La Fiscalía pide que se aplique a Miguel Ricart la doctrina Parot para que no salga de la cárcel en 2011

La prisión zaragozana de Zuera recibió ayer un auto de la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia de Valencia en la que le pide que calcule la liquidación de la condena (fecha de salida de la cárcel) de Miguel Ricart, el asesino de las niñas de Alcácer, conforme a la «doctrina Parot». Con esta petición, la Sala atiende la solicitud de la fiscal encargada del caso, aunque no supone que haya adoptado una postura definitiva de aplicar dicha doctrina, tal como solicita el Ministerio Público. Esta decisión queda para un momento posterior, cuando ya disponga de esa nueva liquidación de condena que le enviará el centro penitenciario.
En cualquier caso, las fuentes consultadas por este periódico consideran que, con el paso dado, la Sección Segunda de la Audiencia de Valencia hace suyos «de hecho» los argumentos de la Fiscalía, lo que supondrá que Miguel Ricart acabará cumpliendo 30 años de cárcel -hasta 2023- por los atroces crímenes de Miriam, Toñi y Desirée. Incluso, fuentes jurídicas hicieron la misma interpretación del nuevo auto remitido a la cárcel de Zuera, entre otras razones porque si no fuera así la Sala no habría dado la orden a la prisión de Zuera de que hiciera esa nueva liquidación de condena de acuerdo a la «doctrina Parot». Hay otro elemento importante que apunta en este sentido: los magistrados de la Audiencia de Valencia ya han aplicado en otras ocasiones esa doctrina y, por tanto, dadas las circunstancias que rodearon los asesinatos de Alcácer parece impensable que no lo hagan en esta ocasión.
Sin embargo, tal como adelantó ABC, ya en junio de 2006 Instituciones Penitenciarias se dirigió a la Sección Segunda de la Audiencia de Valencia para preguntarle sobre este asunto y al mes siguiente los mismos jueces respondieron que no era de aplicación la «doctrina Parot». Con estas instrucciones, la liquidación de condena comunicada entonces por Prisiones a la Sala suponía que Ricart saldría de prisión en 2011. En aquel momento los magistrados argumentaron que no se podía hacer el cálculo de liquidación de condena de acuerdo con esa doctrina por el «principio de invariabilidad de la pena», al haber sido condenado por el Código Penal de 1973. El Ministerio Público estuvo de acuerdo con la decisión de la Sala.