El primer año de la crisis dispara los delitos contra la propiedad en Aragón

Los delitos contra el patrimonio se dispararon en Aragón el año pasado, el primer ejercicio en el que dejó sentir sus efectos la crisis que hoy deja sin empleo a más de 90 ciudadanos cada día. La Memoria de la Fiscalía, hecha pública ayer coincidiendo con la apertura oficial del año judicial, revela un espectacular incremento de los hurtos, los robos y las estafas en las tres provincias aragonesas. Los delitos contra el patrimonio fueron la causa de más de la mitad de las causas abiertas en las tres provincias aragonesas.

Las fiscalías de Huesca, Teruel y Zaragoza abrieron el año pasado diligencias por 26.164 episodios de hurto frente a las 17.800 del ejercicio anterior, lo que supone un aumento del 46,9%. Cuatro de cada cinco --21.815-- se registraron en Zaragoza.

Las estafas pasaron en doce meses de 1.721 a 2.585, incremento que rebasa el 50%. El grueso de los timos y fraudes se produjo en Zaragoza, con 1.854, si bien los crecimientos fueron cualitativamente más destacados en Huesca y Teruel: en la primera aumentaron un 122%, al pasar de las 240 del 2007 a las 533 del 2008, y en la segunda prácticamente se duplicaron --de 106 a 198--.

Los datos del ministerio público también revelan un claro aumento de los robos en domicilios y locales comerciales. Especialmente en Huesca, donde se quintuplicaron al pasar de 11 a 51. La Fiscalía de esta provincia apunta que el incremento en este último apartado puede deberse a "una mayor precisión en el registro de estas causas, que en ocasiones se venían anotando genéricamente como robos con fuerza". En Teruel, cuya Fiscalía expresó su "preocupación por el notable incremento experimentado por los delitos contra el patrimonio", la primera infracción creció de cero casos a tres mientras la segunda pasaba de 593 a 765.

El ministerio público también destaca "la importante proporción" de los delitos contra la propiedad en Zaragoza, entre los que se incluyen los daños, "con 15.343 diligencias incoadas y un aumento superior al 100%". La Fiscalía de la capital aragonesa apunta "como posible causa de ese incremento" de las infracciones contra el patrimonio "la celebración en el verano del 2008 de la Expo, durante la que se detectó la presencia de algún grupo organizado de origen croata dedicado a la comisión de robos".

FAMILIA Otro de los delitos que el año pasado experimentó un notable incremento en Aragón fue el impago de pensiones, es decir, dejar de pasar la manutención a los hijos cuya custodia mantiene el excónyuge o a este. Las diligencias abiertas por esta causa pasaron de 193 a 321, con aumentos porcentualmente más acusados en Teruel --de 14 a 27-- y Huesca --de 39 a 66--.

La Fiscalía zaragozana alerta del aumento de algunos delitos contra las personas como los homicidios --8 en el 2008 por 2 en el 2007-- y las lesiones, que crecieron un 115% al llegar a 33.875.

BODAS BLANCAS El Ministerio Público también destaca en Zaragoza "el enorme aumento de los matrimonios ilegales, cuyas diligencias previas ascienden de dos a 28", y el de los abandonos de familia, que suben de 117 a 183.

"Otra tendencia preocupante que se consolida --señala-- es la del ascenso de las diligencias incoadas por tráfico de drogas", con 138 asuntos en un año.

La Fiscalía también vincula el efecto llamada de la Expo para inmigrantes sin papeles con el aumento de los casos de falsificación de documentos --de 48 a 123-- y los delitos contra los derechos de los extranjeros --de 8 a 49--.

Por último, la memoria destaca en Huesca la "importante incidencia de las peleas que se producen en locales donde se venden bebidas alcohólicas". Los casos de lesiones pasaron de 1.413 a 3.027.

22/09/2009 E. BAYONA El Periódico de Aragón

La población reclusa en Aragón baja casi un 2% en el último año hasta los 2.542 presos

Según la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior, en España existen actualmente un total de 76.546 personas internadas en los centros penitenciarios de todo el país, de éstas 59.848 son penadas (78,19%) y 16.698 están preventivas (21,81%). El porcentaje de mujeres sigue siendo muy inferior al de hombres, un 7,95% frente a un 92,05% (6.087 mujeres y 70.459 hombres).

Mientras que en todo el Estado, el número de presos este mes de septiembre se ha incrementado (de 76.523 a 76.546), en Aragón ha descendido de los 2.577 a 2.542 presos. En un año, el número de presos en la Comunidad ha bajado casi un 2% (1,8%) de los 2.586 a los 2.542.

Aragón se integra en la Zona 3 del orden territorial de Instituciones Penitenciarias que acoge esta Comunidad, junto con La Rioja y Navarra. La cifra de personas encarceladas en las tres cárceles que posee Aragón (Zuera, Daroca y Teruel) se sitúa en los 2.542 a fecha del 11 de septiembre de 2009. De éstos, 271 son preventivos y 2.271 son penados.

A fecha de julio de 2008, en los centros penitenciarios aragoneses se han realizado 24 acciones de formación ocupacional con 517 alumnos y cinco acciones de orientación para la insercción laboral con 75 alumnos.

La Comunidad Autónoma de Aragón está en el octavo puesto del ranking nacional en número de encarcelados siendo el 3,3% del total nacional, subiendo un escalón. En el primer puesto se encuentra Andalucía con 17.711 presos y en el último, Navarra con 273 personas en privación de libertad.

En el 2009, en todo el país ha subido la cifra de presos hasta los 76,546 presos, 3.065 encarcelados más que en 2008, cuando había 73.481 personas encerradas. Desde 1999 la cifra casi se ha duplicado, cuando había 45.384.

Noelia Fragoso Delgado - Aragóndigital

Ingresa en Zuera un etarra que participó en la 'caravana de la muerte'

El etarra Igor Martínez de Osaba Aguirre fue 'acercado' el pasado 29 de julio desde la cárcel pontevedresa de A Lama hasta la prisión de Zuera, según confirmaron a Europa Press fuentes penitenciarias. Este individuo era uno de los conductores de una de las dos furgonetas bomba cargadas con 1.700 kilos de explosivos, localizadas en la provincia de Zaragoza en diciembre de 1999 y con las que ETA pretendía atentar en Madrid en la conocida como la 'caravana de la muerte'.
La prisión aragonesa, junto a Villabona, en Asturias, son los dos centros principales donde, al parecer, se mezclan presos contrarios a la 'lucha armada', críticos con la actual dirección de la banda, con otros reclusos de los denominados 'duros'. Un extremo que desde el Ministerio del Interior siempre se ha desmentido.

En los últimos meses, la cárcel de Zuera ha recibido a abanderados del fin de la violencia, caso de José Luis Urrusolo Sistiaga o Carmen Guisasola, ambos expulsados de ETA. La intención de Interior es que las posiciones favorables a acabar con el terrorismo se extiendan entre el colectivo de más de 600 presos de la banda encarcelados en España. Ahí se enmarca la política de acercamientos y alejamientos a cárceles del País Vasco que el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, reconoció el 10 de diciembre de 2008.

Igor Martínez, de 36 años, fue detenido el 9 de noviembre de 2000. La Audiencia Nacional le condenó a 22 años de prisión el 5 de marzo de 2003 tras aceptar un acuerdo de conformidad entre su defensa y la Fiscalía por medio del cual el etarra admitía ser integrante del ‘comando Basurde’ y que el 19 de diciembre se trasladó a Francia junto a los también etarras José María Novoa y Alicia Sáez de la Cuesta.

En el país galo se les entregó una furgoneta Citroën Jumper con 1.300 kilos de explosivos como cloratita, dinamita y amonita, con el sistema eléctrico de ignición. Asimismo, les entregaron una furgoneta Peugeot Boxer con algo más de 1.000 kilos del mismo material explosivo. Ambos vehículos debían estacionarlos al día siguiente en Madrid.

Esta operación, diseñada por la banda tras la ruptura de la tregua trampa de 1998, fue conocida como la 'caravana de la muerte'. Con ella, ETA pretendía un gran atentado en Madrid emulando a la banda terrorista irlandesa IRA, cuando en marzo de 1993 perpetró un ataque de grandes magnitudes en Londres en un momento en el que las negociaciones sobre el conflicto en Irlanda del Norte atravesaban una fase delicada.

En torno a 20 etarras en Aragón

En Zuera, Martínez de Osaba _-condenado también a 29 años de cárcel por asesinar en 1998 al guardia civil Alfonso Parada Ulloa- coincidirá con otros miembros de la banda trasladados durante el verano, precisaron las mismas fuentes. Se trata de Aitor Bores Gutiérrez e Iñaki Garcés Beitia, compañeros suyos durante los años noventa en el ‘comando Araba’ de ETA.

En concreto, Bores fue llevado a Zuera el pasado 9 de julio procedente de Murcia. Detenido el 19 de marzo de 1998, fue condenado por el atentado contra la base militar de Araca (Álava) en mayo de 1997 y por constituir en 1996 el ‘comando Araba’, en el que también militó Garcés Beitia, de 45 años. Este etarra se encuentra en la cárcel zaragozana desde el pasado 30 de junio procedente de la prisión de A Lama. Detenido el 19 de marzo de 1998, cumple una condena de 25 años.

Se calcula que los etarras retenidos en la prisión zaragozana superan la veintena, entre los que se encuentran algunos ‘históricos’ como Santi Potros, Iñaki Arakama o Rafael Caride ‘Lutxo’, entre otros.
Europa press

El Caballo del Malo - Si yo tuviera una bomba (macrocárcel de Zuera)

Prisiones investigará la compra del fuet que regalaba cuchillos

La dirección de las cárceles reconoce que tres armas llegaron a los reclusos.El camión que transportaba los alimentos entró sin pasar controles.

Instituciones Penitenciarias ha abierto una investigación para depurar responsabilidades por la compra, por parte de la prisión de Zuera, de unas barras de fuet que incluían un cuchillo de regalo. La dirección de las cárceles reconoce que entraron tres armas blancas a finales del pasado mes de julio, una cifra que los sindicatos elevan a seis. "Se va a estudiar por qué pasó inadvertido que el fuet adquirido ofrecía un cuchillo", aseguró ayer un portavoz de Instituciones Penitencias que se apresuró a subrayar que "el fallo se descubrió enseguida y los cuchillos se requisaron de inmediato".

Sin embargo, pese a la rapidez de la reacción, las armas blancas, con una hoja de 11 centímetros, ya habían llegado a manos de los presos, que habían solicitado el fuet a través del economato general de la prisión.

Como primera medida, la dirección del centro destituyó a los internos que están al frente del almacén y de los existentes en distintos módulos, pero no se adoptaron medidas respecto a los funcionarios que supervisan el trabajo de los reclusos.


RESPONSABLES Las barras de fuet fueron adquiridas en un centro comercial de Zuera por un demandadero, un empleado de la cárcel que, bajo pedido, suministra mercancías al economato. Luego fueron transportadas hasta el centro penitenciario en un camión que entró al recinto sin superar ningún control previo y sin que la mercancía pasara por un detector de metales. Una vez en el economato, el embutido se distribuyó a las tiendas de los módulos, desde donde se facilitó a los presos que lo habían solicitado.

"El fuet es un producto inocuo y por eso no está prohibido por el reglamento interno", aseguró la misma fuente de Instituciones Penitenciarias, que insistió en que "la entrada de cuchillos por este sistema es algo insólito".

"Los funcionarios actuaron con rapidez y diligencia y por eso el incidente no ha tenido ninguna consecuencia", afirmó ayer Eliseo Pérez, representante del sindicato CSIF en la cárcel de Zuera. En su opinión, la responsabilidad de lo sucedido puede encontrarse en la empresa distribuidora del producto y, sobre todo, en los presos de confianza que trabajan en los economatos, "puesto que la mercancía pasó por sus manos".

"Los funcionarios responsables de los economatos no saben qué contienen las cajas o palés que llegan al almacén, ya que la tarea de abrirlas y repartir su contenido es competencia de los reclusos", añadió Eliseo Pérez.

"Hay que tener en cuenta que los presos destinados en los economatos ocupan puestos de confianza, muy buenos, y que en una cárcel saturada como esta hay a razón de dos funcionarios por cada 150 reclusos, es decir, muy pocos", agregó.

De ahí que la investigación iniciada ya por Prisiones tratará de delimitar la responsabilidad por un hecho grave que hasta ahora solo ha afectado a los reclusos.


05/08/2009 F. V. L.
EL PERIÓDICO DE ARAGÓN

El economato de la prisión vendía un fuet que contenía cuchillos

El encargado de las adquisiciones no reparó en el contenido y suministró varios.La dirección del centro ha destituido a los responsables de la cooperativa.

Dos barras de fuet casero por 2,49 euros. Todo un ofertón en tiempos de crisis económica. Sobre todo para algunos reclusos de la cárcel de Zuera, que se apresuraron a hacer pedidos fuera del centro penitenciario, no por darse un atracón, sino porque el envoltorio del embutido incluía "un cuchillo de regalo", como dice la publicidad del fabricante.

De esta forma, a finales del pasado mes de julio, al penal de Zuera entró sin que nadie se percatara un número indeterminado de armas blancas ofrecidas por una conocida marca de embutidos. Los cuchillos acabaron en las celdas de varios presos, pero las autoridades penitenciarias ordenaron requisarlos en cuanto tuvieron noticia de lo sucedido. Además, destituyeron a los internos encargados del economato general y de los economatos de algunos módulos, sin que se tomaran medidas disciplinarias contra ningún funcionario.

Un cuchillo de sierra, con una hoja de 11 centímetros, es siempre un peligro. Pero en una cárcel puede desencadenar un motín o una pelea entre presos e incluso ser utilizado para autolesionarse.

Los hechos salieron a la luz entre el 28 y el 29 de julio. Al parecer, un miembro del personal laboral encargado de hacer compras en el exterior del centro penitenciario, conocido en el argot carcelario como demandadero, facilitó al economato central varios embutidos con su correspondiente cuchillo. El fuet figuraba en la lista confeccionada con las peticiones de los reclusos y no despertó sospechas por tratarse de un alimento que no contraviene el reglamento interno.

Desde el economato, que sirve de centro de distribución, las barras de fuet se fueron repartiendo a los módulos donde se habían registrado peticiones y, finalmente, a los presos que las habían solicitado.

Sin embargo, en esta larga cadena desde el supermercado de Zuera hasta los habitáculos de los presos alguien se percató de que había un cuchillo entre las dos barras de fuet y dio la voz de alarma. Inmediatamente se requisaron todos los cuchillos que habían entrado en la cárcel.

Los internos que estaban al frente de los economatos fueron relevados de su cargo, pese a que se trata de reclusos que se han ganado la confianza de los responsables del centro penitenciario por su buena conducta. No está previsto abrirles ningún expediente, pero su destitución puede plantear problemas legales, dado que su despido requiere que sean dados de baja de la Seguridad Social.

Con todo, la contundente medida adoptada con los presos contrasta con el hecho de que no se hayan pedido explicaciones a los funcionarios encargados de supervisar a los empleados de los economatos penitenciarios.

Los cuchillos entrañan un gran riesgo en las cárceles, máxime en la de Zuera, un macrocentro penitenciario que se encuentra saturado de forma crónica y en el que no son raros los pinchos, unas rudimentarias armas blancas que los propios presos elaboran con todo tipo de materiales consistentes y punzantes.


04/08/2009 F. V. L.
EL PERIÓDICO DE ARAGÓN

Condenados 27 años dos presos que secuestraron funcionario para huir de Zuera

Dos presos de la cárcel de Zuera (Zaragoza) han sido condenados a un total de 27 años y 10 meses de prisión por secuestrar y herir a un funcionario, además de causar lesiones a otros nueve, con el objetivo de escapar del centro penitenciario en el mes de septiembre de 2007.

Los condenados son Miguel A.C., de 25 años y natural de Valencia, y José Antonio C.M., de 28 años y de Tarragona, quienes se encontraban presos en la cárcel de Zuera por otras causas y que deberán cumplir otros 12 años y 10 meses en el primer caso y 14 años y 6 meses en el segundo.

Según la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, a Miguel A.C. se le considera autor responsable de un delito de secuestro, un delito de resistencia y nueve delitos de lesiones de diferente catalogación, mientras que a José Antonio C.M. de los mismos delitos más otro de lesiones.

Los hechos ocurrieron el 8 de septiembre de 2007 sobre las 09.15 horas, cuando el funcionario de prisiones Jesús P.D.M. se dirigió al módulo 10 para dar el desayuno a los internos, momento en el que los dos condenados se le acercaron por sorpresa, armados con tres pinchos carcelarios, le sujetaron y le pusieron el objeto punzante a la altura de la garganta.

En los hechos probados de la sentencia se explica que los dos jóvenes le amordazaron y maniataron "con intención de evadirse de la prisión", al tiempo que le amenazaron y le dijeron que "esto era en serio, que lo tenían planeado y que le había tocado a él".

En esa situación fueron caminando por el centro penitenciario, llevando al funcionario como rehén, sujetado por uno de ellos, quien le obligaba a caminar presionándole con un pincho, mientras el otro iba delante, también con un objeto punzante, conminando a los demás funcionarios para que le abrieran las puertas de salida, ya que en caso contrario "matarían a su compañero".

Los dos secuestradores lograron llegar al módulo de comunicaciones, y allí, en un momento de descuido, unos 20 funcionarios se abalanzaron, redujeron a los procesados y lograron liberar a su compañero, aunque resultó herido.

Le produjeron una herida inciso punzante torácica, heridas en hombros y abrasiones, por lo que necesitó tratamiento facultativo, quirúrgico y farmacológico, con cuatro días de hospitalización y 71 de impedimento total, además de secuelas de estrés postraumático, señala la sentencia.

Los dos procesados, una vez liberado el funcionario, forcejearon con otros trabajadores del centro y a nueve de ellos les causaron lesiones como policontusiones, esguince de muñeca, fractura del quinto metacarpiano de la mano derecha, contusiones manuales o contusión en codo y ceja derecha, entre otras.

Respecto a la responsabilidad civil, los magistrados entienden que los dos presos deberán indemnizar a los funcionarios con un total de 19.370 euros, en cantidades que van desde los 5.680 a los 90 euros.
Zaragoza, 27 jul (EFE).-

Interior vuelve a alejar a dos presos de ETA que estaban en Zuera

El Ministerio del Interior ha sacado de la cárcel de Zuera (Zaragoza) a Rafael Cardide Simón y a Gorka Martínbez Ahedo para enviarlos a a prisiones mucho más alejadas del País Vasco, según datos de Etxerat, la asociación de familiares de reclusos. En cambio, ha llevado a la prisión zaragozana a otra presa. Los responsables penitenciarios están utilizando la cárcel de Zuera para trasladar a etarras que se consideran críticos con la banda, al igual que se hace con la prisión asturiana de Villabona. Ahora hay una veintena de reclusos en cada uno de estos centros.
Rafael Caride Simón, integrante el «comando Barcelona», ha sido trasladado desde la cárcel de Zuera a la de A Lama, en Pontevedra. El segundo etarra que en las últimas semanas ha sido cambiado de prisión es Gorka Martínez Ahedo, que perteneció al «comando Vizcaya». Tras permanecer dos meses en Zuera, se encuentra ya en Sevilla II. En cambio, la dirigente de Batasuna Arantza Santesteban ha hecho el camino inverso ya que ha sido conducida desde Soto del Real a Zuera. Con ella son dos los cabecillas de la coalición ilegalizada que hay en Zuera, ya que también está Mikel Zubimendi.
Otros traslados
El ex jefe de ETA José Luis Alvarez Santacristina, «Txelis», que en febrero fue conducido a Zuera, ha sido traslado a la prisión de El Dueso, en Cantabria, donde están los proetarras Pernando Barrena y Gotzon Amaro. La segunda cárcel de referencia en la política penitenciaria es la de Villabona, en Asturias, que también ha registrado algunos movimientos este mes. El pasado día 2 Aiboa Casares y Naiara Mallabia fueron trasladadas desde esa prisión a las de Topas (Salamanca) y Curtis (La Coruña), respectivamente. El mismo día la dirigente de Batasuna Joana Regueiro fue conducida a la prisión asturiana desde la madrileña de Soto del Real.
ABC

'Pakito' será interrogado por la desaparición de 'Pertur'

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu se desplazará en las próximas semanas hasta la prisión de Zuera (Zaragoza) para interrogar al ex dirigente etarra Francisco Múgica Garmendia, 'Pakito', sobre la desaparición del que fuera líder de ETA Político-Militar Eduardo Moreno Bergareche, 'Pertur', que se produjo el 23 de julio de 1976 en San Juan de Luz (Francia), informaron este jueves a Europa Press fuentes jurídicas.

El magistrado, que investiga estos hechos desde junio de 2008, tiene intención de interrogar a 'Pakito' para tratar de esclarecer si el etarra, miembro de los denominados 'bereziak' o comandos especiales de ETA, y su compañero Miguel Ángel Apalategi Aierbe, 'Apala', asesinaron al líder de los 'poli-milis' e hicieron desaparecer su cuerpo, tal y como han declarado varios testigos.

'Pakito' fue detenido en 1992 cuando se produjo la caída de la cúpula de ETA en Bidart (Francia). En 2005 la dirección de la banda le suspendió de militancia por haber firmado junto a otros cinco presos una carta en la que defendía el abandono de las armas. 'Apala', por su parte, se encuentra en paradero desconocido aunque se cree que podría residir en Cuba. La Fiscalía pidió formalmente en junio del año pasado la imputación de los dos.

Interior emprendió a finales del pasado año en las cárceles de Zuera y Villabona (Asturias) una estrategia de acercamientos y alejamientos de presos de ETA a cárceles cercanas al País Vasco según se hubiesen posicionado a favor de continuar o no con la "lucha armada". En Zuera se mezclan ex dirigentes de la banda contrarios a continuar con la violencia o críticos con la actual dirección de la banda con otros de los denominados 'duros'. Entre el grupo de los primeros destaca 'Pakito' o los también expulsados de la disciplina etarra Carmen Guisasola y José Luis Urrusolo Sistiaga.
EUROPA PRESS

Contra unificación en Sin ir más lejos de Aragón TV

3 muertes por droga en Espejo Público de A3

Roldán salva el botín El ex director de la Guardia Civil saldrá de prisión dentro de siete meses y sin devolver la fortuna que robó

Luis Roldán acabará de cumplir su condena dentro de siete meses y medio. El ex director general de la Guardia Civil cancelará su deuda con la justicia en marzo de 2010, según fuentes de Instituciones Penitenciarias. De los 31 años de prisión a los que fue condenado por el Tribunal Supremo, habrá cumplido algo menos de 15, ya que ingresó en la cárcel en febrero de 1995, nada más regresar de su fuga.

El ex jefe de la Guardia Civil ha salvado su botín. Logrará la libertad sin haber pagado al Estado los 19 millones de euros a los que fue condenado en concepto de responsabilidad civil ni devuelto 10 millones de euros que ocultaba en 1993 en sus cuentas suizas en el banco CBI-TDB de Ginebra. Una oscura fortuna, producto de las comisiones de obras que le pagaron los constructores de las casas cuartel, cuya última pista fue una cuenta abierta por sus testaferros en el Overseas Union Bank de Singapur, un paraíso fiscal que en 1995 se negó a bloquear el dinero. "El secreto bancario es inviolable", contestaron las autoridades a la juez española Ana Ferrer.

Roldán asegura a los que quieren oírle que Francisco Paesa, el ex agente de Interior que le ayudó a huir y a ocultar su fortuna, se quedó con el dinero. Pero nadie, salvo alguno de sus voceros, cree en la palabra de un hombre que engañó a todos los que le rodeaban, cometió desde su cargo numerosos delitos (malversación, cohecho, estafa...) y se inventó un rosario de títulos universitarios.

El auto de la Audiencia de Madrid por el que se anuló la concesión del tercer grado describe sus intenciones futuras: "Un empleo bien retribuido no alcanzaría para restituir la décima parte de los intereses anuales de lo debido. Sólo es una mera coartada de la decidida voluntad (del preso) de aprovechamiento definitivo de lo malversado o defraudado".

Los jueces que condenaron a Roldán le recordaron entonces que de los 19 millones de euros que debe y los 10 que ha logrado salvar "no ha devuelto voluntariamente nada, y sólo por vía de ejecución forzosa y venta en pública subasta de algunos bienes se conseguirá en el mejor de los casos una fracción mínima de lo sustraído o defraudado".

La Justicia sólo ha logrado embargar cuatro de los 15 pisos y fincas que atesoró, y el Estado ha recuperado 1.202.024 euros, el 7% de su deuda, en indemnizaciones y multas puestas por el tribunal. Los embargos afectaron a dos chalés en Rota (Cádiz), otro en Cambrils (Tarragona), el piso en el que residían sus padres en Zaragoza y cinco plazas de garaje. Se subastaron en 2001.

Mediante ventas ficticias y testaferros sin escrúpulos, como el suizo Roland Costacurta, el ex jefe de la Guardia Civil salvó sus joyas inmobiliarias de París y San Bartolomé (Antillas francesas), valoradas en los años 90 en 2,4 millones. El "apartamentito" de París, como él lo definió durante el juicio, tiene 255 metros cuadrados y está en la calle del General Detrié, junto a los Campos de Marte y la Torre Eiffel. En la villa Marie Blanche de San Bartolomé, bautizada así en honor a su esposa, Blanca Rodríguez-Porto, también condenada, tenía de vecinos a un nieto del banquero Rockefeller, a varios Rothschild y al bailarín Rudolf Nureyev.

La declaración de Costacurta al juez suizo Perraudin sobre la denominada Operación Esmeraldas es esclarecedora: "Este tipo tenía problemas. Este tipo buscaba soluciones a cualquier precio. No quería aparecer como propietario de sus inmuebles en París y San Bartolomé. Me propuso que comprara las dos casas y que me convirtiera en comprador fiduciario". Nada más cesar en su cargo, Roldán envió el dinero a Costacurta para que simulara la compra, que se efectuó en una notaría de Annemasse (Francia), frontera con Suiza, adonde acudió a firmar su esposa. Ambas viviendas se escrituraron a nombre de dos sociedades: Esmeralda Verde y Esmeralda Azul. Ahora, villa Marie Blanche es villa Majagua.

La vida de Roldán en prisión ha tenido distintas etapas. Con un chándal verde, calcetines blancos y zapatillas de cuadros, el preso que mandó a 75.000 guardias civiles permaneció durante más de una década en un pabellón privado de la prisión de mujeres de Brieva (Ávila). La puerta de su celda siempre estaba abierta. Cada mañana barría y fregaba la nave y el cuarto de los funcionarios que le vigilaban. Renunció a salir a pasear por el patio exterior porque el primer día que se oyeron sus pasos las presas le arrojaron botellines de agua y orina.

Durante seis años, ocho policías dormían en la cárcel en turnos de ocho horas para vigilarle. Compartía meriendas con los agentes, jugaban a las damas y aguantaba sus bromas. "A lo mejor salgo para el 2005", les anunciaba en voz alta.

Roldán y sus abogados fracasaron en sus intentos de lograr el tercer grado y acceder a su sueño: la libertad condicional. En 2005 la Audiencia de Madrid le otorgó el segundo grado, que le permite salir a trabajar y disfrutar de los fines de semana, pero le obliga a dormir en prisión, en el Centro de Inserción Social de Zaragoza, dependiente de la cárcel de Zuera.

Ahora, Roldán dice trabajar en una empresa de seguros y toma vinos con su amigo el empresario Arturo Beltrán. Dentro de siete meses, su camino hacia la paz de villa Majagua quedará expedito.
JOSÉ MARÍA IRUJO. El País

"Zuera no está masificada, se hizo para mil presos pero se abrió con el doble de camas"

Luis Lozano inauguró la macrocárcel de Zuera en 2001, cuando dejó la dirección de la prisión de Teruel para incorporarse al nuevo centro como subdirector de Régimen. En septiembre cumplirá un año al frente de la macrocárcel, y en esta entrevista hace balance de sus primeros meses en el cargo.

Tras las muros de Zuera, ha habido siempre un pequeño grupo de presos de ETA. Pero esa cifra ha crecido en los últimos meses. ¿Lo va a seguir haciendo?

Ha llegado algún interno más de la banda, pero siempre nos movemos en los mismos parámetros: de 15 a 20 terroristas. Por lo tanto, cabe hablar de dos o tres más, pero no de un repunte significativo.

Interior ha decidido agrupar en Villabona (Asturias) y Zuera a presos del bloque duro de ETA con otros más críticos con la dirección de la banda. ¿Cómo repercute esto en la prisión?

La política con los internos pertenecientes a bandas armadas la marca el Estado. Y nosotros, los funcionarios, tenemos la obligación de seguir sus directrices. Nunca vamos a entrar a valorar si la estrategia es adecuada o no. Nos dedicamos a gestionar, y aquí a estos internos los tratamos con normalidad. No nos afecta en nada.

Pero los sindicatos creen que al aumentar el número de terroristas debería reforzarse también la seguridad del centro.

Las medidas de seguridad de todos los centros penitenciarios son las mismas. Y creo que son suficientes para que no haya incidentes, ni dentro ni fuera. No ha variado nada en los últimos meses, ni creo que tenga que variar.

Recuerdo una única fuga en la corta historia del centro. ¿Me olvido de alguna más?

Es el único caso desde que se abrió Zuera. Fue una persona que tenía un permiso para salir a los jardines del exterior a limpiar y aprovechó para marcharse. Pero no ha habido nadie que salte los muros de la prisión, lo que sería una fuga propiamente dicha. Además, al interno que se escapó se le cogió más tarde.

Hace unos días, la fiscalía aprovechó un juicio en la Audiencia de Zaragoza por el secuestro de un funcionario de Zuera para denunciar las carencias del centro: masificación, falta de plantilla...

Estamos en los parámetros generales. Sin duda, todo es mejorable, y si pudiésemos tener más funcionarios se atendería mejor a los internos. Pero la población reclusa está bien atendida. Igual hay alguna disfunción en personal laboral, pero está ya en vías de solución.

Sin embargo, esta cárcel se construyo para mil internos y ahora se aproxima más al doble.

La cárcel de Zuera no está masificada o superpoblada. No podemos olvidarnos de que se construyó con dos camas por celda. A díade hoy, tenemos 1.848 internos, pero 250 no están físicamente aquí, sino en los centros de inserción de Zaragoza y Huesca.

Usted que dirigió la prisión de Teruel, con tan solo 200 presos, ¿prefiere trabajar en cárceles pequeñas o en una macrocárcel?

Yo creo que el modelo de Zuera posibilita más programas de tratamiento y ofrece a los internos más prestaciones. Hablo a nivel de infraestructuras o de actividades que en otro centro más reducido serían impensables.

Y, dígame, ¿por qué hay más suicidios en Zuera que en cualquier otra cárcel de España?

No tenemos tantos suicidios. Los índices de suicidios en las cárceles españolas son muy inferiores a los de otros países europeos. Por ejemplo, aquí se registran un tercio de los que hay en Francia. Siempre hay personas que no logran superar la frustración de estar privadas de libertad, pero hay programas para ayudarles.

A comienzos de año, tuvieron también 3 muertes en 7 días. ¿Se ha confirmado si la causa fue una partida de droga adulterada?

El asunto está todavía sub iúdice, porque no han llegado los análisis toxicológicos que se hicieron a los fallecidos. En principio, se baraja la hipótesis de que fuera droga que entró adulterada o era de mala calidad. Pero no podemos hacer todavía ninguna aseveración.

Se recurrió entonces por primera vez a los perros policía para buscar droga dentro de la prisión. ¿Se ha vuelto a hacer?

Ahora estamos utilizando también estos perros para revisar algunos paquetes que se envían a los internos. Y también ha habido resultados positivos. Pero dentro de las celdas, no han vuelto a entrar.

Y qué me dice de los delitos de tráfico y las penas de cárcel. ¿Realmente llegan aquí conductores?

No recuerdo la cifra, pero tenemos alguno. Los hay incluso por reincidencia, gente a la que el juez envió a prisión porque se les retiró el carné y siguieron conduciendo.
Miguel Ángel Coloma. Heraldo de Aragón

Licitación, por procedimiento abierto, para la adjudicación del servicio de Mantenimiento Integral Daroca, Teruel y UAR.

Ministerio del Interior (BOE 159 de 2/7/2009)
Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por la que se anuncia licitación, por procedimiento abierto, para la adjudicación del servicio de Mantenimiento Integral Daroca, Teruel y UAR.

Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: Mantenimiento Integral Daroca, Teruel y UAR.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
e) Plazo de ejecución/entrega: Dos años desde la formalización.
f) Admisión de prórroga: Ver cuadro de características del pliego de clausulas administrativas particulares.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45259000
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación, en su caso: Ver cuadro de características.
4. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto 568965,52 euros. IVA (%) 16. Importe total 660000 euros.
5. Garantías exigidas.
Provisional (importe) 17.068,97 euros.
6. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación, en su caso (grupo, subgrupo y categoría): Grupo: O, subgrupo: 1, categoría: C.
7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 20/07/2009.

Licitación, por procedimiento abierto, para la adjudicación del servicio de Mantenimiento Integral de los Centros Penitenciarios de Zuera, CIS de Huesca y Zaragoza y UAR.

Ministerio del Interior (BOE 159 de 2/7/2009)
Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por la que se anuncia licitación, por procedimiento abierto, para la adjudicación del servicio de Mantenimiento Integral de los Centros Penitenciarios de Zuera, CIS de Huesca y Zaragoza y UAR.

Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: Mantenimiento integral de los Centros Penitenciarios de Zuera, CIS de Huesca y Zaragoza y UAR.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
e) Plazo de ejecución/entrega: Dos años desde la formalización.
f) Admisión de prórroga: Ver cuadro de características del pliego de clausulas administrativas particulares.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45259000
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación, en su caso: Ver cuadro de características.
4. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto 758620,69 euros. IVA (%) 16. Importe total 880000 euros.
5. Garantías exigidas.
Provisional (importe) 22758,62 euros.
6. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación, en su caso (grupo, subgrupo y categoría): Grupo: O, subgrupo: 1, categoría: C.
7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 20/07/2009.

Achacan a fallos de seguridad el secuestro de un funcionario por dos presos de Zuera

Déficit de vigilancia, falta de funcionarios, masificación o mala clasificación de los presos según su peligrosidad. Estas son las causas por las que dos reclusos secuestraron y causaron graves lesiones a un funcionario de la cárcel de Zuera, al que tomaron como rehén para fugarse. O al menos eso argumentaron tanto la acusación pública como las particulares en el juicio que se celebró ayer contra Miguel Alfaro Cubells y José Antonio Carrete Martínez. Para cada uno de ellos piden penas de entre 13 y 14 años de prisión por secuestro, lesiones y resistencia.

A pesar de que los internos dijeron no acordarse de los hechos porque iban "hasta arriba de pastillas", sí que admitieron que cogieron a un funcionario, pero no aclararon con qué intención. Alfaro dijo que iba drogado y Carrete se quejó del trato recibido cuando fue trasladado al Puerto de Santa María "engrilletado y con un saco en la cabeza".

Quién sí recordaba con claridad lo ocurrido fue el secuestrado. "Me dijeron que lo tenían previsto, que no querían que fuera yo pero que me había tocado", relató. El primer compañero que acudió en su ayuda lo vio maniatado y amordazado. "Carrete lo tenía amenazado con un pincho y cada vez que Alfaro nos indicaba que abriéramos una puerta, le daba una puñalada", dijo. En esas condiciones alcanzaron la sala de comunicaciones, donde cinco funcionarios se les echaron encima, los redujeron y los llevaron a aislamiento. En estas actuaciones, resultaron lesionados seis trabajadores. El secuestrado sufrió cinco heridas de arma blanca y una le causó un neumotórax.

Lo que se puso ayer en cuestión fue si es el Estado quien debe pagar los casi 12.000 euros de indemnización como responsable civil subsidiario. El fiscal y las acusaciones creen que sí. Cristina Ruiz-Galbe argumentó que los presos tenían pinchos en su poder por un deficiente registro de celdas, porque hay 1.900 reclusos y una plantilla de funcionarios para 1.000 y porque estaban en segundo grado, a pesar de su peligrosidad. El abogado del Estado, Jesús Solchaga, se quejó de indefensión y planteó que en situaciones normales es suficiente con dos empleados por módulo para garantizar la seguridad de la prisión. Al juicio asistieron compañeros de los heridos, el delegado de Acaip y el de CSI-CSIF, Eliseo Pérez. Este recordó que el progreso a segundo grado sin justificación es una tónica general de Instituciones Penitenciarias y pone en riesgo a los trabajadores.
HERALDO DE ARAGÓN MARTA GARÚ. 1-07-09

Miguel Alfaro Cubells, de 25 años, y José Antonio Carrete Martínez, de 27, protagonizaron en septiembre del 2007 un intento de fuga de la prisión de Zuera que les dejó a un paso de la libertad. Armados con tres pinchos carcelarios, secuestraron a un funcionario y, utilizándolo como escudo humano, se dirigieron hacia la salida del macrocentro penitenciario. Pero su plan fracasó al ser interceptados por los vigilantes y ayer se sentaron en la Audiencia de Zaragoza para enfrentarse a 9 y 14 años de prisión, respectivamente.

"Llegué a temer por mi vida", declaró ante el tribunal el funcionario secuestrado, que relató que fue abordado por los acusados a la hora del desayuno, en el módulo 10. Esa zona está dedicada a presos de segundo grado, pero todos los testigos coincidieron en que Alfaro y Carrete son dos internos "peligrosos".

"Me amenazaron con pinchos y me dijeron que o abría la puerta o me mataban", afirmó el rehén. Sus compañeros certificaron que se trataba de una tentativa de fuga en toda regla, si bien uno de ellos precisó que "no sabían muy bien dónde iban" y trató de despistarlos.

"Vi cómo Carrete le rajaba la cara al secuestrado", testificó un funcionario. "Carrete le intentó cortar una oreja", añadió otro. El preso solo dijo en su descargo que había sido objeto de malos tratos y que las condiciones de las cárceles "empujan a la agresividad".

Las carencias de Zuera centraron el interés del juicio tanto como la evasión abortada, aunque el presidente de la sala recordó a los testigos y las partes que los posibles fallos del centro penitenciario no eran el objeto de la vista.

"Cada módulo cuenta con 72 celdas y está a cargo de dos funcionarios, un número que no es suficiente para asegurar el orden", subrayó el secuestrado.

FALTA DE PERSONAL Los dos acusadores particulares (Cristina Ruiz Galve y Javier Monforte) insistieron en que la falta de personal impedía realizar registros y cacheos diarios, una situación que convierte el centro de reclusión en un polvorín.

Por ese motivo, tanto ellos como el fiscal solicitaron la responsabilidad civil subsidiaria del Estado, cifrada en 16.000 euros. Esta suma representa las indemnizaciones reclamadas por el rehén y los demás funcionarios que resultaron heridos en el forcejeo que se produjo para desarmar y reducir a los amotinados.

Sin embargo, el abogado del Estado, Jesús Solchaga, argumentó que la normativa no estipula que los registros de las celdas, en busca de pinchos y otras armas rudimentarias, deban realizarse de forma sistemática, "sino de manera excepcional". Además, señaló que esos controles pueden vulnerar el derecho a la intimidad.

En cuanto a la defensa, ejercida por los letrados Ramón Morte y Desamparados Filiberto, solicitó la absolución de los acusados "por falta de pruebas" y subsidiariamente, en el caso de Carrete, que se le aplique la eximente incompleta o la atenuante cualificada de enajenación por padecer problemas mentales. Este recluso, que ha ido de cárcel en cárcel desde los 17 años, manifestó que es "politoxicómano" y que sufrió malos tratos. Cumple condena por delitos contra la propiedad y tentativa de homicidio, mientras que Alfaro, que alegó que estaba drogado, fue encarcelado por robo con violencia.

Uno de los dos acusados, Miguel Alfaro, se benefició de la atenuante de reparación del daño que solicitó el fiscal y suscribieron las acusaciones particulares, dado que antes del juicio oral abonó 1.500 euros de la indemnización, que asciende a 8.000 euros para cada uno de los presos. De esta forma, su petición de pena bajó de 14 a 9 años. Tanto él como José Antonio Carrete están inculpados de secuestro de funcionario público, resistencia y lesiones. Alfaro fue expulsado por faltar al tribunal, pero pidió disculpas al final del juicio.

EL PERIÓDICO DE ARAGÓN 1-07-09

La Audiencia de Zaragoza juzga mañana a dos presos por secuestrar a un funcionario de Zuera en 2007

La Sección I de la Sala de lo Penal de la Audiencia Provincial de Zaragoza juzga mañana, martes 30 de junio, a los presos comunes José Antonio Carrete y Manuel Alfaro por secuestrar a un funcionario de la prisión de Zuera en 2007 y, posteriormente, resistirse a otros funcionarios, así como lesionar a varios de ellos.

Según el relato de la acusación, que realiza el sindicato de prisiones ACAIP, a quien representa la abogada zaragozana Cristina Ruiz-Galve, el 8 de septiembre de 2007 ambos presos abordaron a un funcionario utilizando tres pinchos carcelarios, tras lo cual -siempre bajo amenazas- pudieron llegar a la zona de comunicaciones, pensando que podrían escapar por allí.

El funcionario secuestrado inicialmente, fue amenazado cuando los presos le colocaron un pincho en la garganta y después le maniataron y le amordazaron. En la zona de comunicaciones fueron reducidos por 20 funcionarios, en un forcejeo en el que resultaron lesionados de diversa consideración nueve funcionarios.

La acusación pide para cada uno de ellos, nueve años por secuestro, dos por un delito de lesiones, seis meses por resistencia, tres años por otros tres delitos de lesiones y seis meses de pena-multa a razón de seis euros diarios por faltas de lesiones.

El fiscal les solicita nueve años por secuestro, dos por un delito de lesiones, seis meses por resistencia, un año por un delito de lesiones y varias indemnizaciones por lesiones. Los imputados están representados por el abogado zaragozano Ramón Morte.

El sindicato ACAIP reclama, desde hace años, a la Dirección General de Instituciones Penitenciarias que forme grupos de funcionarios de prisiones especializados en intervenciones de este tipo, para reducir a presos en situaciones como ésta.
EUROPAPRESS 29-06-09

125 presos se su suicidaron en las cárceles espanolas entre 2004 y 2007

Un total de 125 presos se suicidaron en las cárceles españolas entre los años 2004 y 2007, según datos facilitados por el Gobierno en una respuesta parlamentaria al Grupo Popular a la que tuvo acceso Servimedia.

Aunque las cifras de sucidios han descendido en esos cuatro años, se mantiene en un elevado número. En 2004, un total de 40 presos se quitaron la vida, cifra que descendió a 33 en 2005, y pasó a 23 en 2006, para ascender de nuevo a 27 casos en 2007.

Los penales en los que más suicidios se registraron en esos 4 años fueron Valencia, Villabona, Nanclares de Oca y Alicante, que registraron 7 casos cada una en el cuatrienio analizado.

Zaragoza y Albolote se sitúan a continuación con 6 casos en cada una. Con 5 muertes se coloca Sevilla 2 y con 4 están los centros penitenciarios de Alama, Almería y Palma de Mallorca.

En ese mismo período se registraron 169 fallecimientos a causa del consumo de drogas en las prisiones españolas, exceptuando las catalanas cuya competencia está cedida a la Generalitat.

A diferencia de las muertes por suicidio, que se han reducido ligeramente, los casos de fallecimiento por drogas siguen creciendo en las prisiones españolas.

Si en 2004 hubo 39 muertes relacionadas con el consumo de estupefacientes, al año siguiente fueron 43 las registradas. En 2006 se repitieron 43 casos de fallecimiento por drogas y en 2007 la cifra aumentó hasta 44.

Según los datos facilitados por Interior en ese período también quedaron registradas 6 muertes por agresión y 11 más por accidente.
ECODIARIO - SERVIMEDIA.-

Un dirigente de Batasuna a la cárcel de Zuera

La estrategia que el Ministerio del Interior mantiene con los presos de ETA desde octubre del pasado año ha incluido recientemente el traslado a la prisión de Zuera (Zaragoza) al ex miembro de la Mesa Nacional de Batasuna Mikel Zubimendi, informaron a Europa Press fuentes de la lucha antiterrorista.

Se trata del primer dirigente de Batasuna que ingresa en esa cárcel desde que Interior la convirtiese, junto a Villabona (Asturias), en los dos centros donde se mezclan presos contrarios a la "lucha armada" o críticos con la actual dirección de la banda con otros de los denominados 'duros'.

Zubimendi tiene una trayectoria que le sitúa entre los más radicales del entorno etarra. Ex militante de Jarrai, fue el parlamentario de Herri Batasuna que enmedio de un pleno en la Cámara vasca sobre el GAL volcó un saco de cal viva en el escaño del entonces diputado del PSE Ramón Jauregui. Sin embargo, según las fuentes consultadas, Zubimendi podría haber criticado la línea que sigue la actual dirección de ETA sin necesidad de mostrarse a favor de acabar definitivamente con la violencia.

Mikel Zubimendi fue detenido en la operación que evitó el traspaso de poderes en la dirección de Batasuna realizada el 4 de octubre de 2007 en Segura (Guipúzcoa). Hubo 19 responsables del partido ilegalizado detenidos que continúan en prisión a la espera de juicio. Entre éstos hay distintos posicionamientos sobre la conveniencia de que ETA continúe con la "lucha armada".

Destacados dirigentes como Rufi Etxeberria, Joseba Alvarez, Pernando Barrena o Juan José Petrikorena, todos ellos activamente implicados en el último proceso de paz, creen que el ciclo de violencia etarra ya está agotado, mientras que otros, como Joseba Permach, continúan aferrados a la tesis de combinar atentados y política para conseguir la independencia de Euskal Herria.

En los últimos ocho meses, la cárcel de Zuera ha recibido a abanderados del fin de la violencia, caso de José Luis Urrusolo Sistiaga o Carmen Guisasola, ambos expulsados de ETA, y a otros considerados irredentos, como Gorka Martínez Ahedo, condenado a 32 años por el asesinato de un guardia civil y protagonista de incidentes durante sus comparecencias en la Audiencia Nacional.

La intención de Interior es que las posiciones favorables a acabar con el terrorismo se extiendan entre el colectivo de más de 600 presos de la banda encarcelados en España. Ahí se enmarca la política de acercamientos y alejamientos a cárceles del País Vasco que el ministro Alfredo Pérez Rubalcaba reconoció el 10 de diciembre de 2008.

DETENIDO JUNTO A 'KANTAURI'.

En los ficheros policiales, Zubimendi aparece vinculado a ETA desde principios de los ochenta, alojando a colaboradores de la banda o huidos de la 'kale borroka', sin embargo sólo ha sido condenado por su vinculación con la banda en Francia. En marzo de 1999 fue detenido en el país vecino dentro de una gran operación contra el 'aparato militar' en la que fueron arrestados otros ocho etarras, incluido el jefe de aquella estructura, José Javier Arizcuren Ruiz, 'Kantauri'. Zubimendi Fue condenado a seis años de cárcel por la Justicia francesa en 2000.

Abandonó su escaño en 1998 y huyó a Francia alegando "presión policial', aunque el único delito que tenía pendiente con la Justicia en aquel entonces era el de insumisión. Había llegado al Parlamento de Vitoria en 1994 y, como miembro más joven de la Cámara, integró la Mesa de Edad. En el acto de constitución de la misma ya lució una camiseta con la frase 'zipayos, kanpora' (zipayos, fuera), en referencia despectiva a los miembros de la Ertzaintza.

EUROPAPRESS

El PP propone repatriar presos para ganar espacio en las cárceles

El PP aragonés propuso ayer repatriar a sus países de origen a los presos extranjeros con delitos menos graves, como medida para paliar la "saturación" de los tres centros penitenciarios de la comunidad autónoma. Esta medida fue dada a conocer en las Cortes de Aragón por la diputada popular Pilar Fierro, que sugirió la necesidad de que, el próximo periodo de sesiones, la Comisión de Peticiones y Derechos Humanos se desplace a las cárceles para conocer su estado real.

"La situación de las prisiones aragonesas es preocupante", afirmó Fierro, que señaló que a día de ayer había 172 reclusos en Teruel, 546 en Daroca y 1.911 en Zuera, de los que 721, el 37,7%, son extranjeros.

"En Daroca se da el caso de que hay hasta cuatro internos malviviendo en cada celda, mientras que en Zuera se ha duplicado prácticamente la capacidad total, que es de 1.008 reclusos", precisó Pilar Fierro.

"No queremos que se vuelva a repetir lo que sucedió el año pasado en Zuera, donde hubo un pequeño motín en el que secuestraron a un funcionario", agregó la diputada.

Además, la representante popular solicitó que se pongan en marcha tres medidas que pueden contribuir a mejorar la situación de las prisiones: incrementar la coordinación con los servicios sociales de base, ampliar los servicios de transporte y crear un observatorio de la realidad penitenciaria de Aragón.
25/06/2009 F. V. EL PERIODICO DE ARAGÓN