Uno de cada cuatro presos tiene diagnosticado un trastorno psiquiátrico

El 25,6 por ciento de las casi 55.000 personas presas en los 67 centros dependientes de Instituciones Penitenciarias tiene diagnosticado un trastorno psiquiátrico, según un estudio de esta institución, que próximamente pondrá en marcha un Programa Marco para diagnosticar y tratar a estos internos.

El estudio, al que ha tenido acceso Efe, alerta sobre la "elevada tasa de patología mental" de la población reclusa, teniendo en cuenta además que del mismo están excluidos los dos psiquiátricos penitenciarios existentes, situados en Alicante y Sevilla, donde sólo ingresan las personas declaradas no responsables penalmente.

El informe, realizado sobre una muestra de 970 internos, señala que el 17,6 por ciento de las personas que ingresan en prisión tienen antecedentes de trastornos mentales, e incluso que un 3,2 por ciento han estado internados en el pasado en un centro psiquiátrico.

También revela que el 12 por ciento de los reclusos fue derivado en el último año hacia la atención psiquiátrica especializada para su valoración y tratamiento, un porcentaje muy superior al que se da en la población en general.

Por último, el 1,8 por ciento de los presos tiene acreditada la condición de discapacidad psíquica, lo que en números absolutos supone que aproximadamente mil personas en estas circunstancias cumplen condena en una cárcel ordinaria.

Para dar respuesta a esta situación, la Dirección General de Instituciones Penitenciarias enviará en los próximos días a los centros un Programa Marco para la atención integral a enfermos mentales en centros penitenciarios, que contempla medidas para la atención clínica, la rehabilitación y la reincorporación social de los reclusos.

El primer paso es detectar los casos que hayan podido pasar desapercibidos, para lo que se requerirá la colaboración de todos los trabajadores de prisiones, a quienes se pide que alerten de los internos que no se relacionan con nadie o de los que muestren una conducta agresiva o extraña.

Esos reclusos serán derivados a los servicios médicos, que establecerán la necesidad de tratamiento y, más adelante, de entrar en el programa de rehabilitación a través de una serie de actividades programadas.

La última fase es la intervención a nivel de trabajo social, tramitando las prestaciones socioeconómicas a las que tiene derecho el enfermo y asesorando a las familias para que, cuando éste salga de prisión, tenga un referente.

Entre las medidas que contempla el Programa Marco está la intervención de "internos de apoyo", seleccionados valorando su sensibilidad y motivación y siempre que su colaboración -que será objeto de un contrato de trabajo- sea previamente aceptada por el enfermo.

Estos internos recibirán una formación especializada y debidamente acreditada que les servirá para incorporarse al mundo laboral al salir de la cárcel.

El Programa también prevé actividades de terapia asistida con animales, que se ha mostrado especialmente eficaz en personas con pobreza afectiva o con dificultades para relacionarse y que ya funciona en centros como los de Pereiro (Orense), Alicante II, Valladolid o A Lama (Pontevedra).

Fuentes de Instituciones Penitenciarias han alertado también de la situación que se vive en los dos psiquiátricos penitenciarios, donde la mayoría de los ingresos de los últimos años son de personas que han cometido un delito menor -quemar un contenedor, insultar a un policía...- y a los que los jueces han impuesto medidas de seguridad muy cortas, habitualmente inferiores a un año.

Ante la falta de alternativas en España tras el cierre hace años de los psiquiátricos, esas personas acaban en instituciones penitenciarias cuando lo adecuado para ellos sería el ingreso en un hospital especializado de su ciudad.