Varios colectivos sociales critican la actitud de la Delegación del Gobierno en torno a la marcha contra la macrocárcel de Zuera

Varios colectivos sociales han criticado la actitud de la Delegación del Gobierno en Aragón en torno a la VI Marcha contra la Macrocárcel de Zuera, al abrir un expediente sancionador por falta de comunicación de la concentración que se produjo en los aparcamientos del centro penitenciario.

En un comunicado, estos colectivos políticos, culturales, vecinales y sindicales zaragozanos explican que una veintena de sus representantes presentaron hoy en la Delegación del Gobierno alegaciones a la incoación del expediente sancionador por la citada concentración, que tuvo lugar el 15 de abril de este año.

Concretamente, han entregado un manifiesto titulado "La Delegación del Gobierno en Aragón castiga a la Marcha a Zuera", junto a tres alegaciones a una sanción propuesta de 3.000 euros a una de las participantes en la Marcha por causas no especificadas, señala el comunicado.

La marcha, organizada desde hace seis años por la Iniciativa Ciudadana contra las Macrocárceles, es una jornada pacífica, lúdica y reivindicativa, en la que unas 250 personas de media acuden a los aparcamientos de la prisión "para celebrar una serie de actividades de denuncia de la política represiva en las cárceles", continúa el comunicado.

Las mismas fuentes insisten en que "nunca se ha producido ningún incidente y siempre se ha respetado el espacio limitado por los agentes de la Guardia Civil", un cuerpo que según indican, "todos los años identifican a las personas participantes".

En una las alegaciones presentadas se denuncia que la persona amenazada por una "desproporcionada multa de 3.000 euros" en ningún momento fue identificada y ya que "en el expediente se dice que fue grabada por las cámaras de los agentes", se critica que esas imágenes no sean facilitadas a los abogados, "vulnerando el derecho a tener copia del expediente completo".

Respecto a la no comunicación de la concentración, celebrada en el aparcamiento y al aire libre, consideran que "no debe ser motivo de comunicación obligatoria, ya que no se trata de una zona de tránsito público y en ningún caso se obstaculiza la entrada o salida de vehículos o familiares de presos".

Por último, la tercera de las alegaciones hace referencia a "la desproporción de la multa propuesta, de 3.000 euros, que supone una barbaridad sin precedentes".

Los colectivos firmantes del manifiesto solicitan el archivo de este procedimiento y entienden que en esta sugerencia de sanción se engloba "la política represiva que durante ya demasiados meses está poniendo en práctica el delegado del Gobierno en Aragón, Javier Fernández, y los responsables de la policía local zaragozana", agrega el comunicado.

Por ello, solicitan la "inmediata destrucción" de los ficheros policiales con datos de los activistas y participantes de movimientos sociales, por ser "absolutamente ilegal".

Estos mismos colectivos han convocado una concentración "por los derechos civiles" para el 27 de junio, en la plaza del Pilar de Zaragoza.
>El Periódico de Aragón - 20/06/2007 )