Aragón rechaza la asunción de competencias en sanidad penitenciaria

El vicepresidente del Gobierno aragonés, José Ángel Biel, ha asegurado hoy que la sanidad penitenciaria en Aragón funciona "muy bien" gracias al convenio de colaboración firmado con el Ministerio del Interior, y ha descartado la posibilidad de asumir la competencia al no ajustarse la última oferta económica al coste real del servicio.

Biel ha hecho esta afirmación en una comparecencia ante la Comisión Parlamentaria Permanente a petición de IU para informar sobre las gestiones realizadas desde el Ejecutivo regional para la integración de la sanidad que se presta en las tres cárceles de la Comunidad en el sistema aragonés de la salud.

El vicepresidente ha explicado que los 5,3 millones de euros que ofertó el Estado en noviembre de 2009 por el traspaso de las competencias no responde al coste efectivo del servicio, por lo que desde la Consejería de Salud aconsejó rechazar la transferencia y mantener el actual convenio de colaboración suscrito en 2006 para ofrecer una atención especializada a la población reclusa de la Comunidad.

Ha explicado a este respecto que las razones de tipo "operativo" planteadas desde el Departamento de Salud, el buen funcionamiento del convenio con Interior, y el coste que supondría asumir la transferencia motivó la decisión del Ejecutivo regional.

Se ha comprometido, sin embargo, a "darle una nueva vuelta" al asunto y a trasladarlo a una próxima reunión de la Comisión Mixta de Transferencias para analizar la posibilidad de volver a reunir la ponencia encargada de estudiar la transferencia de la sanidad penitenciaria, pero en función de lo que recomiende previamente la Consejería de Sanidad.

En el turno de intervenciones, el portavoz de IU, Adolfo Barrena, ha reprochado al Gobierno aragonés el carecer de voluntad de asumir la sanidad penitenciaria, y ha puesto en cuestión que la atención a la población reclusa "vaya bien, cuando hay personas que tienen todos los derechos a pesar de estar en la cárcel y que no tienen las mismas prestaciones que el resto de personas".

A juicio de Barrena, "no se están realizando gestiones porque no se piensa traer esa competencia, pero es obligado cumplir lo que dice el Estatuto de Autonomía y la Ley de Cohesión de la Asistencia Sanitaria de 2006, y garantizar una atención sanitaria de calidad a la población reclusa".

Antonio Suárez, del PP, ha resaltado que su grupo fue quien planteó en 2004 en las Cortes de Aragón la firma de un convenio con el Gobierno central para garantizar una asistencia sanitaria de calidad a la población reclusa de la Comunidad, aunque ha recordado al tiempo que su grupo se opuso a la inclusión de las transferencias en materia penitenciaria en el Estado de Autonomía al considerar que su gestión corresponde al Estado.

Ha reconocido, además, que la actual coyuntura económica desaconseja negociar la transferencia planteada "ya que estamos en un momento en que Aragón no sale bien parada de la gestión del Gobierno que preside José Luis Rodríguez Zapatero" en materia de inversiones.

El diputado popular ha cuestionado, sin embargo, que la asistencia sanitaria "sea igual" en los tres centros penitenciarios aragoneses, Zuera, Teruel y Daroca, dado que el único módulo hospitalario para presos se encuentra en el Hospital Miguel Servet de Zaragoza, por lo que ha anunciado que su grupo solicitará una comparecencia de la consejera de Salud, Luisa María Noeno, para informar sobre este servicio.

El portavoz del PSOE, Carlos Tomás, ha insistido en que el convenio para garantizar una atención sanitaria a la población reclusa funciona "razonablemente bien".

La portavoz parlamentaria del PAR, Ana de Salas, ha destacado que el convenio suscrito con Interior, una iniciativa que ha considerado "pionera" en el país, está garantizando en la actualidad un buen funcionamiento de la sanidad penitenciaria, y ha valorado la gestión del servicio desarrollada desde el Gobierno autonómico.

Por su parte, el diputado de CHA Chesús Bernal ha instado al vicepresidente a "fijar" la posición del Gobierno aragonés respecto a la transferencia de la sanidad penitenciaria y a definir un "horizonte" referido a la fecha en la que se podría producir el traspaso.

En respuesta a los distintos portavoces, Biel ha subrayado que el convenio suscrito permite que el "objetivo fundamental: la atención sanitaria a la población reclusa", se cumpla de forma efectiva, y ha advertido que el traspaso de las competencias mermaría recursos a este servicio.

A este respecto, ha destacado que la sanidad penitenciaria en Aragón no sólo dispone de los 5,3 millones de euros que invierte el Gobierno central para garantizar su funcionamiento y el pago del personal adscrito, sino las cantidades que abona el Estado al Ejecutivo autónomo por la atención especializada suministrado.

DIARIO DEL ALTO ARAGON - EFE.