ESTADISTICAS

El endurecimiento penal pasa factura al sistema penitenciario

La sobreocupación carcelaria vuelve a repuntar tras años de ralentización a pesar de que no hay un aumento de la criminalidad. El Consejo de Europa alerta del exceso de encarcelamientos mientras prisiones intenta crear un debate para fomentar el régimen abierto.
El sistema penitenciario español vuelve a estar en situación crítica por la sobreocupación. Tras dos años de ralentización, en 2007 la población de las prisiones españolas se dispara de nuevo. En los once primeros meses del año este colectivo ha pasado de 63.905 a 67.340 personas. O lo que es lo mismo: cada día hay diez internos más en las cárceles españolas. Se trata de un ritmo de crecimiento sólo comparable en democracia a los años 2001, 2002 y 2003, cuando el sistema llegó al hacinamiento. 2007 terminará con casi el doble de internos en los centros que hace 15 años.

Según las últimas estadísticas de Instituciones Penitenciarias, España tiene ya una ratio de 130 internos por cada 100.000 habitantes, muy por encima de los 90 reclusos de media de los países de la Unión Europea. Y sin embargo, las cifras de criminalidad en España son ligeramente inferiores a la de esos mismos estados. .

Esta desproporción ha provocado incluso una seria llamada de atención del Consejo de Europa, que el pasado mes alertó del "exceso" del recurso a la prisión en España, que se sitúa en cifras por encima de los países con códigos penales más duros como los balcánicos, escandinavos y Holanda. Además, España encabeza en el viejo continente la proporción de mujeres presas. Mientras que en Europa sólo el 4,7 por ciento de la población penitenciaria es mujer, en España este porcentaje crece hasta el 7,7.
Alargamiento de condenas

¿Qué pasa en las cárceles españolas? ¿Por qué hay cada día más presos si no hay más delincuencia?. "Lo que ocurre principalmente es que el sistema penitenciario está comenzando a pagar ahora el endurecimiento de la reforma del Código Penal de 2003 del último Gobierno del PP. Hay un alargamiento de condenas sobre todo entre internos que cumplen más de cinco años y que no logran el tercer grado porque no pueden hacer frente al pago de la responsabilidad civil, tal y como exige la reforma. No es que entren más personas, es que tardan mucho más en salir", explica la directora de prisiones, Mercedes Gallizo. El Consejo de Europa le da la razón: España es ya el país con la estancia media en prisión más elevada de entre los 48 estados presentes en este organismo internacional. .

La "prueba" de que no hay ingresos masivos, según Gallizo, es que apenas ha crecido la proporción de presos preventivos, que ronda desde hace años el 25 por ciento del total. De los más de 67.000 presos de las cárceles españolas, 16.374 internos están a la espera de juicio.

Hay más causas. La directora asegura que también la anulación del sistema de redenciones en 1995 está detrás de esta sobreocupación (Gallizo nunca habla de hacinamiento). A esta situación ya complicada hay que sumar, según los analistas de Instituciones Penitenciaras, las nuevas tipologías delictivas que están llevando a miles de personas a las cárceles, tales como la violencia de género, la pederastia y la corrupción, principalmente. "Y todavía no se ha dejado sentir la reforma que encarcela a los conductores ebrios o temerarios", advierten los especialistas.

Régimen abierto

Pero sobre todo, sostiene Mercedes Gallizo, detrás de las preocupantes cifras de crecimiento carcelario está "el retraso histórico en la implantación de programas de régimen abierto para los presos con delitos menores y con mayores posibilidades para la reinserción". Mientras que en España sólo el 17 por ciento de los internos cumple su condena en la calle, en muchos países europeos son más de la mitad de los reclusos.

El régimen abierto se ha convertido en la punta de lanza de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias en esta legislatura. En cuatro años se ha triplicado el número de presos en este sistema, pasando de 500 a 1.500. (del 10,9 por ciento de la población al 17,6).

Gallizo se había planteado como uno de los objetivos de la legislatura abrir un debate público sobre el futuro del sistema penitenciario español, una quimera habida cuenta "de que la crispación política existente". Pero la directora tiene clara cual es la solución: o seguir pagando por mantener a miles de personas entre rejas (sólo la construcción de una plaza en una nueva cárcel cuesta cerca de 80.000 euros a las arcas públicas, sin contar los sueldos de los funcionarios, policías y mantenimiento) o apostar por el régimen abierto para los presos con delitos menos graves. "Un sistema muchísimo más barato, sin apenas incidencias en los años que lo llevamos aplicando y que permite al preso trabajar para la comunidad o para pagar la responsabilidad civil a sus víctimas", apostilla Mercedes Gallizo.

Más de 10.000 presos sufrían ya trastornos mentales antes de ser encarcelados

9 de diciembre de 2007
Las cárceles españolas se han convertido, en cierto modo, en gigantescos centros psiquiátricos, hasta el punto de que más del 17 por ciento de las personas que ingresan en ellos -en torno a 10.000 presos si se tienen en cuenta las últimas cifras de población reclusa- tienen antecedentes por trastornos mentales y más del 25 por ciento; es decir, uno de cada cuatro, tienen uno o varios diagnósticos psiquiátricos en su historia clínica.

Los preocupantes datos se recogen en el primer «Estudio sobre salud mental», realizado el pasado junio por la Subdirección General de Sanidad Penitenciaria, que dirige Carmen Archanco. Es importante destacar que el informe no se refiere a los psiquiátricos penitenciarios, sin duda escasos y con pocas plazas, pero cuya realidad no es tratada en el documento.
Se desprende que «los centros penitenciarios se han convertido en buena medida en sustitutivos de las carencias de los sistemas de salud mental de las Comunidades autónomas». «En no pocas ocasiones -añade- los jueces se ven obligados a ordenar que el enfermo mental que ha delinquido permanezca en un centro cerrado en lugar de que sea tratado en el exterior, donde apenas hay instalaciones, los controles son menores y la posibilidad de reincidencia mayor».

La directora general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, asegura que la enfermedad mental «se halla en el origen» de muchos delitos y que «en ocasiones, la prisión se utiliza como un recurso de carácter asistencial para estas personas, que no han sido tratadas y controladas en su vida en libertad». El problema, reflexiona Gallizo, es que una vez cumplida la pena estos individuos quedan en libertad, «cargando con la doble estigmatización derivada de su condición de enfermo y ex preso».
El 1,8 por ciento de los internos -en torno a un millar- tiene acreditada una discapacidad psíquica, bien mediante la certificación de minusvalía o por pruebas psicométricas recogidas en la historia clínica.

La salud mental en las prisiones es, junto con la masificación, uno de los principales problemas del sistema penitenciario al incidir de forma muy directa tanto en la vida de los centros como en las posibilidades de intervención del sistema en cada recluso. Esta situación ha obligado a Prisiones a preparar un Programa Marco, pionero en este campo y aún en fase de impalntación, para atender a los enfermos. Es la primera vez que se realiza un estudio para conocer la situación real y que se elaboran unas respuestas concretas, aunque lógicamente de eficacia limitada por la naturaleza de los lugares en los que se implantan.

Según el estudio, el 17,6 por ciento de los internos en sus historias clínicas antecedentes psiquiátricos previos a su ingreso en prisión, e incluso el 3,2 por ciento de ellos había estado ingresado en un centro psiquiátrico. Esas prevalencias son mucho mayores que en la población general. Además, entre los antecedentes o ingresos que recoge el documento no se incluyen los derivados del consumo de estupefacientes.

En cuanto al tipo de antecedentes psiquiátricos de los reclusos antes de ser encarcelados, incluyendo ya aquellos que tienen que ver con los estupefacientes, se observa que el 2,6 son trastornos psicóticos; el 6,9 por ciento, afectivos, el mismo porcentaje de trastornos de la personalidad -de estos casi la mitad están diagnosticados como trastornos antisociales- y el 3 por ciento otras patologías. Además, el 44,2 por ciento tiene antecedentes por abuso de drogas y entre éstos el 9,6 presenta una patología dual; es decir, suman una patología psiquiátrica a las provocadas por estupefacientes. El estudio precisa que «hay que tener en cuenta la presencia, en muchos casos, de varios diagnósticos psquiátricos en una misma persona por lo que la suma de los porcentajes es mayor del 100 por cien».

En cuanto a los antecedentes por intento de suicidio previo al ingreso en prisión, el informe sitúa en un 3 por ciento los internos que lo hicieron en el año anterior a su encarcelamiento, y de ellos casi un tercio presentaban una patología dual. Una vez internados en un centro penitenciario, el 2,7 por ciento de los presos intentaron quitarse la vida durante los doce meses previos a la realización del estudio. Por tanto, no hay una diferencia sustancial entre ambos datos, que en cualquier caso lo que revelan es «la alta probabilidad de repetir» el intento de suicidio en prisión, especialmente en las mujeres.

Además, el 12,2 por ciento de los internos necesitaron ser derivados desde la atención primaria hacia la atención psiquiátrica en el último año para su valoración y tratamiento, cifra muy superior a la que se produce en los centros del sistema nacional de salud.

El 13,5 por ciento de los internos tiene recogido algún diagnóstico psiquiátrico sin incluir el abuso o dependencia de las drogas; el 24 presenta sólo abuso o dependencia de esas sustancias y el 12,1 una patología dual. Con estos datos se puede concluir que el 25,6 por ciento de la población reclusa -en la actualidad cerca de 17.000 individuos- tiene uno o varios diagnósticos psiquiátricos sin incluir los de las drogas, porcentaje que se eleva al 49,6 por ciento si se tiene también en cuenta este factor.

Desde un punto de vista clínico, el 3,4 por ciento de los reclusos padece un trastorno psicótico, el 12,8 un trastorno afectivo, el 9,4 uno de personalidad y el 4,2 otra patología, siendo frecuente, de nuevo, la concurrencia de dos de ellos en un mismo individuo, por lo que la suma de esos porcentajes supera el 49,6 por ciento antes citado.

El número de tratamientos psiquiátricos que se siguen en las cárceles es muy alto. El 30,6 por ciento de los presos tiene prescritos psicofármacos, el 11 también metadona y el 5,6 sólo esta última sustancia. Casi la mitad de la población reclusa, el 47,2 por ciento, tiene prescrito algún psicofármaco, incluida metadona.

Cada recluso le cuesta al Estado 24.000 euros

Según los datos de la central Acaip, mayoritaria en las prisiones de España, cada recluso le cuesta al Estado 24.000 euros, por lo que esta población penitenciaria le saldría por unos 450 millones de euros al año.

El número de presos en España se ha duplicado desde 1990

La población reclusa en España se ha duplicado en 17 años, según los datos de Instituciones Penitenciarias actualizados a fecha 9 de noviembre a los que ha tenido acceso EFE y que cifran en 67.038 el número de presos, mientras que en 1990 la media era de 33.035 internos. A falta de poco más de un mes para que termine el año, en las cárceles españolas ya hay 3.790 presos más que a finales de diciembre del año pasado, lo que supone un crecimiento del 6 por ciento, es decir, 10 reclusos más cada día y 300 más al mes.

Este porcentaje sitúa a España como el país de Europa occidental con más presos por habitante, unos 150 por cada 100.000 habitantes, a pesar de que la tasa de criminalidad está por debajo de esos mismos países. Sin embargo, este ritmo de crecimiento no ha ido acompañado de una simultánea multiplicación del número de plazas del sistema penitenciario español, que actualmente cuenta con 77 cárceles.

De hecho, explican a EFE fuentes penitenciarias, existe una sobreocupación del 43 por ciento, y prácticamente todos los reclusos tienen que compartir celda, aunque los nuevos centros se han proyectado para que éstas sean de uso individual. Para hacer frente al incremento de la población reclusa, el Gobierno aprobó en diciembre de 2005 el Plan de Amortización y Creación de Centros Penitenciarios, que preveía la construcción de once nuevas prisiones con 18.000 nuevas plazas desde 2006, cuando entró en vigor, hasta el año 2012.

Hasta el momento no se ha inaugurado ninguna, aunque la Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (SIEP), empresa encargada de la construcción de nuevos centros, está inmersa en las obras de cuatro cárceles. Levante I, en Campos del Río (Murcia); Castellón II en Albocasser; Madrid VII en Estremera y Morón de la Frontera (Sevilla) son los nombres de estas prisiones, que aportarán una capacidad aproximada de 4.800 nuevas plazas. Hay también otros centros programados, sin fecha ni proyecto concretos, en Álava, Pamplona, Mahón (Menorca), las islas Canarias, Soria, Ceuta, Valencia y Málaga.
>El Periódico de Aragón - 18/11/2007 )

Uno de cada cuatro presos tiene diagnosticado un trastorno psiquiátrico

El 25,6 por ciento de las casi 55.000 personas presas en los 67 centros dependientes de Instituciones Penitenciarias tiene diagnosticado un trastorno psiquiátrico, según un estudio de esta institución, que próximamente pondrá en marcha un Programa Marco para diagnosticar y tratar a estos internos.

El estudio, al que ha tenido acceso Efe, alerta sobre la "elevada tasa de patología mental" de la población reclusa, teniendo en cuenta además que del mismo están excluidos los dos psiquiátricos penitenciarios existentes, situados en Alicante y Sevilla, donde sólo ingresan las personas declaradas no responsables penalmente.

El informe, realizado sobre una muestra de 970 internos, señala que el 17,6 por ciento de las personas que ingresan en prisión tienen antecedentes de trastornos mentales, e incluso que un 3,2 por ciento han estado internados en el pasado en un centro psiquiátrico.

También revela que el 12 por ciento de los reclusos fue derivado en el último año hacia la atención psiquiátrica especializada para su valoración y tratamiento, un porcentaje muy superior al que se da en la población en general.

Por último, el 1,8 por ciento de los presos tiene acreditada la condición de discapacidad psíquica, lo que en números absolutos supone que aproximadamente mil personas en estas circunstancias cumplen condena en una cárcel ordinaria.

Para dar respuesta a esta situación, la Dirección General de Instituciones Penitenciarias enviará en los próximos días a los centros un Programa Marco para la atención integral a enfermos mentales en centros penitenciarios, que contempla medidas para la atención clínica, la rehabilitación y la reincorporación social de los reclusos.

El primer paso es detectar los casos que hayan podido pasar desapercibidos, para lo que se requerirá la colaboración de todos los trabajadores de prisiones, a quienes se pide que alerten de los internos que no se relacionan con nadie o de los que muestren una conducta agresiva o extraña.

Esos reclusos serán derivados a los servicios médicos, que establecerán la necesidad de tratamiento y, más adelante, de entrar en el programa de rehabilitación a través de una serie de actividades programadas.

La última fase es la intervención a nivel de trabajo social, tramitando las prestaciones socioeconómicas a las que tiene derecho el enfermo y asesorando a las familias para que, cuando éste salga de prisión, tenga un referente.

Entre las medidas que contempla el Programa Marco está la intervención de "internos de apoyo", seleccionados valorando su sensibilidad y motivación y siempre que su colaboración -que será objeto de un contrato de trabajo- sea previamente aceptada por el enfermo.

Estos internos recibirán una formación especializada y debidamente acreditada que les servirá para incorporarse al mundo laboral al salir de la cárcel.

El Programa también prevé actividades de terapia asistida con animales, que se ha mostrado especialmente eficaz en personas con pobreza afectiva o con dificultades para relacionarse y que ya funciona en centros como los de Pereiro (Orense), Alicante II, Valladolid o A Lama (Pontevedra).

Fuentes de Instituciones Penitenciarias han alertado también de la situación que se vive en los dos psiquiátricos penitenciarios, donde la mayoría de los ingresos de los últimos años son de personas que han cometido un delito menor -quemar un contenedor, insultar a un policía...- y a los que los jueces han impuesto medidas de seguridad muy cortas, habitualmente inferiores a un año.

Ante la falta de alternativas en España tras el cierre hace años de los psiquiátricos, esas personas acaban en instituciones penitenciarias cuando lo adecuado para ellos sería el ingreso en un hospital especializado de su ciudad.

Cuatro de cada diez nuevos presos en España tienen adicción a las drogas

Cuatro de cada diez nuevos presos en España es adicto a las drogas y, en la mayoría de los casos, las sustancias estupefacientes son un factor determinante para su entrada en prisión. La directora general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, defendió ayer en las jornadas sobre drogodependencias de Aproda, que se celebran en Sotogrande, la implantación de un modelo carcelario más encaminado a la reinserción social que al meramente punitivo.

El análisis individual de los reclusos de nuevo ingreso revela que el 42 por ciento consumió drogas en el mes anterior a su entrada en la cárcel, principalmente cocaína y heroína (la segunda en un 11,7 por ciento de los casos), seguidos por el cannabis y el alcohol.

Gallizo destacó que los sistemas alternativos al régimen penitenciario cerrado están aún poco desarrollados, tanto por falta de medios como por el fuerte arraigo social de que la cárcel es el único recurso para enmendar la comisión de un delito. “En el caso de personas adictas a las drogas, la espiral se acentúa y difícilmente se logrará la reinserción si no se dan oportunidades para ello”, expuso. El tratamiento de las drogodependencias en el mundo penitenciario se erige como una cuestión de suma importancia, según Gallizo, ya que la droga forma parte de la base del delito, bien por tráfico para obtener beneficios o por la búsqueda de recursos económicos recurriendo a la delincuencia para conseguirla.

“El modelo debe tender a ser más eficaz y comprometido, de manera que se elimine la presencia de las drogas como causa. Es una forma menos costosa y el esfuerzo debe ser combinado entre la Administración y los grupos de acción social”, apuntó.

Una de las modalidades propuestas por Gallizo para el tratamiento carcelario de drogodependientes pasa por el desarrollo de los sistemas de suspensión de penas, en vigor desde 1995. Su aplicación ha crecido un 600 por ciento desde 2003 hasta los 1.476 casos en lo que va de año en toda España. Pero siguen siendo insuficientes. “Otra opción es el internamiento en centros extrapenitenciarios para internos en tercer grado, pero hacen falta infraestructuras. Nadie duda de su eficacia”, valoró.

“La prisión es lugar de exclusión para quienes ya están excluidos. Evitarlo debe ser uno de nuestros objetivos ya que la cárcel no es el único recurso, debe ser el último recurso”, destacó. Con una tasa de analfabetismo que alcanza el 11 por ciento, los presos en España deben ser atendidos desde el punto de vista sanitario, educativo y terapéutico para que, cuando abandonen el penal, no caigan nuevamente en la reincidencia. “Es necesario que la respuesta a un delito vaya más allá de la prisión, si se abusa del penal, deja de ser efectivo”, solicitó Gallizo.

EL 30% DE LOS PRESOS DE LAS PRISIONES ESPAÑOLAS PADECEN HEPATITIS C

La infección por el virus de la hepatitis C (VHC) está considerada como un importante problema de salud pública que afecta a más de 170 millones de personas en el mundo, lo que representa el 2-3% de la población, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En España, uno de los sectores con mayor prevalencia de infectados por el VHC son los presos de las cárceles españolas —según datos de la Subdirección General de Sanidad Penitencia— donde aproximadamente el 30% de los reclusos está infectado por el virus C de la hepatitis.

Sin embargo, “la proporción de personas infectadas por el VHC está en constante disminución en el medio penitenciario”, apunta el Dr. Pablo Saiz de la Hoya, médico del Centro Penitenciario de Alicante I, en el marco del simposio, organizado por Roche, Tratamiento de la Hepatitis C Crónica: Un reto para la Sanidad Penitenciaria. Si en el año 1998 el 48,6% de la población penitenciaria estaba infectada, en 2006 la prevalencia ha disminuido casi un 20%, como consecuencia de las mejoras en el diagnóstico, tratamiento y programas de prevención de la enfermedad.

El tratamiento estándar de la hepatitis C está compuesto por una combinación de interferón pegilado y ribavirina, una terapia de larga duración —entre seis meses y un año— y cuyos efectos adversos afectan a la calidad de vida del paciente.

“Cansancio, irritabilidad, depresión y alteraciones en los análisis de sangre: disminución de los leucocitos y plaquetas o anemia, son algunos de los efectos secundarios que se producen con más frecuencia”, señala el Dr. Ricard Solá, Jefe de la Sección de Hepatología del Hospital del Mar de Barcelona.

Para este investigador, “los trastornos psiquiátricos y los hematológicos son las primeras barreras que encuentran los pacientes a la hora de iniciar el tratamiento, sin embargo, en los últimos años se ha trabajado mucho en estos dos campos y hoy en día se han logrado minimizar estos efectos”.

Con el fin de detectar cuanto antes a los pacientes con riesgo de padecer trastornos psiquiátricos se elaboran cuestionarios para reconocer los síntomas y se pone en marcha el tratamiento antidepresivo necesario.

La anemia hemolítica debido a la ribavirina es otro efecto secundario que puede obligar a reducir la dosis de los fármacos o bien a “utilizar eritropoyetina, algo que mejora la calidad de vida del paciente y resulta coste-beneficio, tal y como señalan diversos estudios aparecidos en publicaciones científicas”, afirma el Dr. Solá.

El segundo factor relevante que influye en la eficacia del tratamiento es la adherencia al mismo, con el objetivo de obtener una respuesta virológica sostenida. La estancia en un centro penitenciario permite una estrecha vigilancia de los efectos secundarios del paciente, lo que facilita la adherencia al mismo y permite establecer estrategias de tratamiento directamente observado (TDO).

El correcto diagnóstico y el éxito del tratamiento no serían realmente útiles sin un correcto seguimiento de la indicación terapéutica. De hecho para algunos pacientes de los centros penitenciarios, el hecho de llevar una vida marginal y con escaso acceso al sistema sanitario, su estancia en prisión suele ser “la primera oportunidad que les surge para optar al tratamiento”, señala el Dr. Saiz de la Hoya.

Precisamente este especialista ha coordinado el estudio RibaDoT, cuyos datos preliminares se presentan en el marco de la XI Jornada de Sanidad Penitenciaria, y cuyo objetivo es valorar si el Tratamiento Directo Observado (TDO) de la ribavirina (Copegus®) y el interferón pegilado alfa-2a (40 KD) (Pegasys®) es o no más eficaz que la autoadministración de estos fármacos, como ocurre en otras patologías infecciosas como la tuberculosis y el VIH.

Se trata de un estudio —promovido por la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria (SESP) con el patrocinio de Roche Farma— comparativo, multicéntrico, abierto y aleatorizado, en el que participan 257 pacientes, que se puso en marcha el año pasado y cuyos datos finales estarán disponibles el próximo año.

La hepatitis C, la infección crónica de transmisión sanguínea más común, se transmite principalmente a través de la sangre o de productos sanguíneos. La hepatitis C afecta ya de manera crónica a 180 millones de personas en todo el mundo, lo que la convierte en una enfermedad cuatro veces más importante que el VIH 1 y 2. La hepatitis C es la principal causa de cirrosis, cáncer de hígado e insuficiencia hepática a pesar de que mucho pacientes se curan.

158 INTERNOS DE LA CÁRCEL DE ZUERA TIENEN DISCAPACIDAD

El centro penitenciario de la localidad zaragozana de Zuera cuenta actualmente con 158 internos con algún tipo de discapacidad. De ellos, 115 tienen minusvalía física con un grado igual o superior al 33%, y el resto, un total de 43, son minusválidos psíquicos con un grado igual o superior también al 33%.

Así se desprende de una respuesta del Gobierno a instancias de una pregunta formulada por el grupo del Partido Popular, en la que también se da cuenta de que este centro tiene accesibilidad total para personas con discapacidad.

También se señala que la cárcel de Zuera se adapta a la normativa vigente establecida sin la existencia de barreras arquitectónicas y, por lo tanto, con las condiciones marcadas por la legislación para facilitar la movilidad de estas personas.

Una persona se considera discapacitada cuando su grado de minusvalía global sea igual o superior al 33%.

78 intervenciones de droga en las cárceles en el 2006

3/09/07

Los funcionarios critican la permisibilidad de la Administración.

Un informe difundido por la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (ACAIP) revela que el pasado año se efectuaron 78 intervenciones de droga en las cárceles de Aragón.

La asociación denunció ayer la "postura cínica" que mantiene la Administración penitenciaria por "renunciar a la lucha contra la entrada de droga en las cárceles españolas", en las que el pasado año se produjeron 1.644 incautaciones.

De acuerdo con el citado informe, basado en datos del Ministerio del Interior, en el que no figuran cifras de Cataluña, donde más intervenciones de drogas se produjeron fue en las cárceles de Andalucía, con 557, seguida de Comunidad Valenciana con 377, Madrid, con 149, Castilla y León con 108, Galicia, con 91, Aragón, con 78, Canarias, con 64, y Castilla-La Mancha, con 58.

En el lado opuesto, las comunidades con menos intervenciones fueron País Vasco, que contó con 50, Cantabria, con 26, Ceuta, con 24, Baleares, con 16, La Rioja, con 14, Melilla, con 11, Murcia, con 10, Extremadura, con 3 y Asturias, con 2. En cuanto a las prisiones donde más intervenciones se produjeron en este periodo destacan la Alicante II, seguida de Valencia, Cádiz-Puerto II, Córdoba y Alicante Cumplimiento, todas ellas con más de un centenar de intervenciones.

Para esta agrupación, "llama la atención las pocas operaciones que se reflejan en algunos centros con la intención de ocultar la existencia de droga en las cárceles para hacer ver a la Dirección General de Instituciones Penitenciarias que su centro es modélico". El "cinismo" que ACAIP reprocha a la Administración penitenciaria consiste en que "por un lado mantiene la prohibición del consumo, pero por otro facilita a los reclusos que así lo deseen jeringuillas para poder consumirla por vía intravenosa".

ACAIP alerta de que con esta situación cada día se pone "en grave peligro" la salud de los trabajadores, que "corren riesgo de pincharse accidentalmente con una jeringuilla usada o de que esas jeringuillas se puedan utilizar para amenazar o agredir a los funcionarios".

SITUACIÓN PRISIONES NOVIEMBRE 2006

El sindicato ACAIP denuncia que mientras los presos han aumentado en los últimos años en un 34 % el número de funcionarios lo ha hecho sólo en un 7,95 por ciento y que, además, gran parte de estos últimos están dedicados a tareas administrativas.
ACAIP denuncia también el envejecimiento de los funcionarios (el 57% tiene más de 40 años y sólo un 5,7 menos de 30) y la mala salud de los mismos debida a las duras condiciones de trabajo (el 60,7 sufre estrés, el 64,2 fatiga mental, el 42,8 angustia y ansiedad; el 25 % miedo a enfrentarse al trabaj0; y el 41,9 alteraciones del sueño, entre otros síntomas).