --fue condenado a 27 años en 1998-- por el rapto. El terrorista era el responsable del comando que el 27 de junio de 1995 llevó a cabo el secuestro y desaparición del empresario aragonés, informaron a Europa Press fuentes penitenciarias. Al poco tiempo fue detenido en Barcelona.
Cuadra Echeandia, natural de Baracaldo (Vizcaya), lleva en Daroca desde el martes, trasladado desde Sevilla. Allí ha permanecido gran parte de los 14 años que lleva en prisión. El terrorista era el responsable de negociar con la familia, bajo el alias de Benito, para exigirle el pago de 500 millones de pesetas a cambio de la liberación. El resto del comando estaba formado por Fernando Silva Sande, encargado de la vigilancia y custodia del secuestrado, José Ortín Martínez y Concepción González Rodríguez, encargados de alquilar la furgoneta y el piso en el que fue escondido Cordón. Además del secuestro, Cuadra Echeandia participó también en el asalto a un furgón blindado en Zaragoza, en abril de 1993, en el que murieron tres terroristas y un empleado de Prosegur.
El periódico de Aragón - 15-3-2012
Desde ASAPA, como miembros de la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura, nos hacen llegar un informe sobre condiciones y régimen de cumplimiento en aislamiento (1er grado penitenciario), centrado en el pasado año 2011 en la cárcel de Zuera (Zaragoza).
A través de este documento quieren poner de manifiesto la realidad de las condiciones de vida en estas dependencias, así como exigir la abolición de este régimen de cumplimiento por constituir un trato inhumano en sí mismo.
El informe ha sido puesto en conocimiento, el pasado día 2 de marzo de 2012, del Relator Especial de la ONU para la cuestión de la Tortura, así como el Subcomité Internacional para la Prevención de la Tortura, organismos encargados específicamente de examinar la práctica de los estados en materia de prevención de la tortura y que han desvelado los incumplimientos del gobierno español en esta materia.
Arainfo 10-3-2012
1. Entidad adjudicadora: a) Organismo: Sociedad Estatal Infraestructuras y EquipamientosPenitenciarios, S.A. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Contrato de obra. b) Descripción: Ejecución de las obras del proyecto básico y de ejecución de laampliación del Centro Penitenciario de Teruel. h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: Diario Oficial de lasComunidades Europeas el 13 de septiembre de 2011 y en el Boletín Oficialdel Estado el 22 de septiembre de 2011. 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Abierto. 5. Presupuesto base de licitación. Importe total: Sin incluir impuestos23.587.046,72 euros. 6. Formalización del contrato: a) Fecha de adjudicación: 15 de diciembre de 2011. b) Fecha de formalización del contrato: 9 de enero de 2012. c) Contratista: Acciona Infraestructuras, S.A. y Plettac Electronics Seguridad,S.A. Unión Temporal de Empresas. d) Importe o canon de adjudicación: Importe total: Sin incluir impuestos20.478.273,96 euros. Madrid, 23 de febrero de 2012.- El Director General, Juan José AzconaOlóndriz.
1. Entidad adjudicadora: a) Organismo: Sociedad Estatal Infraestructuras y EquipamientosPenitenciarios, S.A. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Contrato de Servicio. b) Descripción: Dirección de obra, dirección de ejecución, coordinación deseguridad y salud y asistencia técnica a la dirección facultativa de las obrasde ampliación, instalaciones de seguridad y obras complementarias de lasobras de ampliación del Centro Penitenciario de Teruel. h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: Diario Oficial de lasComunidades Europeas el 30 de septiembre de 2011 y en el Boletín Oficialdel Estado el 14 de octubre de 2011 y, rectificación publicada en Diario Oficialde las Comunidades Europeas el 14 de octubre de 2011 y en el BoletínOficial del Estado el 24 de octubre de 2011. 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Abierto. 5. Presupuesto base de licitación. Importe total: Sin incluir impuestos 561.440,00euros. 6. Formalización del contrato: a) Fecha de adjudicación: 9 de enero de 2012. b) Fecha de formalización del contrato: 27 de enero de 2012. c) Contratista: Applus Norcontrol, S.L.U. d) Importe o canon de adjudicación: Importe total: Sin incluir impuestos332.372,48. Madrid, 23 de febrero de 2012.- El Director General, Juan José AzconaOlóndriz.
Zaragoza.- Luis Rogelio Valido Martín y Santiago Domínguez Corbalán se sentaron en el banquillo de los acusados de la Audiencia de Zaragoza por la muerte del reo Antonio Giménez cuando éste dormía la siesta en la prisión zaragozana de Zuera. El primero fue absuelto y el otro condenado a doce años de prisión, tras aplicarse la atenuante de arrebato y obcecación que le apreció el Jurado Popular. Ahora, la sentencia ha sido recurrida por la Fiscalía y la acusación particular, ejercida por Olga Oseira.
Fuentes del Ministerio público han reconocido no estar satisfechos con la sentencia dictada por el tribunal zaragozano, especialmente por la reducción de pena a doce años que se le impuso a Domínguez Corbalán a partir de la atenuante. Unos años de cárcel que distan de las peticiones de la fiscal y de la penalista Oseira que eran de catorce años de prisión.
La abogada zaragozana también recurre en los mismos términos, ya que considera que es nula el acta de veredicto que absuelve a Valido Martín e impugna la atenuante aplicada a Domínguez Corbalán por considerar que no se cumplen los requisitos necesarios. "Para tener en cuenta la obcecación es preciso actuar en el mismo momento y en este caso no ocurrió", ha resaltado Oseira.
En el caso de que el Tribunal Superior de Justicia de Aragón acepte dicho recurso podría tener que volver a celebrarse el juicio.
En dicho fallo, el magistrado-presidente del Tribunal de Jurado, Mauricio Murillo, señaló que “no había dudas” de que fue una muerte violenta dado el contenido del informe de la autopsia realizada en el Instituto de Medicina Legal de Aragón que señalaba que “fue con fuerza por la forma y porque llegó a chocar contra una vértebra”.
Asimismo, entendió que existió dolo porque la primera lesión fue la mortal cuando Antonio Giménez estaba recostado y somnoliento sobre la cama de su celda. Posteriormente, se enzarzaron ambos en una pelea, defensiva por parte de Antonio Giménez y agresiva por parte de Santiago Domínguez Corbalán, a tenor de la etiología de las heridas que ambos sufrieron.
Pero junto a Domínguez Corbalán también fue condenado el Estado por considerar que no se adoptaron correctamente las medidas de seguridad puesto que el arma utilizada fue un pincho carcelario. Por ello, mantuvo una responsabilidad civil subsidiaria de 103.034,96 euros para los padres y para los hijos.
Un asesinato en el mundo de peligrosos
Todo se desarrolló en febrero de 2010, sobre las 14.00 horas, cuando Santiago D.C. tuvo una agria discusión verbal con el fallecido cuando el primero pidió un cigarro espetando: “Dame un cigarro hermano” y Antonio le dijo: “Ni te doy, ni soy tu hermano”, llegando a retar la víctima al acusado para que fueran a los “tigres” –referencia que los internos tienen de los baños para pelearse al no existir cámaras de seguridad–. Allí se enzarzaron verbalmente hasta que pararon debido a que los funcionarios se dieron cuenta de lo que ocurría.
Esta situación despertó una gran humillación en Santiago, generándole un profundo deseo de venganza al haberse sentido herido en su orgullo. Mientras, Santiago y el otro encausado, Luis Rogelio, durmieron la siesta juntos. Posteriormente, el condenado fue hacia la celda de Antonio y, aprovechando que estaba boca arriba y somnoliento, le agarró con fuerza de la cabeza, le tapó la boca para evitar pedir auxilio y le asestó un fuerte pinchazo con un objeto punzante en el hemitórax izquierdo que le provocó una agónica muerte por desangro.
La víctima llegó incluso a levantarse y forcejear con Santiago, si bien, dada la gravedad de la lesión volvió a caer sobre la cama.
Luis Miguel Gabás - Aragóndigital - 29-2-2012

Las obras de ampliación de la prisión de Teruel permitirán duplicar la capacidad de este centro una vez que finalicen los trabajos, que ya han comenzado. El proyecto de ampliación supone una inversión de más de 24 millones de euros y tiene un plazo de ejecución de tres años.
Para el director de la prisión, Julio Esteban, el inicio de las obras en el centro penitenciario es una buena noticia porque la ampliación permitirá también aumentar el número de trabajadores y "fijar más población en Teruel".
En declaraciones a Europa Press, Julio Esteban ha señalado que la empresa adjudicataria, la UTE formada por Acciona Infraestructuras y Plettac Electronics Seguridad, "lleva un tiempo trabajando en temas geotécnicos", mientras que ahora "están procediendo al desbroce y preparación de los terrenos" para comenzar unos trabajos que "no pueden entorpecer el día a día de la prisión".
Al respecto, ha comentado que el centro penitenciario tiene que seguir funcionando con normalidad mientras se prolonguen los trabajos por lo que "hay que habilitar zonas especiales". De hecho, el director de la prisión ha apuntado que la primera parte de las obras incluirá la construcción de "un nuevo modulo y los internos se trasladarán ahí".
Una vez realizados estos trabajos "se demolerá una parte del centro penitenciario actual para proceder a su ampliación". Gracias a esos trabajos, ha recordado Esteban, la prisión de Teruel dispondrá de 442 plazas, frente a las 220 actuales. Además, los trabajadores pasarán de los 140 a 175 empleados.
Así, Esteban se ha mostrado satisfecho porque las obras "posibilitan que se duplique la población reclusa", pero también porque "se fijará población en Teruel gracias a la creación de empleos". Además, "se va a mejorar la estancia de los internos y el trabajo de los empleados", ha concluido Esteban.
TERUEL, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -
Un módulo conflictivo
El crimen tuvo lugar la tarde del 2 de febrero de 2010 en el módulo 9 de Zuera que, según el tribunal, es uno de los recintos de la prisión donde se concentran algunos de los internos más peligrosos y donde los 'pinchos', la violencia y la droga forman parte de la vida cotidiana de los reclusos.No solo la asistencia letrada gratuita a los inmigrantes atraviesa un momento delicado. También el Servicio de Orientación Penitenciaria (SOP), que atiende las dudas en los trámites de los presos en Zuera y Daroca, lucha por su supervivencia. En los últimos años, era el propio Colegio de Abogados quien tenía que costear el servicio. Para el año pasado, sin embargo, el servicio recibió recientemente una importante ayuda de la DPZ.
El pasado 23 de diciembre, la Presidencia de la DPZ acordaba conceder una subvención de 15.000 euros para el pasado ejercicio, "dentro de las ayudas para entidades sin ánimo de lucro", según explicó el presidente de la diputación, Luis María Beamonte. La cantidad no cubre por entero el coste, que es de casi 21.800 euros --aparte de los casi 3.800 en kilometraje, ya que los abogados se desplazan dos días por semana a Zuera y uno a Daroca--, pero supone una importante ayuda, según reconoció el coordinador del Turno de Oficio del Colegio de Abogados, Miguel Lanaspa.
NEGOCIACIONES Para este año, el Colegio pretendía en primer término que la financiación del SOP se incluyese en el convenio del Turno de Oficio que negocia anualmente con la DGA, pero finalmente la negociación no llegó a buen puerto. Ahora se buscan "nuevas vías" de financiación a cargo del Gobierno Aragonés, pero según pudo saber este diario, desde la Consejería de Justicia no tienen constancia de que haya nada concretado al respecto.
El SOP, coordinado por la abogada Rebeca Santamalia, cuenta con 60 abogados especializados en Derecho Penitenciario, que resuelven las consultas de los presos en torno a los trámites que pueden realizar en prisión. Actualmente, la coordinadora prepara la memoria del 2011, pero los datos de consultas, según la coordinadora, son similares a los del 2010. En ese año los letrados realizaron 67 guardias en los centros penitenciarios de Zaragoza, para un total de 1.858 peticiones de entrevista de los letrados.
Al igual que el SAOJI, el SOP también fue un servicio pionero en España, que se estableció a través de un convenio del Colegio de Abogados y la DPZ en 1995. Los abogados han de someterse a un curso específico para prestar el servicio, además de contar con tres años de experiencia en el Turno de Oficio.
Las consultas a las que suelen hacer frente se refieren a trámites como los traslados de centro penitenciario, los cambios de grado de los internos o el recurso por sanciones en la cárcel.
F. M. H. 15/01/2012 El Periódico de Aragón
Una cincuentena de presos donó ayer sangre en el centro penitenciario de Zuera. La iniciativa, promovida por la Fundación Carlos Sanz en colaboración con el Banco de Sangre y Tejidos de Aragón, fue la primera de este tipo realizada en España, en un contexto de descenso generalizado de politoxicómanos en las cárceles del país. Una tipología de recluso medio modificada durante los últimos años respecto a la imagen tradicional.
"El perfil sanitario de los presos no es el mismo", declaró el médico jefe de equipos móviles del banco, Alfredo Gaudes. "Se ha terminado con la imagen de recluso politoxicómano", explicó, "y la extracción se puede hacer sin ningún tipo de problema", en referencia a los internos que se prestaron a la donación de sangre en la prisión aragonesa.
La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ofrece algunas estadísticas a este respecto. En su último informe con datos del 2009, los fallecidos por VIH habían descendido un 50% en relación al año anterior. Además, también se referencia un descenso de los muertos por reacción adversa a las drogas. Junto a todo ello, el número de casos de seroconversiones de hepatitis C notificados en 2010 fue inferior al del 2009. Algo positivo, teniendo en cuenta que "el factor de riesgo mas importante es la utilización de la vía inyectada compartiendo material de inyección para el consumo de drogas ilegales".
Un balance que dista del que se podía encontrar años atrás. La generación de presos que conoció de primera mano los peores años de la heroína en las cárceles fue falleciendo por motivos de salud, explicó Gaudes. Ahora, los internos sufren menos enfermedades relacionadas con la adicción a esta droga.
EL PERIODICO DE ARAGON (A. P. M.). 5 enero 2012
En esta iniciativa, que forma parte de uno de los proyectos que está llevando a cabo la Fundación zaragozana Carlos Sanz, participarán alrededor de 170 internos de la cárcel de Zuera.
Estas donaciones son "un gesto solidario, generoso y altruista jamás antes realizado", ha explicado en declaraciones a Efe el presidente de la asociación, Carlos Sanz.
"Este tipo de cosas dignifica la imagen de los presos", ha explicado Sanz, quien ha elogiado el gesto de los internos, "cuando alguien necesita sangre no importa de quién proceda".
Además, de esta actividad pionera en España, esta misma fundación ha conseguido, en tres años, que más de 7.000 reclusos tengan un carné de donantes de órganos gracias al programa "Deporte y Solidaridad".
También han colaborado con sus charlas dentro de las cárceles jugadores de fútbol como Lafita o entrenadores como Javier Aguirre, ha apuntado Sanz.
La Fundación Carlos Sanz fue creada en 2008 con el objetivo de sensibilizar a la sociedad de la importancia de las donaciones de órganos a través del deporte.
EFE - 4 enero 2012
Solo él superó con éxito el duro "concurso interplanetario de imitadores de personas, animales y cosas" que desterró al hiperespacio a Camilo Sexto, Julio Iglesias, la Mula Francis y la Duquesa de Alba. Lo anuncia una columna de letras que evoca a las primeras imágenes de La guerra de las galaxias y que se pierde en la oscuridad antes de dar paso al vencedor de la competición: El Torrija, el protagonista del último cortometraje producido por los presos de la cárcel de Daroca. "Las siguientes imágenes herirán seguro la sensibilidad del espectador", advierte la leyenda. El que avisa....
El taller de cine del centro penitenciario estrenó en su web --revistalaocaloca.com/2011/12/el-torrija-3-una-nueva-esperanza -- a última hora del día de Navidad su cuarta producción cinematográfica, un cortometraje de poco más de ocho minutos de duración "en el que intentamos rendir nuestro particular homenaje a Santiago Segura y su saga de Torrente", explican.
Todo tiene una explicación: el protagonista, Juan Barrul, manifestó sus dotes para imitar al casposo expolicía de película una semana antes de salir en libertad, lo que no dejó más tiempo a los guionistas --el subdirector de Tratamiento, Javier Mesa, y el interno Javier Escriba-- para redactar un libreto filmable en tan poco tiempo. Salió, con la participación de otros reclusos y de profesoras del centro. Con trabajo y con mucha imaginación, algo de lo que dan fe el maquillaje del protagonista y algunos efectos especiales.
Clip musical
Era julio. Faltaban cuatro meses largos antes de que El Torrija 3 saliera a la red junto con el clip musical de la canción Niña, espabílate, interpretada por el grupo M-4 --cuyo cantante era Barrul-- y firmado también en el penal.
El Torrija 3 es el último producto de la factoría cultural de la cárcel de Daroca, un penal cuyos reclusos desarrollan un intenso programa de actividades coordinado por Mesa que les ha llevado a obtener galardones como el de la mejor ópera prima del Festival de Cine de Fuentes de Ebro con el cortometraje H2cero o la excelente acogida que El gitano poeta tuvo en el certamen Finestrat, en Alicante.
La celda Grumfeld fue su tercera obra y la última antes de la recién estrenada. Le seguirán otras, explica Mesa. En enero prevén terminar el documental Desde adentro, elaborado a partir de los microrrelatos y poemas que su revista La oca loca recibió desde medio mundo en el concurso que convocó hace unos meses. "Es una documental de tono más intimista, más poético", indica el responsable de Tratamiento de la cárcel.
Después vendrá Alas, un corto de ficción mudo con banda sonora en el que "volvemos a nuestros orígenes. Será dramático con un toque de esperanza", señala Mesa.
La oca loca y las actividades culturales han abierto en los gruesos muros de hormigón de la cárcel de Daroca una ventana que acerca el mundo penitenciario a la calle, al mismo tiempo que mejora el proceso de reinserción de los internos. "Fenomenal. No paran los éxitos, sobra iniciativa y saber funcionar en equipo", les escribió ayer un educador del penal leonés de Mansilla.
E. BAYONA 27/12/2011 - EL PERIÓDICO DE ARAGÓN.
Tras cuatro largas jornadas, el juicio por el asesinato de un interno en la prisión de Zuera, A. J. H., el 2 de febrero del año pasado, llega a su fin. Tras tres días de oír testimonios de los dos acusados --Santiago D. C., el autor confeso del pinchazo mortal y Luis Rogelio V. M., presunto cómplice--, los presos, los guardias civiles que investigaron el caso y los peritos forenses, los nueve miembros del jurado tendrán que decidir --y decir-- hoy que conclusiones han extraído.
Para las partes implicadas, que expresaron ayer sus propias impresiones a los que tendrán que decidir, las cosas no han cambiado mucho después del proceso. Únicamente José Álvarez, abogado de Santiago D. C., modificó sus conclusiones iniciales. Pidió que su cliente sea considerado autor de un homicidio imprudente, delito que se castiga con entre uno y cuatro años de prisión, o en su defecto de un homicidio, penado con entre diez y quince años de cárcel.
EXIMENTES En cualquier caso, sigue manteniendo las eximentes de legítima defensa y miedo insuperable, lo que a efectos prácticos supondría la absolución del acusado. También alegó la atenuante de arrebato, que rebajaría la pena en el caso de que el jurado no considerase probadas las otras.
El resto de las partes mantuvieron sus peticiones, de absolución en el caso del letrado Rafael López, que defiende a Luis Rogelio V. M., el canario, ya que a su juicio no está probado que tuviera nada que ver con el crimen. La Fiscalía y la acusación particular, que ejerce Olga Oseira en representación de los padres del fallecido, siguen pidiendo 20 años por asesinato. El Abogado del Estado considera que no procede indemnizar porque el centro penitenciario no incumplió las normas de seguridad.
Por lo visto en el proceso, una de las claves será si los ciudadanos dieron crédito a la versión de los forenses sobre la secuencia de la pelea. Estos dijeron que el ataque mortal con un pincho carcelario fue el primero, y cogió a A. J. H. desprevenido, lo que supondría alevosía y, por lo tanto, asesinato. Los peritos de la defensa aseguraron, por contra, que la herida en el corazón tuvo que ser la última, la que paró la refriega. Respecto a Luis Rogelio V. M., el jurado decidirá si el testimonio de un preso amigo de la víctima, que aseguró que le sacó de la celda para que no interviniese, es lo suficientemente fiable como para condenarle por el crimen.
F.M.H. El periódico de Aragón - 23-12-2011
Después de cuatro días de juicio con sesiones de mañana y tarde, este viernes el Jurado Popular decidirá si Santiago Domínguez Corbalán y Luis Rogelio Valido son culpables o inocentes de la muerte de Antonio Giménez, su compañero de módulo de la cárcel de Zuera (Zaragoza).
Los nueve hombres y mujeres del pueblo elegidos para este caso no impondrán penas de cárcel, en el que caso de los consideren culpables, porque eso lo hará el magistrado presidente, pero sí tienen en sus manos decidir si todo fue un asesinato o un homicidio imprudente.
La representante del Ministerio Fiscal y la abogada de la acusación particular, Olga Oseira, mantienen que Domínguez Corbalán lo mató con alevosía y con la cooperación de Valido, por lo que piden 20 años de prisión. Pena muy distinta a la mantenida por las defensas.
Concretamente, el letrado del principal acusado, José Álvarez Domínguez, ha considerado que todo fue un homicidio imprudente -pena máxima de cuatro años-, aunque ha presentado subsidiariamente la posibilidad del homicidio -pena máxima de quince años-, que sería estar menos tiempo en la cárcel que con el asesinato. No obstante, para conseguir reducir los años máximos presenta dos eximentes de legítima defensa y miedo insuperable, además de la atenuante de arrebato u obcecación.
Por su parte, el abogado del procesado que, presuntamente, actuó como cooperante, Rafael López Garballo, mantiene que él no participó y, por ello, sugiere la libre absolución para su procesado.
En este caso, no está en juego sólo la culpabilidad o no de los encausados, sino si hubo alguna responsabilidad por parte del Centro Penitenciario de Zuera, ya que la puñalada se realizó con un pincho carcelario en la celda de la víctima. De hecho, instan al Estado a pagar indemnizaciones de 144.000 y 208.000 euros, aunque su abogado mantiene que la seguridad estaba garantizada.
¿Legítima defensa o asesinado por sorpresa?
Los hechos exactos nunca se sabrán, pero durante estos días se ha intentado reconstruir ante los miembros del Jurado cómo pudieron suceder. Algo importante para decidir si fue un asesinato u homicidio.
Todo ocurrió en febrero de 2010 cuando Santiago y Antonio tuvieron una agria discusión por un cigarro, retándole la víctima al acusado para que fueran a los “tigres” -eferencia que los internos tienen de los baños para pelearse al no existir cámaras de seguridad-.
Esto provocó, según las reconstrucciones de la Guardia Civil, de los forenses y de algún recluso testigo, que Santiago urdiera un plan con Luis Rogelio Valido para matar a la víctima.
Utilizando la siesta, los dos procesados fueron hacia la celda de Antonio y, aprovechando que estaba boca arriba y somnoliento, le agarró con fuerza de la cabeza, le tapó la boca para evitar pedir auxilio y le asestó un fuerte pinchazo con un objeto punzante en el hemitórax izquierdo que le provocó una agónica muerte por desangro.
El finado no perdió la vida en el momento, por lo que llegó incluso a levantarse y forcejear con Santiago, si bien, dada la gravedad de la lesión, volvió a caer sobre la cama. Mientras ocurrían estos hechos, Luis Rogelio se encontraba realizando las labores de vigilancia en las puertas del módulo.
Esta versión no es compartida por los acusados, ni por los peritos aportados por sus abogados defensores, quienes mantienen que Santiago fue a pedir perdón a Antonio y que él se levantó y le intentó clavar el pincho carcelario, pero que en medio de la pelea se lo asestó a la víctima.
Por su parte, Luis Rogelio, admite que durmió con Santiago, pero porque se conocían de su estancia anterior en otra cárcel y que no planearon nada. Es más, dice que estaba cerca del lugar de los hechos porque iba a hacer un recado que le había pedido otro reo.
Luis Miguel Gabás - 22-12-2011 Aragondigital.es
Jornada clave la vivida en la Audiencia Provincial de Zaragoza para aclarar cómo fue la agresión que acabó con la vida de Antonio Giménez, el preso de Zuera supuestamente asesinado por sus compañeros de módulo -Santiago Domínguez Corbalán y Luis Rogelio Valido-.
Los médicos del Instituto de Medicina Legal de Aragón (IMLA) María Dolores Ramón y José Manuel Arreondo han manifestado, en una brillante y clara exposición ante los miembros del Jurado Popular, que el fallecido tuvo que ser atacado por sorpresa por Santiago cuando éste estaba durmiendo sobre la cama de su celda.
Es más, han descrito que Antonio tenía que estar tumbado boca arriba y relajado -estaba bajo tratamiento antidepresivo y tranquilizante- y que le clavó “de forma directa, con fuerza y certera” el pincho carcelario en el corazón. Una herida “mortal de necesidad”, según los forenses.
Estos especialistas, que también han hablado de las heridas restantes en manos, cabeza, boca y muslo indican, en su opinión, que al sentir el pinchazo, la víctima trató de defenderse del ataque y forcejeó con Domínguez Corbalán.
Asimismo, han reconocido que, aunque la hipótesis que defienden era la anteriormente referida, también sospesaron la mantenida por el principal procesado, es decir, que entró al habitáculo carcelario para pedir perdón al finado, pero que éste se lanzó sobre él, forcejearon y le clavó el arma, todo en defensa propia. Hechos que dudan los médicos del IMLA, quienes han aseverado que de ser así “Santiago tendría lesiones de haber peleado y no las tiene”.
Esta tesis ha sido cuestionada por los abogados defensores, Rafael López Garballo y José Álvarez Domínguez, especialmente por este último, quien anteriormente ha utilizado como subterfugio que los funcionarios no pudieran mostrar su informe forense con sus propias fotos, sino con las de la Guardia Civil. Algo que ha permitido a los expertos un contacto más de tú a tú con los miembros del Tribunal Popular que incluso han interactuado y representado con una hoja de papel cómo se produjo el "pinchazo".
Por ello, ha presentado el informe a dos especialistas en medicina legal del Servicio Andaluz de Salud que él ha contratado. Éstos han dado una versión totalmente opuesta a la de los funcionarios, señalando que las lesiones se produjeron en un “contexto de lucha”. Incluso, han llegado a decir que la puñalada fue lo último que se produjo.
Esta situación ha provocado que el magistrado presidente haya propuesto un careo entre los cuatro facultativos. Sin embargo, el intercambio de opiniones no ha permitido un acercamiento de posturas.
"Me dijeron que uno contra uno"
En esta tercera jornada de vista oral, que ha durado mañana y tarde, también han sido interrogados ocho presos del centro penitenciario como testigos protegidos. Uno de ellos, cuya celda está contigua a la de la víctima, ha dicho que se levantó de la siesta y se dirigió hacia Antonio cuando vio que Santiago estaba dentro y otra persona -Luis Rogelio- le agarró de jersey y le dijo que “era uno para uno”, para que no interviniese.
Hecho que hizo que saliera corriendo a buscar a otros reos para que le ayudaran a sacar a Antonio y llevarlo a la enfermería.
El Ministerio público y la abogada de la familia de la víctima, Olga Oseira, consideran que se produjo un asesinato, por lo que piden 20 años de prisión. Penas no compartidas por los abogados defensores, José Álvarez Domínguez y Rafael López Garballo, quienes mantienen la libre absolución.
Aragóndigital.es - Luis Miguel Gabás - 21-12-2011