Un total de seis asociaciones zaragozanas han denunciando la situación de “incapacidad” de la cárcel de Zuera

La Asociación de Seguimiento y Apoyo a Presos ha denunciado, a propósito de las tres últimas muertes en la cárcel de Zuera, la incapacidad de la cárcel como institución para resolver los conflictos que son causa de los delitos (alto índice de personas con problemas de toxicomanía que ingresa en prisión y que sigue consumiendo dentro) así como para garantizar los derechos fundamentales básicos y la integridad física de las personas que cumplen pena de prisión.

“Nuestro sistema penal, aseguran en un comunicado, sigue guiado por la lógica de aumentar los castigos y determinado por la falta de medidas, y voluntad política, para avanzar hacia la justicia social”. Por lo que afirman que “así, lejos de la supuesta orientación constitucional de las penas, la cárcel no ha dejado de cosechar fracasos, generar reincidencia, agravar las desigualdades sociales, malgastar dinero público y producir sufrimiento en las personas presas y sus familiares y amigos a un nivel intolerable, sin que se haya cuestionado jamás a nivel institucional, ni siquiera cuando estos nefastos resultados se traducen en fallecimientos, a un ritmo alarmante, en los últimos años, alrededor de unos 260 personas muertas en prisión al anualmente en España”.

Desde la Asociación de Seguimiento y Apoyo a Presos han exigido que se recurra a cumplimientos de condenas alternativos al encarcelamiento, y hasta que ese momento llegue que, “por lo menos”, se respete la ley vigente; y en concreto que se produzca de manera efectiva la excarcelación de los enfermos graves e incurables, y no de acuerdo a criterios restrictivos “como los que se vienen aplicando en torno al artículo 104.4 del RP”; que las personas presas vean garantizado el derecho a la salud; que se disponga de plazas suficientes para poder dar cumplimiento al carácter progresivo de la ejecución penal y se pueda acceder al tercer grado y la libertad condicional, en los plazos y conforme a los criterios debidos; que se ponga fin al “hacinamiento dentro de las prisiones, a través de estas medidas, y no en base a construir más macrocárceles; que existan plazas suficientes para que las personas que padecen toxicomanía tengan posibilidad de emprender un tratamiento de deshabituación; que se afronte el problema del altísimo porcentaje de presos con patología mental, con terapias y tratamientos eficaces y con medidas socio-sanitarias adecuadas”.

Este comunicado ha sido suscrito también por la subcomisión de Derecho Penitenciario del Consejo General de la Abogacía Española, la Asociación PISO, la Asociación OMSIDA, Cáritas Diocesana de Zaragoza y la Asociación Hablamos para la mediación penal y penitenciaria.