Los municipios aumentan su oferta de empleos comunitarios en plena crisis

Cada vez más ayuntamientos se están interesando por la posibilidad de ofrecer trabajos comunitarios a aquellas personas que han cometido algún delito, en su mayoría contra la seguridad vial. En plena crisis económica las plazas en los municipios, que antes escaseaban, han aumentado notablemente. En total son 85 los consistorios aragoneses que se han adscrito al convenio con la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias para regular la asignación de los casos.

Esta cifra se ha incrementado progresivamente en los últimos dos años. Según este acuerdo, la Seguridad Social de los penados, que antes dependía de los ayuntamientos, pasó a depender directamente del Ministerio de Interior, por lo que la asunción de estos no supone ningún coste para los municipios. De este modo las penas impuestas por los jueces --que solo en Zaragoza ascienden a 4.000-- se pueden cumplir con mucha más celeridad. Cada vez son más los magistrados que se deciden por esta condena ya que solo en la capital aragonesa se dictaron 1.200 sentencias a trabajos comunitarios a lo largo del 2010. Por otra parte, con el impulso de los empleos comunitarios las administraciones locales reciben una ayuda extra en la prestación de servicios o en la realización de trabajos.

Los penados realizan trabajos muy simples, normalmente relacionado con el cuidado de las zonas verdes de los municipios, servicios en las instalaciones deportivas, o limpieza de las calles. El ayuntamiento debe nombrar un coordinador que controle los trabajos que desarrollan estas personas, así como su asistencia puntual a los servicios que tiene que realizar.

Los condenados deben firmar además cada vez que inician y acaban cada jornada para que el consistorio pueda dar constancia a instituciones penitenciarias del cumplimiento de la pena. Normalmente es el propio técnico del área en la que el delincuente realiza los trabajos comunitarios el que cumple con esta función.

Por lo general los ayuntamientos no registran ningún tipo de incidencia en lo que se refiere a estas personas, que de hecho "intentan pasar lo más desapercibidas posible", según los responsables de los municipios.

 

EN LAS TRES PROVINCIAS Jaca es una de las localidades que más ha visto incrementada su oferta de plazas para empleo comunitario. Desde noviembre del 2008 hasta ahora ha recibido 54 de estos trabajadores. En el caso de este municipio altoaragonés, los penados pueden elegir la jornada de mañana o la de tarde, dependiendo de la compatibilidad con el horario de trabajo, y en ningún caso realizan más de dos horas diarias. Actualmente cuentan con cuatro personas desarrollando estos trabajos y esperan recibir otro en menos de dos semanas.

El municipio zaragozano de Utebo es otro de los que se adhirió al convenio del 2009, aunque ya colaboraba con Instituciones Penitenciarias desde el año 1998. Los asistentes sociales reconocen que la llegada de condenados a trabajos comunitarios ha crecido progresivamente en los últimos dos años. De hecho, en el 2010, fueron diez personas las que cubrieron estas plazas en Utebo. Para las trabajadoras sociales que se encargan de estas personas "esta es una opción muy válida para los penados". Desde el ayuntamiento consideran que este incremento se debe en parte al aumento de las condenas por delitos contra la seguridad vial, que se resuelven con trabajos comunitarios.

En el caso del consistorio de Binéfar no se han aumentado las plazas de empleo social para los delincuentes, ya que mantiene su oferta de entre diez y quince condenados al año.

Por otro lado, en el ayuntamiento de Tarazona conciben la condena de empleo para la comunidad como un servicio que el municipio presta al delincuente y no al contrario. El trabajo de los servicios sociales del municipio va más allá de asignar a los condenados un área en el que desarrollar su pena, y realizan un amplio seguimiento de los casos que aceptan. Antes de dar una plaza a uno de estos delincuentes, mantienen una entrevista tanto con él como con sus familiares. De este modo, valoran si es necesaria una intervención de los servicios sociales "más alla del papel de reinserción que supone el empleo comunitario".

Desde el consistorio aseguran que el número de casos que reciben se incrementó considerablemente a partir del 2009 --de uno o dos casos anuales, han pasado a diez-- y apuntan que esto se debe a una "decisión política". El servicio social del municipio turiasonense apoya firmemente estas condenas y recalcan que representan un "importante beneficio social".

24/01/2011 PATRICIA PEIRÓ - EL PERIÓDICO DE ARAGÓN