Uno de cada cuatro presos tiene una patología psiquiátrica grave

Entre el 22 y el 25 por ciento de los 70.000 presos de las cárceles españoles sufre un trastorno psiquiátrico grave -casi uno de cada cuatro- pero en la Sanidad Penitenciaria "faltan psiquiatras y medios" para atenderlos.

Ante este "grave problema", el presidente de la Sociedad Española de Salud Penitenciaria (SESP), Julio García Guerrero, ha exigido hoy, una vez más, que los servicios sanitarios de las prisiones españolas se integren en el Sistema Nacional de Salud.

De este modo, ha señalado en declaraciones a Efe, la atención que reciben los internos sería al menos "equivalente" a la de cualquier ciudadano español, como determina la Constitución.

García Guerrero ha participado en unas jornadas organizadas por la Organización Médico Colegial, en las que se ha denunciado que la Sanidad Penitenciaria sea una "parcela aislada" en la atención que se presta al conjunto de la sociedad española.

Tanto la Ley General de Sanidad, de 1986, como la de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, de 2003, exigen que esta competencia, aún en manos del Ministerio del Interior, se transfiera a las Consejerías de Salud de las Comunidades Autónomas, algo que sólo ha ocurrido en el caso de Cataluña.

García Guerrero ha recordado que estos profesionales sanitarios -unos 1.500 en el conjunto del Estado- cobran un 20 por ciento menos que el resto de los facultativos del sistema público y, sin embargo, atienden a una población con múltiples enfermedades mentales, toxicomanías y enfermedades infecciosas.

Ha precisado, a modo de ejemplo, que el 20 por ciento de los presos en las cárceles españoles tiene hepatitis C y en torno a un 8 por ciento son víctimas del Sida.

"Pedimos al Gobierno que se trate a los internos como se trata al común de los ciudadanos españoles", ha aseverado, para confesar que el principio de "equivalencia" entre ciudadanos "se puede estar viendo vulnerado".

El subdirector general de Coordinación de Sanidad Penitenciaria, José Manuel Arroyo, ha culpado a las Comunidades Autónomas de que, tras seis años de aprobación de la Ley de Cohesión, este traspaso de competencias no se haya producido.

García Guerrero ha indicado que desde la SESP se ha intentado concienciar de este problema a todos los estamentos oficiales relacionados de algún modo con la Sanidad Penitenciaria, entre ellos a la OMC, así como a las distintos partidos políticos y organismos administrativos con influencia en la vida política.

La inacción administrativa, porque "éste es un problema de voluntad política", ha matizado, es causa de discriminación en una doble vertiente: tanto para las personas privadas de libertad como para los profesionales médicos que prestan esa asistencia.

No obstante, el presidente de la SESP ha concluido que las prestaciones sanitarias de los centros penitenciarios del país son "notables" en algunos aspectos y "comparables" a las de otros países europeos.
Madrid, 17 mar (EFE)