Zaragoza oferta 500 plazas de trabajo en beneficio de la comunidad cuando serían necesarias 4.000

El Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, cree que es necesario aumentar el número de plazas de trabajo en beneficio de la comunidad y así se lo ha hecho saber al Departamento Política Territorial, Justicia e Interior y a los ayuntamientos más importantes de Aragón. En Zaragoza se ofertan 500 cuando serían necesarias 4.000, por lo que al no haberlas los jueces optan por las multas o por la privación de la libertad.

Entre los trabajos que podrían realizar en beneficio de la comunidad, el Justicia de Aragón ha indicado que podría ser la limpieza de espacios públicos, el apoyo en campañas de disminución del abuso de sustancias estupefacientes y el alcohol o la asistencia directa a víctimas de accidentes de tráfico y sus familias.

Aragón acoge tres de los 77 centros penitenciarios que existen en España. Estas tres cárceles acogían en febrero de 2010 2.603 internos, un 3,5% del total. España está a la cabeza de Europa occidental en cuanto a número de presos, 150 por cada 100.000 habitantes, pero sin embargo la tasa de criminalidad es la menor de la Unión Europea con 47,6 infracciones penales por cada mil habitantes, según se desprende del informe “Necesidades Asistenciales de la Población con Alto Riesgo de Delincuencia en Aragón”, presentado en sede parlamentaria este martes.

El Justicia de Aragón ha achacado estos datos a un alto grado de reincidencia puesto que casi un 40% de las personas detenidas que comparecen en los juzgados de guardia ya han sido detenidos con anterioridad, y a que el 10% de los presos cumplen el 50% de las condenas. Al año una persona en prisión cuesta entre 20.000 y 25.000 euros, dependiendo del centro penitenciario.

García Vicente también ha criticado que la sociedad es “muy cómoda” y cuando alguien comete un delito dice “que la metamos en cárcel y nos olvidamos de él”, por lo que si cuando no se hace así y el delincuente reincide “una parte de la sociedad se echa encima” de las personas que tomaron esa decisión.

Como alternativas a la prisión, ha propuesto la mediación penal como forma de llegar a una solución del conflicto generado entre la víctima y el infractor creando un espacio de diálogo y comunicación donde ambos asumen la responsabilidad de la elaboración de la estrategia de solución del conflicto. El Justicia de Aragón ha calculado que entre un 25 y un 40% de las mediaciones serían eficaces.

Además, ha apostado por poner en marcha programas y experiencias piloto para primeros delincuentes, haciendo especial incidencia en los menores de 21 años. El Justicia de Aragón también ha pedido la creación de juzgados especializados en salud mental y drogodependencias para que los detenidos no sólo cumplan su sanción sino que también cuenten con planes de tratamientos.

El informe recoge la necesidad de garantizar la continuidad del tratamiento sanitario de las personas que están en prisión cuando salen de ella y apuesta por preparar a los internos para el día que salgan, enseñándole una profesión y evitando que las ayudas no se den con “a los dos meses” ya que “si una persona sale de prisión, no tiene trabajo, residencia y de qué vivir si entró por robar robará”, tal y como ha explicado García Vicente. Además, en el informe se pide a los ayuntamientos y al Gobierno de Aragón que lancen una oferta de plazas para que sean ocupadas por personas que se encuentren en esta situación.

 

Grupos parlamentarios

La diputada del PP María Antonia Avilés ha destacado que “el 50% de los delitos podrían ser evitados con una política de prevención, que no existe”. Ha considerado “incomprensible” que dentro de las prisiones “se siga consumiendo drogas”, lo que hace “difícil” la rehabilitación de las personas que la consumen.

El portavoz de IU, Adolfo Barrena, ha criticado que todas las propuestas se caerán por falta de recursos debido a la crisis y “el problema se agravará”. No obstante, ha remarcado que este asunto “viene de atrás” y que tampoco se atajó “en los tiempos de bonanza”.

Chunta Aragonesista ha pedido que el informe “sea algo menos neutro” y ha señalado que debería “meter más el dedo en la llaga”, tal y como ha explicado su portavoz, Chesús Bernal. Por ello, el grupo parlamentario le ha pedido a García Vicente que vaya “más allá de los datos”.

Por último, el PAR ha echado en falta “las actuaciones y programas” que el Gobierno de Aragón realiza dentro de “sus competencias y posibilidades”, tal y como ha explicado la diputada Ana de Salas. Los socialistas han hecho hincapié en los trabajos en beneficio de la comunidad. Creen que deben ser más importantes y “pasar de ser una medida sustitutoria a una medida principal”, tal y como ha indicado la diputada Ana Cristina Vera. 

ARAGONDIGITAL - 15-2-2011