Al menos 23 aragoneses se encuentran encarcelados en prisiones extranjeras
El Ministerio de Asuntos Exteriores tiene registrados, al menos, a 23 aragoneses encarcelados en prisiones de países extranjeros. Una cifra que podría ser mayor ya que de los 2.388 españoles repartidos por las cárceles del mundo, se desconoce el origen concreto de 861 de ellos.
Son cifras que, tal y como reconocen fuentes ministeriales, han sufrido un «leve incremento» debido a las dificultades económicas derivadas de la crisis, que llevan a más personas a buscar ‘negocios’ rápidos aunque peligrosos. Los más habituales, sin duda, son los relacionados con el tráfico de droga, que unidos al consumo, suponen más del 80% de los casos judiciales tratados, aunque también se registran abusos de menores, maltrato…
Por eso alertan de los riesgos que suponen este tipo de prácticas, y más en determinados países, algunos de ellos con la pena de muerte o la cadena perpetua en vigor, como Argelia, Tailandia o Emiratos Árabes Unidos. Son aplicaciones de la ley muy distintas a las que rigen en España, lo que lleva a desagradables sorpresas.
Según los datos facilitados por los consulados, los países con mayor número de presidiarios españoles son los latinoamericanos, como Perú (264), Brasil (196), Colombia (154) y Argentina (120), además de Marruecos (236) y Francia (203).
Son cifras que, tal y como reconocen fuentes ministeriales, han sufrido un «leve incremento» debido a las dificultades económicas derivadas de la crisis, que llevan a más personas a buscar ‘negocios’ rápidos aunque peligrosos. Los más habituales, sin duda, son los relacionados con el tráfico de droga, que unidos al consumo, suponen más del 80% de los casos judiciales tratados, aunque también se registran abusos de menores, maltrato…
Por eso alertan de los riesgos que suponen este tipo de prácticas, y más en determinados países, algunos de ellos con la pena de muerte o la cadena perpetua en vigor, como Argelia, Tailandia o Emiratos Árabes Unidos. Son aplicaciones de la ley muy distintas a las que rigen en España, lo que lleva a desagradables sorpresas.
Según los datos facilitados por los consulados, los países con mayor número de presidiarios españoles son los latinoamericanos, como Perú (264), Brasil (196), Colombia (154) y Argentina (120), además de Marruecos (236) y Francia (203).
Cómo ayudar desde España
A las dificultades que conlleva una situación tan delicada como el ingreso en prisión, se une en estos casos la distancia, la burocracia y la problemática realidad de alguno de los países donde se produce el arresto. Esto lleva a que tanto el preso como la familia se ven desorientados y superados por los acontecimientos.
Por ello, existen varios canales para facilitar el proceso judicial, el bienestar del recluso y, de ser posible, el retorno a España. Además de la labor que ejercen los propios consulados y el Ministerio de Exteriores, algunas fundaciones ofrecen sus servicios a los presos, como el Instituto Ramón Rubial, a través de su Programa de Atención a Detenidos en el Exterior.
«O el preso o sus familiares se ponen en contacto con nosotros y les informamos de lo que deben o no deben hacer», señala Adriana San Clemente, de esta institución que lleva prestando ayuda desde 1990. «Por ejemplo –explica-, les aconsejamos que nunca envíen dinero al recluso, porque puede sufrir extorsión por parte de sus compañeros de celda si ven que lo recibe». Esta situación ha llevado en más de una ocasión a la ruina de la familia.
Las principales preocupaciones pasan por el bienestar del detenido, y por la máxima celeridad en el proceso de traslado a España. Sin embargo, hasta que no hay una sentencia en firme, este no se puede dar. «El tiempo mínimo de estancia en la cárcel extranjera es de tres años: uno y medio mientras se aclara la sentencia, y otro tanto con los trámites para el traslado», apunta San Clemente, por lo que la ayuda de estas entidades es fundamental para agilizar el proceso y, sobre todo, tranquilizar a las familias.
Por ello, existen varios canales para facilitar el proceso judicial, el bienestar del recluso y, de ser posible, el retorno a España. Además de la labor que ejercen los propios consulados y el Ministerio de Exteriores, algunas fundaciones ofrecen sus servicios a los presos, como el Instituto Ramón Rubial, a través de su Programa de Atención a Detenidos en el Exterior.
«O el preso o sus familiares se ponen en contacto con nosotros y les informamos de lo que deben o no deben hacer», señala Adriana San Clemente, de esta institución que lleva prestando ayuda desde 1990. «Por ejemplo –explica-, les aconsejamos que nunca envíen dinero al recluso, porque puede sufrir extorsión por parte de sus compañeros de celda si ven que lo recibe». Esta situación ha llevado en más de una ocasión a la ruina de la familia.
Las principales preocupaciones pasan por el bienestar del detenido, y por la máxima celeridad en el proceso de traslado a España. Sin embargo, hasta que no hay una sentencia en firme, este no se puede dar. «El tiempo mínimo de estancia en la cárcel extranjera es de tres años: uno y medio mientras se aclara la sentencia, y otro tanto con los trámites para el traslado», apunta San Clemente, por lo que la ayuda de estas entidades es fundamental para agilizar el proceso y, sobre todo, tranquilizar a las familias.
0 comentarios