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La DPZ otorga 15.000 para asistencia a presos

No solo la asistencia letrada gratuita a los inmigrantes atraviesa un momento delicado. También el Servicio de Orientación Penitenciaria (SOP), que atiende las dudas en los trámites de los presos en Zuera y Daroca, lucha por su supervivencia. En los últimos años, era el propio Colegio de Abogados quien tenía que costear el servicio. Para el año pasado, sin embargo, el servicio recibió recientemente una importante ayuda de la DPZ.

El pasado 23 de diciembre, la Presidencia de la DPZ acordaba conceder una subvención de 15.000 euros para el pasado ejercicio, "dentro de las ayudas para entidades sin ánimo de lucro", según explicó el presidente de la diputación, Luis María Beamonte. La cantidad no cubre por entero el coste, que es de casi 21.800 euros --aparte de los casi 3.800 en kilometraje, ya que los abogados se desplazan dos días por semana a Zuera y uno a Daroca--, pero supone una importante ayuda, según reconoció el coordinador del Turno de Oficio del Colegio de Abogados, Miguel Lanaspa.

NEGOCIACIONES Para este año, el Colegio pretendía en primer término que la financiación del SOP se incluyese en el convenio del Turno de Oficio que negocia anualmente con la DGA, pero finalmente la negociación no llegó a buen puerto. Ahora se buscan "nuevas vías" de financiación a cargo del Gobierno Aragonés, pero según pudo saber este diario, desde la Consejería de Justicia no tienen constancia de que haya nada concretado al respecto.

El SOP, coordinado por la abogada Rebeca Santamalia, cuenta con 60 abogados especializados en Derecho Penitenciario, que resuelven las consultas de los presos en torno a los trámites que pueden realizar en prisión. Actualmente, la coordinadora prepara la memoria del 2011, pero los datos de consultas, según la coordinadora, son similares a los del 2010. En ese año los letrados realizaron 67 guardias en los centros penitenciarios de Zaragoza, para un total de 1.858 peticiones de entrevista de los letrados.

Al igual que el SAOJI, el SOP también fue un servicio pionero en España, que se estableció a través de un convenio del Colegio de Abogados y la DPZ en 1995. Los abogados han de someterse a un curso específico para prestar el servicio, además de contar con tres años de experiencia en el Turno de Oficio.

Las consultas a las que suelen hacer frente se refieren a trámites como los traslados de centro penitenciario, los cambios de grado de los internos o el recurso por sanciones en la cárcel.

F. M. H. 15/01/2012 El Periódico de Aragón

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