Los condenados a trabajos sociales duplican a los reclusos
Unas 4.000 personas en la provincia de Zaragoza han sido condenadas a hacer trabajos en beneficio de la comunidad por la comisión de delitos menores en los últimos años, en torno al 80% de tráfico, una alternativa a la prisión por la que apuesta el Justicia de Aragón para potenciar la reinserción.
El Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, ha presentado un informe sobre las necesidades asistenciales de la población con alto riesgo de delincuencia en la Comunidad y los problemas y alternativas en el cumplimiento penitenciario, coordinado por la institución y elaborado por el psiquiatra José María Civera, el forense Paulino Querol y el magistrado decano de Zaragoza, Ángel Dolado.
En la presentación del estudio, el delegado de Instituciones Penitenciarias para Aragón, Navarra y La Rioja, Manuel Becerril, ha precisado la cifra de personas condenadas en la provincia de Zaragoza a hacer trabajos en beneficio de la sociedad, que han aumentado notablemente, con unos 1.200 casos el año pasado, y ha advertido de que no hay suficientes puestos a los que derivarlas para que puedan reparar el daño que han causado.
"No somos abolicionistas de las penas", porque muchas son imprescindibles, pero España, ha dicho García Vicente, está a la cabeza de Europa en el número de presos, con 150 por cada 100.000 habitantes, cuando la tasa de criminalidad es la menor de la Unión, con 47,6 infracciones penales por cada 1.000 habitantes frente a 70 de media europea, y la duración media de las condenas era en 2008 en España de 20 meses frente a 7,9 de la UE.
Casi la mitad de los presos lo son por robos y el 50% se relacionan con el abuso y dependencia de sustancias psicoactivas, y la tendencia general apunta a un aumento de las infracciones relacionadas con el tráfico, la violencia doméstica y las nuevas tecnologías. En Aragón, la tasa de criminalidad es un 30% inferior que en España.
El informe del Justicia parte del análisis de varias muestras de personas en distintos momentos del proceso penal durante seis meses, definiendo cuatro grupos de riesgo (menores en conflicto, pacientes con trastornos mentales y conflicto social, detenidos por la policía y reclusos), e incluye propuestas concretas, como alternativas a la prisión teniendo en cuenta que su coste es inferior al que representa la cárcel, de más de 25.000 euros por preso y año.
El Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, ha presentado un informe sobre las necesidades asistenciales de la población con alto riesgo de delincuencia en la Comunidad y los problemas y alternativas en el cumplimiento penitenciario, coordinado por la institución y elaborado por el psiquiatra José María Civera, el forense Paulino Querol y el magistrado decano de Zaragoza, Ángel Dolado.
En la presentación del estudio, el delegado de Instituciones Penitenciarias para Aragón, Navarra y La Rioja, Manuel Becerril, ha precisado la cifra de personas condenadas en la provincia de Zaragoza a hacer trabajos en beneficio de la sociedad, que han aumentado notablemente, con unos 1.200 casos el año pasado, y ha advertido de que no hay suficientes puestos a los que derivarlas para que puedan reparar el daño que han causado.
"No somos abolicionistas de las penas", porque muchas son imprescindibles, pero España, ha dicho García Vicente, está a la cabeza de Europa en el número de presos, con 150 por cada 100.000 habitantes, cuando la tasa de criminalidad es la menor de la Unión, con 47,6 infracciones penales por cada 1.000 habitantes frente a 70 de media europea, y la duración media de las condenas era en 2008 en España de 20 meses frente a 7,9 de la UE.
Casi la mitad de los presos lo son por robos y el 50% se relacionan con el abuso y dependencia de sustancias psicoactivas, y la tendencia general apunta a un aumento de las infracciones relacionadas con el tráfico, la violencia doméstica y las nuevas tecnologías. En Aragón, la tasa de criminalidad es un 30% inferior que en España.
El informe del Justicia parte del análisis de varias muestras de personas en distintos momentos del proceso penal durante seis meses, definiendo cuatro grupos de riesgo (menores en conflicto, pacientes con trastornos mentales y conflicto social, detenidos por la policía y reclusos), e incluye propuestas concretas, como alternativas a la prisión teniendo en cuenta que su coste es inferior al que representa la cárcel, de más de 25.000 euros por preso y año.
Los menores
Respecto a los menores en conflicto, su número ha crecido (en Aragón fueron condenados 387 menores en 2008, el 40% por más de un delito y el 90% por robo y agresiones), carecen de soporte familiar, consumen drogas y son víctimas del fracaso escolar y éste, para el Justicia, es el perfil favorable a la intervención precoz.
El estudio estima que entre 200 y 500 jóvenes menores de 18 años podrían beneficiarse de medidas protocolizadas con los centros educativos y los agentes sociales, que deberían mantenerse un promedio de 18 meses al estimar que se reduciría en un 50% el ingreso en prisión.
Se estima, respecto a los pacientes con trastornos mentales y conflicto social, que el 30% no va a seguir en el sistema sanitario, por lo que se propone aumentar el cumplimiento terapéutico con ingresos obligatorios, dar prioridad a las intervenciones sanitarias y sociales que prevengan el delito, tratamientos para la disminución del consumo de drogas y mejorar su calidad de vida familiar y evitar el aislamiento social.
En cuanto a los detenidos por la policía, la mayoría son por agresiones, robos y violencia doméstica, en este caso, cometidos en un 40% por extranjeros, lo que sugiere la conveniencia de buscar soluciones no penitenciarias para reducir la reincidencia.
Los detenidos tienen en común el consumo de alcohol o drogas, el aislamiento y el desempleo, y quienes muestran deseo de reparar el daño son mejores candidatos a medidas alternativas a la prisión.
En cuanto a la población reclusa, se ha estudiado una muestra de 588 presos remitidos a la consulta de psiquiatría del Centro Penitenciario de Daroca, el 70% con una enfermedad psiquiátrica y el 50% entró en prisión sin ella, con una condena media de 10 a 25 años, un nivel medio de conflictividad alto y, entre los reincidentes, el 80% consumía drogas y presentaba falta de integración en las actividades terapéuticas.
El estudio apunta la necesidad de mantener y reforzar la asistencia psiquiátrica en los centros penitenciarios porque se ha demostrado que los tratamientos que se ponen en marcha en los inicios de la enfermedad contribuyen a evitar un itinerario violento y sus consecuencias personales y penales.
El Justicia propone como alternativas a la prisión sanciones económicas para compensar los daños, tratamientos o estancias en instituciones no penitenciarias y poner en marcha trabajos en beneficio de la comunidad con al menos 500 plazas anuales.
Mientras que para reducir la duración y el coste de los procesos judiciales apuesta por la mediación penal como forma de llegar a una solución entre el infractor y su víctima al estimar que entre el 25 y el 40% serían eficaces.
En ese aspecto, se sugiere el desarrollo de programas piloto para delincuentes noveles, especialmente para menores de 21 años, de forma que se ponga a disposición de los jueces un catálogo de tareas que incluyan medidas para tratamientos cognitivo-conductuales y programas específicos de promoción de conductas pro sociales.
También instar la creación de juzgados especializados en salud metal y drogodependencias, compuestos por personal judicial y profesionales de la salud y que dispongan de instrumentos de tratamiento eficaces.
El estudio estima que entre 200 y 500 jóvenes menores de 18 años podrían beneficiarse de medidas protocolizadas con los centros educativos y los agentes sociales, que deberían mantenerse un promedio de 18 meses al estimar que se reduciría en un 50% el ingreso en prisión.
Se estima, respecto a los pacientes con trastornos mentales y conflicto social, que el 30% no va a seguir en el sistema sanitario, por lo que se propone aumentar el cumplimiento terapéutico con ingresos obligatorios, dar prioridad a las intervenciones sanitarias y sociales que prevengan el delito, tratamientos para la disminución del consumo de drogas y mejorar su calidad de vida familiar y evitar el aislamiento social.
En cuanto a los detenidos por la policía, la mayoría son por agresiones, robos y violencia doméstica, en este caso, cometidos en un 40% por extranjeros, lo que sugiere la conveniencia de buscar soluciones no penitenciarias para reducir la reincidencia.
Los detenidos tienen en común el consumo de alcohol o drogas, el aislamiento y el desempleo, y quienes muestran deseo de reparar el daño son mejores candidatos a medidas alternativas a la prisión.
En cuanto a la población reclusa, se ha estudiado una muestra de 588 presos remitidos a la consulta de psiquiatría del Centro Penitenciario de Daroca, el 70% con una enfermedad psiquiátrica y el 50% entró en prisión sin ella, con una condena media de 10 a 25 años, un nivel medio de conflictividad alto y, entre los reincidentes, el 80% consumía drogas y presentaba falta de integración en las actividades terapéuticas.
El estudio apunta la necesidad de mantener y reforzar la asistencia psiquiátrica en los centros penitenciarios porque se ha demostrado que los tratamientos que se ponen en marcha en los inicios de la enfermedad contribuyen a evitar un itinerario violento y sus consecuencias personales y penales.
El Justicia propone como alternativas a la prisión sanciones económicas para compensar los daños, tratamientos o estancias en instituciones no penitenciarias y poner en marcha trabajos en beneficio de la comunidad con al menos 500 plazas anuales.
Mientras que para reducir la duración y el coste de los procesos judiciales apuesta por la mediación penal como forma de llegar a una solución entre el infractor y su víctima al estimar que entre el 25 y el 40% serían eficaces.
En ese aspecto, se sugiere el desarrollo de programas piloto para delincuentes noveles, especialmente para menores de 21 años, de forma que se ponga a disposición de los jueces un catálogo de tareas que incluyan medidas para tratamientos cognitivo-conductuales y programas específicos de promoción de conductas pro sociales.
También instar la creación de juzgados especializados en salud metal y drogodependencias, compuestos por personal judicial y profesionales de la salud y que dispongan de instrumentos de tratamiento eficaces.
EFE -18 ENERO 2011
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