Achacan a fallos de seguridad el secuestro de un funcionario por dos presos de Zuera

Déficit de vigilancia, falta de funcionarios, masificación o mala clasificación de los presos según su peligrosidad. Estas son las causas por las que dos reclusos secuestraron y causaron graves lesiones a un funcionario de la cárcel de Zuera, al que tomaron como rehén para fugarse. O al menos eso argumentaron tanto la acusación pública como las particulares en el juicio que se celebró ayer contra Miguel Alfaro Cubells y José Antonio Carrete Martínez. Para cada uno de ellos piden penas de entre 13 y 14 años de prisión por secuestro, lesiones y resistencia.

A pesar de que los internos dijeron no acordarse de los hechos porque iban "hasta arriba de pastillas", sí que admitieron que cogieron a un funcionario, pero no aclararon con qué intención. Alfaro dijo que iba drogado y Carrete se quejó del trato recibido cuando fue trasladado al Puerto de Santa María "engrilletado y con un saco en la cabeza".

Quién sí recordaba con claridad lo ocurrido fue el secuestrado. "Me dijeron que lo tenían previsto, que no querían que fuera yo pero que me había tocado", relató. El primer compañero que acudió en su ayuda lo vio maniatado y amordazado. "Carrete lo tenía amenazado con un pincho y cada vez que Alfaro nos indicaba que abriéramos una puerta, le daba una puñalada", dijo. En esas condiciones alcanzaron la sala de comunicaciones, donde cinco funcionarios se les echaron encima, los redujeron y los llevaron a aislamiento. En estas actuaciones, resultaron lesionados seis trabajadores. El secuestrado sufrió cinco heridas de arma blanca y una le causó un neumotórax.

Lo que se puso ayer en cuestión fue si es el Estado quien debe pagar los casi 12.000 euros de indemnización como responsable civil subsidiario. El fiscal y las acusaciones creen que sí. Cristina Ruiz-Galbe argumentó que los presos tenían pinchos en su poder por un deficiente registro de celdas, porque hay 1.900 reclusos y una plantilla de funcionarios para 1.000 y porque estaban en segundo grado, a pesar de su peligrosidad. El abogado del Estado, Jesús Solchaga, se quejó de indefensión y planteó que en situaciones normales es suficiente con dos empleados por módulo para garantizar la seguridad de la prisión. Al juicio asistieron compañeros de los heridos, el delegado de Acaip y el de CSI-CSIF, Eliseo Pérez. Este recordó que el progreso a segundo grado sin justificación es una tónica general de Instituciones Penitenciarias y pone en riesgo a los trabajadores.
HERALDO DE ARAGÓN MARTA GARÚ. 1-07-09

Miguel Alfaro Cubells, de 25 años, y José Antonio Carrete Martínez, de 27, protagonizaron en septiembre del 2007 un intento de fuga de la prisión de Zuera que les dejó a un paso de la libertad. Armados con tres pinchos carcelarios, secuestraron a un funcionario y, utilizándolo como escudo humano, se dirigieron hacia la salida del macrocentro penitenciario. Pero su plan fracasó al ser interceptados por los vigilantes y ayer se sentaron en la Audiencia de Zaragoza para enfrentarse a 9 y 14 años de prisión, respectivamente.

"Llegué a temer por mi vida", declaró ante el tribunal el funcionario secuestrado, que relató que fue abordado por los acusados a la hora del desayuno, en el módulo 10. Esa zona está dedicada a presos de segundo grado, pero todos los testigos coincidieron en que Alfaro y Carrete son dos internos "peligrosos".

"Me amenazaron con pinchos y me dijeron que o abría la puerta o me mataban", afirmó el rehén. Sus compañeros certificaron que se trataba de una tentativa de fuga en toda regla, si bien uno de ellos precisó que "no sabían muy bien dónde iban" y trató de despistarlos.

"Vi cómo Carrete le rajaba la cara al secuestrado", testificó un funcionario. "Carrete le intentó cortar una oreja", añadió otro. El preso solo dijo en su descargo que había sido objeto de malos tratos y que las condiciones de las cárceles "empujan a la agresividad".

Las carencias de Zuera centraron el interés del juicio tanto como la evasión abortada, aunque el presidente de la sala recordó a los testigos y las partes que los posibles fallos del centro penitenciario no eran el objeto de la vista.

"Cada módulo cuenta con 72 celdas y está a cargo de dos funcionarios, un número que no es suficiente para asegurar el orden", subrayó el secuestrado.

FALTA DE PERSONAL Los dos acusadores particulares (Cristina Ruiz Galve y Javier Monforte) insistieron en que la falta de personal impedía realizar registros y cacheos diarios, una situación que convierte el centro de reclusión en un polvorín.

Por ese motivo, tanto ellos como el fiscal solicitaron la responsabilidad civil subsidiaria del Estado, cifrada en 16.000 euros. Esta suma representa las indemnizaciones reclamadas por el rehén y los demás funcionarios que resultaron heridos en el forcejeo que se produjo para desarmar y reducir a los amotinados.

Sin embargo, el abogado del Estado, Jesús Solchaga, argumentó que la normativa no estipula que los registros de las celdas, en busca de pinchos y otras armas rudimentarias, deban realizarse de forma sistemática, "sino de manera excepcional". Además, señaló que esos controles pueden vulnerar el derecho a la intimidad.

En cuanto a la defensa, ejercida por los letrados Ramón Morte y Desamparados Filiberto, solicitó la absolución de los acusados "por falta de pruebas" y subsidiariamente, en el caso de Carrete, que se le aplique la eximente incompleta o la atenuante cualificada de enajenación por padecer problemas mentales. Este recluso, que ha ido de cárcel en cárcel desde los 17 años, manifestó que es "politoxicómano" y que sufrió malos tratos. Cumple condena por delitos contra la propiedad y tentativa de homicidio, mientras que Alfaro, que alegó que estaba drogado, fue encarcelado por robo con violencia.

Uno de los dos acusados, Miguel Alfaro, se benefició de la atenuante de reparación del daño que solicitó el fiscal y suscribieron las acusaciones particulares, dado que antes del juicio oral abonó 1.500 euros de la indemnización, que asciende a 8.000 euros para cada uno de los presos. De esta forma, su petición de pena bajó de 14 a 9 años. Tanto él como José Antonio Carrete están inculpados de secuestro de funcionario público, resistencia y lesiones. Alfaro fue expulsado por faltar al tribunal, pero pidió disculpas al final del juicio.

EL PERIÓDICO DE ARAGÓN 1-07-09