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El Estado deberá pagar 100.000 euros a familia del preso asesinado en Zuera

La Audiencia de Zaragoza ha condenado a un interno de la cárcel de Zuera a 12 años de prisión por el asesinato de otro recluso, a cuyos familiares el Estado deberá indemnizar además con 100.000 euros al hacerle el juez responsable por no garantizar la seguridad de la víctima.

La sentencia, que recoge el veredicto del jurado popular que enjuició el caso, absuelve sin embargo a un tercer recluso que fue acusado de complicidad por la fiscalía, al entender que no quedó probada su participación en los hechos durante la vista.

Un módulo conflictivo

El crimen tuvo lugar la tarde del 2 de febrero de 2010 en el módulo 9 de Zuera que, según el tribunal, es uno de los recintos de la prisión donde se concentran algunos de los internos más peligrosos y donde los 'pinchos', la violencia y la droga forman parte de la vida cotidiana de los reclusos.

La sentencia considera probado que el acusado, Santiago D.C., entró en la celda de la víctima a la hora de la siesta y le asestó un pinchazo en el tórax que le causó su muerte una hora después debido a la gravedad de la herida.

Admite el tribunal, a tenor del veredicto del jurado, la aplicación de una atenuante de obcecación al acusado al considerar que la agresión tuvo su origen en las amenazas previas que hizo la víctima al agresor tras un incidente entre ambos ocurrido unas horas antes.

La resolución argumenta que el objeto punzante utilizado por el acusado no procedía del taller del centro penitenciario y que, a pesar de que el pabellón disponía de cámaras de vigilancia, no se garantizó desde la institución la seguridad e integridad física de la víctima.

Para valorar la responsabilidad civil del ministerio del Interior en los hechos, el juez valora la procedencia desconocida del pincho carcelario utilizado por el agresor y los criterios del jurado sobre la falta de seguridad que se dio en el caso.

En este sentido asegura que, aunque el módulo donde se produjeron los hechos es donde se concentran los presos más peligrosos, "sólo" dos funcionarios vigilaban el pabellón, lo que permitió al acusado "burlar" las labores de control que ejercían.

Según el tribunal, "el Estado es el garante de la vida e integridad de los internos, y ello significa que las medidas de seguridad deben ser las adecuadas a los peligros que genere cada fase de la pena".

Añade la sentencia que "en un ámbito carcelario, donde la tensiones personales entre los internos pueden ser de cierta intensidad, se requiere un especial cuidado para evitar sucesos como los ocurridos".

Concluye el tribunal en relación a la responsabilidad civil del Estado que "debe de analizarse teniendo en cuenta el especial deber de vigilancia que incumbe a estos centros, administrados y custodiados por funcionarios públicos, en el que viven temporalmente privadas de libertad personas con riesgo de conflicto".
EFE. ZARAGOZA - 17-01-2012
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