La falta de empleos comunitarios deja impunes cientos de delitos de tráfico

La falta de empleos para desarrollar trabajos en beneficio de la comunidad provoca que cientos de delitos, la mayoría de ellos contra la seguridad en el tráfico, queden impunes o, cuando menos, que el cumplimiento de las condenas se posponga durante años.

Según recoge la Memoria de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), los Servicios Sociales Penitenciarios de Zaragoza recibieron el año pasado 1.544 sentencias en las que el reo era condenado a desarrollar trabajos en beneficio de la comunidad, de las que se cumplieron 301. El año anterior, los tribunales remitieron un total de 1.256, de las que "se ejecutaron tan solo 31".

Es decir, que de 2.800 se llevaron a cabo completamente 332, lo que supone algo menos del 12%. No obstante, al cierre de la memoria se encontraban en ejecución otras 159, lo que eleva la tasa de cumplimiento al 17,5%: algo más de una de cada seis.

Las fiscalías de Huesca y Teruel no ofrecen datos sobre el grado de cumplimiento de los trabajos en beneficio de la comunidad en este apartado.

 

CONVENIOS No obstante, el ministerio público zaragozano anota que a lo largo de este año "se están firmando convenios con diferentes instituciones y oenegés para intentar paliar esta acumulación de sentencias pendientes de ejecución".

La reforma del Código Penal de noviembre del 2003 estableció los trabajos en beneficio de la comunidad como pena complementaria para los condenados por conducir borrachos o drogados. Los jueces podían imponerlas a los automovilistas además de optar entre una pena de tres a seis meses de cárcel o multas de 216 a 108.000 euros y, en todo caso, retirarles el permiso de conducir entre uno y cuatro años.

Cuatro años más tarde, ese castigo se amplió a quien circulara a más de sesenta kilómetros por hora por encima del límite autorizado en vías urbanas o a ochenta más de lo contemplado en carreteras, autovías y autopistas, además de a quien se pusiera al volante tras haber perdido todos los puntos. Desde finales del 2007, los jueces pueden optar entre imponer la pena de prisión o la de multa combinada con el trabajo comunitario.

Los trabajos en beneficio de la comunidad, cuya aplicación requiere el consentimiento del infractor, tienen dos finalidades básicas: resocializarlo y que este efectúe una "reparación simbólica" a la comunidad.

 

TAREAS Para ello, la legislación permite asignarles tareas --tanto de reparación de los daños que han provocado como de apoyo y de asistencia a las posibles víctimas--.

La duración de la jornada no puede exceder de ocho horas, y las ocupaciones, que siempre deben ser facilitadas a través de la Administración --esta puede conveniar las plazas con entidades--, tienen que tener utilidad pública.

26/07/2010 E. BAYONA - EL PERIÓDICO DE ARAGON