Informe del Defensor del Pueblo 2007
El Defensor del Pueblo ha expresado su preocupación por el importante incremento de la población reclusa -un 20 por ciento más en los últimos cuatro años- y ha pedido un refuerzo de los medios materiales y humanos para atender a los más de 67.000 presos que hay en la actualidad en España.
En su informe correspondiente a 2007, la Institución hace especial hincapié en el caso de las mujeres, cuya población presa se ha incrementado un 27 por ciento en cuatro años, al pasar de 4.406 en enero de 2004 a 5.597 en diciembre de 2007.
'Es evidente que el incremento de la criminalidad y la tipificación en el Código Penal de cada vez más conductas, plantean nuevos retos y determinadas dificultades a nuestro sistema penitenciario', agrega el informe.
No obstante, el Defensor del Pueblo valora el plan de nuevas infraestructuras 2006-2012, que prevé la puesta en marcha de una decena de nuevos centros penitenciarios de gran capacidad que aliviarán, en parte, la masificación de las prisiones españolas. Sí observa la Institución un importante déficit de personal en las cárceles, sobre todo especialistas, como psicólogos o monitores ocupacionales que compense 'el acusado y preocupante incremento' de la población penitenciaria.
En cuanto a la situación concreta de algunas cárceles, el Defensor destaca la existencia de una grave masificación de los centros penitenciarios madrileños, con una sobreocupación del 147 por ciento, que obliga a destinar a muchos presos con residencia en Madrid a prisiones alejadas de la capital.
Situación que se verá paliada, al menos parcialmente, con la entrada en servicio este año de un nuevo centro, Madrid VII en la localidad de Estremera. La prisión de Murcia también merece un capítulo aparte en el informe del Defensor, en el que se refleja que casi un centenar de las celdas del centro están ocupadas por tres reclusos.
Critica también la Institución las malas condiciones de habitabilidad de la prisión de Melilla -grietas, mobiliario deteriorado, goteras, etc...-, deficiencias que ya habían sido detectadas en un anterior informe y que no han sido corregidas.
Detalla el Defensor que una de las garitas de vigilancia de la prisión melillense no puede utilizarse por los fallos estructurales que presenta y ante el peligro real de que se produzca un accidente.
En el capítulo de sanidad y educación en los centros, la Institución valora el refuerzo de la sanidad penitenciaria, -a pesar de la lentitud en la implantación de la telemedicina- y el aumento de los talleres y cursos de formación para los reclusos.
El Defensor del Pueblo se felicita también del descenso sostenido de la tasa de suicidios, que ha pasado de un 0,63 por 1.000 de la población reclusa en 2004 a un 0,41 en 2006.
En su informe correspondiente a 2007, la Institución hace especial hincapié en el caso de las mujeres, cuya población presa se ha incrementado un 27 por ciento en cuatro años, al pasar de 4.406 en enero de 2004 a 5.597 en diciembre de 2007.
'Es evidente que el incremento de la criminalidad y la tipificación en el Código Penal de cada vez más conductas, plantean nuevos retos y determinadas dificultades a nuestro sistema penitenciario', agrega el informe.
No obstante, el Defensor del Pueblo valora el plan de nuevas infraestructuras 2006-2012, que prevé la puesta en marcha de una decena de nuevos centros penitenciarios de gran capacidad que aliviarán, en parte, la masificación de las prisiones españolas. Sí observa la Institución un importante déficit de personal en las cárceles, sobre todo especialistas, como psicólogos o monitores ocupacionales que compense 'el acusado y preocupante incremento' de la población penitenciaria.
En cuanto a la situación concreta de algunas cárceles, el Defensor destaca la existencia de una grave masificación de los centros penitenciarios madrileños, con una sobreocupación del 147 por ciento, que obliga a destinar a muchos presos con residencia en Madrid a prisiones alejadas de la capital.
Situación que se verá paliada, al menos parcialmente, con la entrada en servicio este año de un nuevo centro, Madrid VII en la localidad de Estremera. La prisión de Murcia también merece un capítulo aparte en el informe del Defensor, en el que se refleja que casi un centenar de las celdas del centro están ocupadas por tres reclusos.
Critica también la Institución las malas condiciones de habitabilidad de la prisión de Melilla -grietas, mobiliario deteriorado, goteras, etc...-, deficiencias que ya habían sido detectadas en un anterior informe y que no han sido corregidas.
Detalla el Defensor que una de las garitas de vigilancia de la prisión melillense no puede utilizarse por los fallos estructurales que presenta y ante el peligro real de que se produzca un accidente.
En el capítulo de sanidad y educación en los centros, la Institución valora el refuerzo de la sanidad penitenciaria, -a pesar de la lentitud en la implantación de la telemedicina- y el aumento de los talleres y cursos de formación para los reclusos.
El Defensor del Pueblo se felicita también del descenso sostenido de la tasa de suicidios, que ha pasado de un 0,63 por 1.000 de la población reclusa en 2004 a un 0,41 en 2006.
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